MÉXICO, D.F., (apro).- El gobierno de Felipe Calderón se comprometió a “tomar nota” del informe presentado la víspera por Amnistía Internacional (AI) en el que se denuncia que la práctica de la tortura alcanzó niveles “escandalosos” durante el sexenio que está por concluir.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, indicaron que dicho reporte será debidamente analizado por las autoridades competentes.
“En que lo que respecta al Informe sobre México dado a conocer ayer por Amnistía Internacional, el gobierno de México toma nota con interés de su contenido, el cual será debidamente analizado por las autoridades competentes”, puntualizaron.
Pero también dejan en claro que el gobierno federal mantiene una política de cumplimiento puntual de sus obligaciones internacionales en la materia.
Según el boletín suscrito por la Segob y la SRE, el Estado mexicano rinde cuentas y atiende las recomendaciones de órganos de vigilancia de los tratados internacionales, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales internacionales encargados de la protección de los derechos fundamentales.
El próximo 31 de octubre y 1 de noviembre, en un diálogo con el Comité de las Naciones Unidas que se realizará en la ciudad de Ginebra, Suiza, México sustentará el V y VI informe consolidado sobre el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En materia de combate a la tortura, resaltará las reformas constitucionales al sistema de justicia penal de amparo, y en derechos humanos la capacitación al personal penitenciario, el mejoramiento de las condiciones en los centros penitenciarios y la cooperación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Durante la sustentación se explicará de manera detallada a los miembros del Comité los avances y desafíos en la materia, entre los cuales destacan las reformas constitucionales al sistema de justicia penal, de amparo y en materia de derechos humanos, la capacitación al personal penitenciario, el mejoramiento de las condiciones en los centros penitenciarios, particularmente en los federales, y la cooperación con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Las dependencia federales señalaron que entre los desarrollos institucionales se encuentran la aprobación de los protocolos sobre el uso de la fuerza, cadena de custodia y preservación de evidencia, así como en materia de detención y puesta a disposición; la instrumentación del Protocolo de Estambul, y la participación del Poder Judicial en la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos.
De igual manera, el reconocimiento de la jurisdicción civil para investigar presuntas violaciones a los derechos humanos cuando los hechos involucren a personal militar, tema que había sido motivo de recomendaciones por parte de mecanismos internacionales de derechos humanos de diversa naturaleza, así como de organizaciones de la sociedad civil.
Segob y SRE afirmaron que México reconoce como uno de los principales retos para la erradicación de la tortura, la homologación del tipo penal de tortura a nivel nacional.
Adicionalmente, señalaron, se han emprendido diversas acciones a fin de evitar la impunidad, entre ellas la especialización de la aplicación del Protocolo de Estambul y el inicio de las averiguaciones previas por la presunta comisión del delito de tortura, abuso de autoridad y lesiones, tanto a nivel federal como local.
Distintos Tribunales de Justicia han dictado sentencias condenatorias, pero, sobre todo, el Estado ha trabajado para prevenir la comisión de estos actos en nuestro país, puntualizaron en su comunicado.
En el informe presentado ayer, AI subrayó que las denuncias de tortura y otros malos tratos en México han aumentado “considerablemente” en los últimos cinco años, debido a la estrategia de seguridad pública del gobierno federal, que ha optado por “hacerse de la vista gorda” ante las violaciones generalizadas de los derechos humanos de la población.
Asimismo, aseveró que aunque Calderón ha insistido en que dichos abusos son excepcionales y siempre son investigados y castigados, los hechos dicen que los responsables de tortura y otros crímenes de lesa humanidad prácticamente nunca son llevados a juicio, lo cual sirve para animar a quienes los cometen a seguir haciéndolo.
El informe, de 48 páginas, señaló que es extremadamente difícil determinar la magnitud y extensión real de la tortura en México, debido a la falta de registro de las autoridades y de denuncia por parte de las víctimas.
Como ya ha consignado en otros informes, Amnistía Internacional afirmó que la impunidad de los casos de tortura es casi total y proviene desde la época de la llamada guerra sucia, y alertó que sectores vulnerables, como las mujeres o los migrantes indocumentados, siguen expuestos a altos niveles de violencia.
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