En un frente de batalla muy distinto del de las telecomunicaciones, el Grupo Carso está a punto de enfrentarse al gobierno federal. Al complicarse por cuestiones técnicas la ejecución de los contratos para construir el Túnel Emisor Oriente que transportará las aguas residuales del Distrito Federal, la constructora Cicsa, del grupo Carso, entró en conflicto con la Conagua y ésta pretende imponerle penalizaciones. Para ello, la dependencia que dirige José Luis Luege aún tiene que obtener, mediante un recurso legal en una Corte de Ohio, información vital de un fabricante estadunidense de maquinaria.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Una batalla legal entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y varias empresas constructoras dejó al descubierto mala planeación e improvisaciones en la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO), una de las obras señeras de los gobiernos federal y capitalino.
Esos problemas tienen que ver con el diseño y ensamblaje de tres tuneladoras para abrir los boquetes gigantescos destinados a la tubería, y cambios en la ruta de las excavaciones.
La Conagua, dirigida por José Luis Luege, acusa a las compañías Carso Infraestructura y Construcción (Cicsa) –división del Grupo Carso, del magnate Carlos Slim– y Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea (Comissa) de los retrasos en la obra y los malos cálculos de varios tramos del tendido.
A fin de imponerles sanciones, la dependencia inició el 17 de septiembre un juicio civil en la Corte del Distrito Norte de Ohio para que la estadunidense The
Robbins Company, involucrada en el proyecto, entregue cartas, memorandos, notas, dibujos, cheques, telegramas, grabaciones, fotografías, registro de llamadas telefónicas, minutas de reuniones de accionistas o directores y correos electrónicos sobre los equipos utilizados.
Robbins Company, involucrada en el proyecto, entregue cartas, memorandos, notas, dibujos, cheques, telegramas, grabaciones, fotografías, registro de llamadas telefónicas, minutas de reuniones de accionistas o directores y correos electrónicos sobre los equipos utilizados.
El TEO, que atravesará varios municipios del Estado de México y de Hidalgo, fue ideado para aumentar la capacidad para descargar y transportar las aguas residuales del Distrito Federal a fin de respaldar al Emisor Central inaugurado en 1975 y así evitar una eventual gran inundación en la Ciudad de México. El sistema desembocará en la planta de tratamiento de aguas de Atotonilco, Hidalgo, que procesará los desechos líquidos para obtener agua de riego agrícola.
El túnel tendrá 24 lumbreras con profundidades que van desde 26 hasta 150 metros. La construcción de sus 62 kilómetros se dividió en seis secciones de aproximadamente 10 kilómetros cada una.
Las lumbreras son fosas circulares que sirven de respiraderos y para darle mantenimiento a la obra e introducir equipos de perforación. Seis de ellas serán de ensamble, donde descenderá maquinaria para construir los tramos. Las lumbreras de ensamble son las números 0, 5, 10, 13, 17 y 20, y fueron el motivo de divergencias entre las empresas, como lo exhibe el expediente 1:12-cv-02346-CAB, consultado por Proceso.
El 4 de septiembre de 2008 Conagua invitó a las empresas Carso, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Construcciones y Trituraciones (Cotrisa), Constructora Estrella y Lombardo Construcciones a participar en la preparación del plan de proyecto y la construcción de esa gran tubería. Posteriormente, esas compañías formaron Constructora Mexicana de Infraestructura Subterránea (Comissa).
A partir de entonces firmaron contratos para definir las responsabilidades de cada parte en la ejecución del proyecto.
Robbins, asentada en Ohio, y Cicsa rubricaron el 26 de octubre de 2008 un acuerdo para la compra de maquinaria. La Conagua y Comissa firmaron el 14 de noviembre de 2008 el Acuerdo Gubernamental de Construcción Mixta SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, para preparar el plan maestro y de construcción de la obra, tasado en 9 mil 595 millones 580 mil 544 pesos con 89 centavos, más impuestos.
Los párrafos quinto y sexto de la cláusula primera de ese documento estipulan que la Conagua entregaría a Comissa el equipo necesario para la excavación del proyecto. Basadas en la cláusula décima, las empresas restantes se apegaron a las obligaciones contraídas por Comissa.
Adicionalmente, el ente gubernamental y Carso signaron el 12 de marzo de 2009 el acuerdo CNA-SGADPS-GIHP-001/2009 para comprar tres tuneladoras, así como el equipo y los accesorios para su funcionamiento, fabricados por Robbins. El convenio fue enmendado el 16 de octubre del mismo año.
Esos aparatos fueron bautizados como Hidalgo para la tercera fase del TEO; Morelos para la cuarta y La Corregidora para la quinta etapa. Su costo total fue de 5 mil 250 millones 231 mil pesos con 76 centavos, más IVA, de los cuales la Conagua ha pagado más de 99% hasta la fecha.
Por su parte, Cicsa negoció el 26 de octubre de 2008 con Robbins la compra de las tres tuneladoras por 52 millones 525 mil dólares.
En una carta del 10 de julio de 2009, Robbins informó a Carso que, para instalar las tuneladoras e iniciar la excavación era necesario construir dos pretúneles de 37 y nueve metros de largo. En otra misiva, de la misma fecha, Carso avisó a la Conagua que había aceptado las recomendaciones de la corporación estadunidense.
Empiezan los problemas
En la comunicación TEO-GGC-CI-048-2009-A, fechada el 1 de diciembre de 2009, Comissa informó a Cicsa que había descubierto el 30 de noviembre de 2009 un acuífero de alta presión en el pozo L-13, el cual no había sido considerado y que provocó la inundación del socavón.
El documento indica que Carso debía tomar en cuenta las nuevas condiciones para revisar los parámetros técnicos del diseño de la tuneladora, relató Alberto Esteban Marina, director de Cuencas Transfronterizas de la Conagua, en el testimonio jurado de 18 páginas que rindió el 17 de septiembre en la Ciudad de México y que fue presentado ante la Corte.
El funcionario, encargado de administrar los acuerdos entre la Conagua y los contratistas, describe los sucesos desde el punto de vista de la dependencia, aunque no aclara si los problemas pueden desembocar en fallas técnicas de la obra.
A través de otra comunicación (TEO/CICSA/075/2009) del 2 de diciembre de ese año, Cicsa informó a la Conagua sobre el flujo de líquido. Posteriormente, la constructora de Slim indicó a la Conagua (en el documento TEO/CICSA/078/2009 del 9 de diciembre), que luego de analizar la información transmitida por Comissa concluía que habría condiciones geohidrológicas similares en las secciones tercera, cuarta y quinta.
Además, alertaba que el volumen de agua podía superar 150 litros por segundo, lo que representaba grandes desafíos.
“El procedimiento de los pretúneles incrementaría significativamente el riesgo durante la construcción, pues una falla en el sistema eléctrico detendría el dragado e inundaría el área de trabajo, con la consiguiente destrucción del pozo”, declaró al respecto Alberto Esteban Marina. Por las inesperadas condiciones geohidrológicas, era esencial cambiar el diseño de las tuneladoras.
Hay dos modalidades para instalar las tuneladoras. La primera consiste en abrir galerías para que pase la maquinaria; la otra consiste en transmitirle energía mediante “cables umbilicales”. Al principio Carso recomendó la construcción de pretúneles, ya que la otra metodología es prácticamente desconocida en el país.
Así, aunque la cláusula tercera del contrato entre Cicsa y Conagua estableció el 1 de noviembre de 2009 para la entrega de la maquinaria, en la enmienda posterior las partes convinieron extender la fecha y adoptar la recomendación de Carso de usar pretúneles o galerías convencionales para la instalación de las tuneladoras. La nueva fecha programada fue el 11 de febrero de 2010.
En una nueva comunicación escrita del 29 de marzo de 2010, Carso le pidió a la Conagua su aval para posponer las fechas de entrega de las tres máquinas: la Hidalgo sería cedida el 10 de mayo de 2010, la Morelos el 21 del mismo mes y La Corregidora el 5 de junio.
En la carta BOO.03.06-00180 del 12 de abril de 2010, la Conagua autorizó los cambios propuestos. Carso entregó las tuneladoras el 7 de mayo y 8 y 11 de junio de 2010.
En la correspondencia TEO-GGC-CE-822-2010, fechada el 18 de marzo de 2010, Comissa informó a la Conagua, en relación con la máquina Hidalgo, que había incertidumbre sobre el volumen de agua y su manejo en el sitio, lo cual implicaba altos costos de administración, operación y control. En consecuencia, esa compañía sugería el uso de los cables umbilicales.
En una comunicación del 29 del mismo mes, Cicsa reconfirmó a la dependencia dirigida por Luege la necesidad de cambiar el diseño original de la maquinaria Hidalgo para su instalación y operación con cables umbilicales. Además, le indicó que las variaciones eran aplicables también a las otras dos tuneladoras.
Sin embargo, Comissa cambió de parecer. En la declaración TEO-GGC-EC-1710-2010, del 22 de junio siguiente, esa corporación consideró que era necesario construir un pretúnel, pues los cables umbilicales previstos serían utilizados parcialmente para conectar las fuentes eléctricas con las unidades de carga de las tuneladoras hasta alcanzar el avance requerido para completar la instalación.
Es más, en el documento Comparación de métodos de ensamblaje y arranque de excavación para el pozo L-10 (cables umbilicales versus galerías convencionales, Comissa mencionó que, debido a la nula experiencia con la primera metodología, se veía obligada a revisar todo el proceso de instalación de la tuneladora Hidalgo, que derivó en la detección de dificultades y problemas que no habían sido considerados previamente, como lo explicó el funcionario Esteban Marina.
En las cartas TEO-GGC-EC-2609-2010, del 22 de diciembre de 2010, y 0643-2011, del 16 de abril del año siguiente, esa constructora le pidió permiso a la Conagua para ejecutar los trabajos de Hidalgo y La Corregidora basados en la construcción de galerías convencionales.
“Concluimos que el método adecuado para el descenso a los pozos, la instalación y el ensamblaje final de las tres TBM (tuneladoras) era el propuesto originalmente por Robbins en julio de 2009, el método de pretúneles. Por ello Carso debió entregar TBM diseñadas para ser instaladas basadas en ese método en febrero de 2010, conforme a la programación aprobada en el Acuerdo de Enmienda del 16 de octubre de 2009”, afirmó el funcionario de la Conagua.
En este sentido, debe concluirse que la autorización emitida por la Conagua el 12 de abril de 2010 para prolongar las fechas de entrega de la maquinaria había sido obtenida inapropiadamente por Carso, que intencional o negligentemente había transmitido información falsa o insuficiente a la dependencia federal, prosiguió Esteban Marina en su testimonio.
Proceso le solicitó una entrevista al respecto, pero el funcionario no estuvo disponible. El departamento de Comunicación Corporativa de Grupo Carso contestó que Cicsa “no ha recibido notificación ni requerimiento alguno relativo a algún proceso legal”. Robbins y Comissa no respondieron a la consulta de este semanario.
Hacia las sanciones
El pasado 27 de septiembre, en un recorrido por las obras, Luege Tamargo dio por concluida la excavación del primer tramo del TEO, de 10 kilómetros y que abarca de la lumbrera 0 a la 5. Según el funcionario, la infraestructura presenta un avance de 56% y estará concluida en 2014.
No obstante, a causa de las desavenencias mencionadas, la Conagua considera pertinente la imposición de multas a la constructora del Grupo Carso con base en la décima cláusula del acuerdo de compra, la cual establece, en caso de retraso atribuible a Cicsa, que ésta pagará semanalmente penalidades equivalentes a 0.5% del valor del equipo no entregado hasta un tope de 5% del valor total del acuerdo.
La posición de la Conagua es que mientras el rediseño de las tuneladoras requerido por Comissa es esencial para que esos aparatos ejecuten eficientemente la excavación conforme al nivel de desempeño marcado en el acuerdo de construcción, el pedido de Cicsa y Comissa de llevar a cabo modificaciones adicionales a esa maquinaria son “claramente extemporáneas”, pues la comisión les entregó a tiempo la información concerniente a las condiciones geológicas del sitio, según Esteban Marina.
En su testimonio jurado, el funcionario arguyó que las solicitudes de Comissa del 14 de octubre y el 16 de noviembre de 2010 para modificar las tuneladoras Hidalgo y La Corregidora fueron resultado de omisiones de Cicsa al proveer de información geohidrológica precisa del sitio a Robbins. “La segunda ronda de retrasos para iniciar la excavación fue atribuible totalmente a Comissa y Carso”, enfatizó Esteban Marina.
Para probar la viabilidad de las multas, cuyo proceso concluiría a inicios de 2013, Conagua necesita obtener de Robbins información sobre los múltiples diseños y rediseños de las tuneladoras que supuestamente realizó ese fabricante, así como los estudios geohidrológicos y de otros tipos en que se basó la compañía estadunidense para determinar los cambios en el ensamblaje y la configuración de los tres aparatos para utilizarlos con el método de cables umbilicales. Conagua pide a Robbins toda esa información generada entre el 1 de enero de 2008 y el 16 de octubre de 2009.
Además, la comisión reclama los estudios y diseños hechos entre el 10 de julio y el 30 de noviembre de 2009, ligados a los pretúneles para la instalación y ensamblaje de las tres tuneladoras.
Según el pliego de la Corte del Distrito Norte de Ohio, presidida por el juez Christopher A. Boyko, The Robbins Company puede nombrar a un representante que hable sobre el rol de la empresa en el TEO, la información recibida de Cicsa y Comissa sobre las condiciones geológicas del sitio de excavación, los estudios y reportes sobre los que la corporación se basó para diseñar las tuneladoras y el equipo,
“Cicsa es responsable por daños que pueden haber sido causados a la Conagua a la luz del acuerdo de construcción, debido a los significativos niveles de retraso de la excavación y la construcción”, asegura en su testimonio Esteban Marina.
Y amparada por el Código Civil de Procedimientos Civiles, la Conagua ya presentó un procedimiento legal en México contra la constructora de Slim para obtener los documentos sobre los cambios a la maquinaria que servirán para respaldar la imposición de penalizaciones.
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