■ Faltaron técnica y profesionalismo en las acciones, señala
Gustavo Castillo García
Las agresiones físicas y sexuales cometidas por policías en contra de habitantes de San Salvador Atenco y miembros de diversas organizaciones sociales, los días 3 y 4 de mayo de 2006, fueron “acciones motivadas por la falta de técnicas para preservar las detenciones, indolencia y cargas emotivas incontroladas y, por supuesto, injustificables, y aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, fue permitida y alentada por los superiores”, señala el dictamen elaborado por la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga el caso.
Los integrantes del máximo tribunal deberán analizar el citado dictamen y emitir una sentencia, luego de que el documento estima que autoridades federales y mexiquenses incurrieron en violación a los derechos humanos, y sostiene que entre los funcionarios que tuvieron injerencia en los hechos y cuyos actos u omisiones “habrían configurado las violaciones” están Eduardo Medina Mora, ex titular de la SSP federal, y actual procurador general de la República; Miguel Ángel Yunes Linares, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y actual director del ISSSTE; el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobierno Humberto Benítez Treviño y el ex procurador de esa entidad Abel Villicaña Estrada.
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