miércoles, 24 de diciembre de 2008

(Seudo) negociadores

Luis Linares Zapata

Hay, en la crítica teórica del quehacer público, quien identifica a la capacidad negociadora de los intereses en conflicto con la esencia de la política. Otros muchos la suponen requisito indispensable para que los asuntos colectivos se compaginen (o subordinen más bien) a los individuales o de grupo para que haya la gobernabilidad deseada por todos.

Lo cierto es que las partes requieren siempre de encuentros que limen sus aristas más rasposas, sus ambiciones autoritarias o sus pasiones desbordadas para que la fiesta común se lleve en paz o dispersen las tensiones, que serían inmanejables en momentos álgidos. También para que prevalezcan los objetivos de una sociedad que en su desarrollo necesita acortar distancias, encontrar rutas intermedias, ceder para avanzar. Todo ello bajo el supuesto de respetar la legalidad imperante, de que los encuentros se den entre iguales y, si no lo son, que rija la preferencia por el desigual.

Lo que no es aceptable es negociar ilegalidades para hacer prevalecer a una de las partes en aras de conservar lo establecido. Llevar al poder a un partido, a un candidato, aunque éstos hayan sido rechazados por el voto popular no da cabida a la negociación. Imponer la continuidad deseada para sus beneficiarios sobre el cambio decidido por la mayoría no puede ser llamada negociación.
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