IFE: aliento a la impunidad

ALVARO DELGADO

MÉXICO, D.F., 29 de septiembre (apro).- Con las multas que impuso a partidos políticos por la elección del 2006, sobre todo por el plantón que encabezó Andrés Manuel López Obrador en el Paseo de la Reforma y la intentona frustrada para evitar la toma de posesión de Felipe Calderón, el Instituto Federal Electoral (IFE) pretende prevenir comportamientos análogos en las contiendas sucesivas, pero su lance es tan parcial que envía sólo una señal de impunidad, el sello de la vida política de México.
No puede entenderse de otra manera la falta de sanción al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo cúpula del sector privado del país, y al Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh) --que encabezó un amasijo de membretes--, que violaron la ley, de manera abierta e insolente, en el proceso electoral del 2006, cuyos expedientes pretende cerrar el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés.
De confirmarse que, en efecto, no procede ningún procedimiento ni ninguna sanción contra quienes gastaron 165 millones de pesos en promocionales de radio y televisión contra López Obrador, en una campaña que hasta a los voceros de la derecha les cuesta trabajo negar, sería una bofetada más contra esa entelequia llamada legalidad.
Si alguna duda había de la violación a la fracción XIII del artículo 48 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) --que establecía inequívocamente, antes de la reforma, que "en ningún caso se permitirá la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros"--, como alegaron en su momento los consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acreditó claramente tal conducta en el dictamen final de la elección presidencial.
Es preciso recordar que el CCE gastó 136 millones de pesos en una campaña que convocaba a los ciudadanos a conservar lo logrado y Celiderh, como cabeza de otros membretes, otros 30 millones 666 mil pesos, en difundir promocionales que comparaban a México con Venezuela, cuando Hugo Chávez instrumentó un golpe de Estado.
Según los miembros de la Comisión de Quejas, Marco Antonio Gómez Alcántar, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade, no se pudo acreditar que los miles de spots hayan favorecido al Partido Acción Nacional (PAN), un razonamiento en la lógica de la impunidad semejante al que esgrimió, en su momento, la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales (Fepade), que dejó sin sanción los más de siete millones de mensajes descalificativos emitidos por internet desde oficinas del gobierno federal.
La Fepade localizó los quipos desde donde se emitieron los mensajes, acreditó que eran parte de la guerra sucia contra López Obrador y que sí se violó la ley, pero no se podía castigar a nadie, porque había un vacío legal. Pero, a diferencia de este episodio, está claro no sólo que hubo una violación legal, sino que el PAN se vio favorecido.
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