■ La CIDH le otorgó protección tras el asesinato de uno sus compañeros de la FLOC, en 2007Baldemar Velásquez vive en Ohio y tiene un teléfono celular que sólo utiliza cuando está en México. Así ocurre con muchos ciudadanos estadunidenses con intereses en nuestro país. Pero Baldemar Velásquez no gastó un centavo en el aparato, porque se lo dio la Secretaría de Gobernación. Sólo tiene unos pocos números en la memoria: “Emergencia 1 y Emergencia 2” son los primeros.
El teléfono le fue entregado luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó “medidas cautelares” para proteger la integridad de Baldemar y otros miembros del Comité de la Organización de los Jornaleros Agrícolas (FLOC por sus siglas en inglés), del que Velásquez es presidente.
La protección deriva del asesinato del activista del FLOC, Santiago Rafael Cruz, en abril de 2007.
El sindicato abrió una oficina en Monterrey, México, lugar del crimen, para atender a los jornaleros que tramitan su visa de trabajo para ir a los campos de Carolina del Norte. Unos meses antes, el FLOC había logrado la firma de un contrato con la Asociación de Granjeros de Carolina del Norte (NCGA). Pero nunca hubo acuerdo con la contraparte de los rancheros en México: los enganchadores o reclutadores, afectados en su negocio de esquilmar a los jornaleros. Entre la visa y otros gastos administrativos, un aspirante a la visa H2A (para trabajo agrícola) debe gastar unos 350 dólares. Pero los enganchadores son amos y señores de las listas y un jornalero puede llegar a pagar hasta mil 500 dólares o más.
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