Plan B
Una familia tiene un bebé con síndrome de Down y crea una asociación porque ni su comunidad ni el gobierno local toman en cuenta a personas Down. Lo mismo sucede con niñas con parálisis cerebral, con niños ciegos o autistas. Todos los esfuerzos profesionales y efectivos en México para atender delitos ambientales, víctimas de violencia sexual o doméstica, trata de personas, presos políticos, violación a derechos humanos, menores en situación de calle, embarazo adolescente y adicciones, son producto de ciudadanos comprometidos con su país y su comunidad. Y ahora, gracias a las políticas de Estado, las asociaciones sin fines de lucro están en mayor riesgo que nunca.
El gobierno de Fox bautizó como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a las asociaciones civiles, y creó un Registro Nacional de OSC para tenerlas controladas; bajo el argumento de la transparencia forzó la desaparición de cientos de organizaciones comunitarias rurales. Al mismo tiempo México entró en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la cooperación internacional retiró los donativos que sostenían la frágil economía de grupos de la sociedad civil que rescataban a víctimas de todos los flagelos. Supuestamente nuestro país es tan avanzado que ya no necesita ayuda humanitaria, pese a que comunidades enteras en Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Guerrero, Yucatán y Michoacán, viven como en países africanos.
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