Secretaría de la Disfunción Pública

John M. Ackerman

El concurso para encontrar “el trámite más inútil” que culminó la semana pasada es la cereza del pastel de la incapacidad de los gobiernos panistas para elaborar una estrategia integral de combate a la corrupción. Más que fortalecer el principal órgano responsable de limpiar la administración pública federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP), tanto Vicente Fox como Felipe Calderón han dejado esta estratégica institución en manos de políticos sin el menor conocimiento de la materia, quienes han utilizado el puesto como trampolín político.

En 2000, el “gobierno del cambio” nombró a Francisco Barrio, ex-gobernador de Chihuahua, como titular de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), instancia antecesora de la SFP. El político no destacó en su nuevo trabajo y pronto lo abandonó para colocarse como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Fue entonces relevado en el gabinete por su fiel amigo y ex-secretario de gobierno de Chihuahua, Eduardo Romero, cuya escasez de experiencia en la materia solamente fue superada por su ausencia de carisma y arrojo.
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