Bernardo Bátiz V.
Desde hace varios años, diversas organizaciones civiles, universidades y aun gobiernos estatales han estado promoviendo una “reforma judicial”, así llamada por sus promotores y así aceptada por un sector de políticos que han comprado la idea, sin mucha reflexión y pensando más en la novedad de la terminología, en la oportunidad de los reflectores y en seguir la corriente que es impulsada con muchos recursos pero poco sentido común.
Se manejó como una verdadera campaña publicitaria, con dos vertientes: una consistió en denigrar los sistemas y estructuras de la justicia que se imparte en México, exagerando al máximo los vicios de que adolece, que existen, son muchos y requieren de corrección, pero fueron magnificados y, por otra parte, presentando a la opinión pública diversas propuestas como soluciones infalibles y casi milagrosas, encaminadas, no a mejorar nuestra práctica judicial y nuestra legislación, sino para francamente cambiar todo por algo novedoso aquí, pero muy experimentado en otras latitudes.
Los interesados en la manipulación pagaron viajes, becas y estudios inútiles pero onerosos para tal fin, y lograron poner en el debate nacional el tema, en el que el centro de la propuesta, para efectos de imagen fue la instauración de juicios orales, aun cuando el verdadero interés en el fondo era la justificación de otros cambios que importaban a los gobiernos panistas, que no son otra cosa que una reforma mediante la que puedan emplear mano dura y se justifique un gobierno policiaco y represivo.
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