Al perseguir delitos relacionados con el crimen organizado, el gobierno federal actúa de manera parcial: para los amigos, compañeros de partido y miembros del gabinete, justicia y gracia; para los enemigos políticos, integrantes de grupos opositores o luchadores sociales, todo el peso de la ley. Ejemplo de ello son los procesos abiertos contra parientes de dos políticos de primer nivel: uno, el perredista michoacano Julio César Godoy, a quien persigue la justicia federal por vínculos con el narcotráfico; otro, el panista yucateco Ricardo José Patrón Laviada, en contra de quien la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia penal desde hace tres años por el delito grave de lavado de dinero. Al primero se le busca con orden de aprehensión, al segundo se le congela el expediente en la PGR
En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), hay un expediente archivado por el delito de lavado de dinero en contra de familiares y amigos del exgobernador panista de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada.
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En la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), hay un expediente archivado por el delito de lavado de dinero en contra de familiares y amigos del exgobernador panista de Yucatán y actual procurador Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada.
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