Arnaldo Córdova
El deber del Estado de informar a su ciudadanía de todos y cada uno de sus actos, de oficio o a petición de parte, siempre será considerado un símbolo señero de buen gobierno. El derecho a la información, ahora instituido después de la reforma al artículo sexto constitucional de 1977 y precisado con la adición de su segundo párrafo en 2007, se ha visto, de preferencia, como una prerrogativa del ciudadano de obtener del Estado toda la información que desee o que le sea indispensable para tomar sus decisiones políticas o para preservar sus intereses. Creo que debería pensarse también en que la obligación de informar a la sociedad a la que se gobierna debe convertirse, asimismo, en sistema de gobierno: gobernar, informando.
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