SUPREMA CORTA: Grave violación en Atenco

Grave violación en Atenco.- Ministros
En la discusión de este martes, 10 de los 11 Ministros señalaron que en Atenco el uso de la fuerza fue excesivo y derivó en abusos

Víctor Fuentes

Ciudad de México (10 de febrero de 2009).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá mañana que autoridades de todos los niveles incurrieron en graves violaciones a las garantías individuales, durante los disturbios de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.

Diez de los 11 Ministros afirmaron hoy que el uso de la fuerza pública fue excesivo y resultó en agresiones físicas y sexuales, detenciones arbitrarias, allanamientos, la muerte de dos jóvenes y una larga lista de abusos contra la población.

Será la primera vez que la Corte aprueba un pronunciamiento de este tipo desde abril de 1996, cuando condenó la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero.

La votación formal será realizada mañana, luego que el Ministro José de Jesús Gudiño informe sobre las sugerencias de sus colegas, que aceptará incorporar a su proyecto.

Además, está pendiente resolver cuáles fueron las autoridades involucradas, pues la mayoría de Ministros rechazó la lista general de más de 2 mil 700 "participantes" propuesta por Gudiño, misma que encabezan el Gobernador mexiquense Enrique Peña y el Procurador Eduardo Medina Mora.

Varios Ministros fueron categóricos en que las violaciones sólo se pueden atribuir a las personas que las ejecutaron, no a las instituciones a las que pertenecen ni a quienes ordenaron el uso de la fuerza pública.

La mayoría expuso que dichas órdenes eran "plenamente justificadas" ante la actitud violenta del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, pero hubo impericia, falta de profesionalismo y ánimo de venganza en la ejecución de dichas órdenes.

"El ejercicio de la fuerza debe ser recto, probo, intachable, lo que a todas luces no sucedió en este caso", dijo el Ministro Juan Silva Meza, quien detalló una larga serie de compromisos y tratados internacionales sobre derechos humanos y uso de la fuerza incumplidos por México.

"Los excesos que presenciaron (los habitantes de Atenco) provocaron una huella imborrable en detrimento de la imagen protectora que debe proyectar todo agente policial", agregó Mariano Azuela.

Antes que ellos, Genaro Góngora había calificado los operativos de una "venganza planeada" al estilo de los regímenes represivos de los años 70, y sostuvo que los superiores jerárquicos de los policías son "autores intelectuales" de los abusos.

"Parece que sí existen protocolos no escritos en cuanto a la forma de abusar de las mujeres", dijo Góngora.

Sobre este tema, Sánchez afirmó que el objetivo de los policías al agredir a 31 mujeres fue "intimidarlas, castigarlas y hacerlas sufrir".

El Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz, recordó que desde febrero de 2007, cuando la Corte aceptó investigar, partió de la base de que las violaciones graves por "actos crueles e inhumanos" ya estaban acreditadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

"La fuerza de policía civil no es fuerza beligerante, su función no es enfrentar al enemigo, porque no tiene enemigos", dijo Ortiz.

"Ningún mando tiene facultades para ordenar la eliminación o confrontación abierta con civiles".

Salvador Aguirre Anguiano fue el único disidente, pues consideró que no está probada la afectación a la forma de vida de la comunidad de Atenco, uno de los elementos que, según criterios de la Corte, debe acreditarse para hablar de grave violación de garantías.

"Yo pienso que están muy contentos los ciudadanos de Atenco desde el momento y hora en que fueron puestos a disposición de las autoridades individuos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, esto, pienso, les ha permitido vivir con mayor tranquilidad", dijo.

Aguirre agregó que no hay pruebas válidas ni de las agresiones sexuales ni de las torturas, pues los hematomas que presentaban los detenidos pueden derivar de los enfrentamientos directos con la Policía.

"Seamos de avant garde, poco importan las pruebas, yo rechazo eso", agregó el Ministro.

"No es un problema formal de valoración de pruebas ni de cargas probatorias, sino de convicción personal sobra la existencia real de los hechos investigados", le replicó Ortiz.

Margarita Luna consideró innecesario recomendar a los otros Poderes que legislen sobre el uso de la fuerza pública, pues la Constitución y la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya contienen reglas de conducta de las Policías.

Pero Ortiz insistió en que la parte jurídica más importante del caso es, precisamente, la fijación de estos criterios.

"En nuestro País existen 2 mil 437 municipios, lo cual significa que tenemos 2 mil 437 corporaciones municipales que ejercen fuerza pública. Si no hay criterios claros para el ejercicio de esta función de Estado, mi interés es que era un área de oportunidad jurídica muy conveniente para que esta Corte establezca criterios, no que recomiende", expresó.