No es novedad expresar que el sistema de administración y procuración de justicia adolece de graves deficiencias estructurales. A menudo las personas son víctimas de atropellos cometidos por causa de la ineficiencia en investigaciones judiciales realizadas sin consideración a las mínimas garantías procesales. Pese a la reforma aprobada el año pasado, subsiste un sistema con prácticas inquisitivas: el Ministerio Público cuenta con excesivas facultades para valorar las pruebas que despojan a los indiciados de sus más elementales derechos.
Ilustra lo anterior y visibiliza de forma burda tales deficiencias el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial. Los hechos que originaron su proceso, plagado de irregularidades, ocurrieron en Santiago Mexquititlán, comunidad de hablantes de la lengua ñhäñhú, conocida como otomí, localizada en la parte sur de Querétaro. Como consecuencia de esos hechos, Jacinta Francisco Marcial fue sentenciada a 21 años de prisión, acusada de haber secuestrado, junto con Teresa González y Alberta Alcántara, a seis agentes judiciales federales.
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