Lydia Cacho
Plan B
Mientras el IFE y sus equivalentes en los estados están ocupados monitoreando medios y analizando las trampas que los partidos desarrollan para promoverse fuera del marco de la ley, nadie mira a la caja chica de las y los gobernantes en todo el país, es decir, el DIF (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia).
El DIF en sus versiones federal, estatal y municipal es tal vez uno de los organismos públicos descentralizados más opacos del país y con mayor elasticidad para que las y los alcaldes y gobernadores los utilicen para fines electorales.
Desde 1977, cuando por decreto presidencial se creó el DIF, se fue gestando un engendro polimorfo cuyo discurso caritativo dio lugar a que las esposas de los gobernantes se hicieran cargo de la asistencia social. Entregarlo a las primeras damas es una estrategia política aberrante, que no ha sido cuestionada por la sociedad.
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