Ana Lilia Pérez
Los institutos de salud pública del país destinan millonarios recursos a la subrogación de servicios que por ley deben proporcionar a sus derechohabientes. Entre los beneficiados figuran hospitales especializados en cirugías plásticas y clínicas cuyos propietarios son cercanos a los funcionarios que los contratan
El gobierno del presidente Felipe Calderón se comprometió a reforzar el Sistema Nacional de Salud mediante estrategias como “rectoría efectiva, prestación de servicios con calidad y seguridad, financiamiento equitativo y sostenible”; sin embargo, ha trasladado recursos públicos, vía institutos de salud, a clínicas y hospitales privados que atienden a los derechohabientes mediante la subrogación de servicios a través de millonarios contratos que, en su mayoría, son adjudicados sin licitación pública.
Para Clara Jusidman, especialista en políticas públicas, ello significa la privatización de los sistemas de salud. Por su parte, Gustavo Leal Fernández, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dice que la subrogación de servicios de salud del gobierno de Calderón “es la visión tecnocrática de cómo gestionar seguridad social”.
“Es muy grave subrogar los servicios médicos. Se trata de un tic tecnocrático para gestionar en el sentido financiero la seguridad social. No sólo se está privatizando un servicio, sino la función del Estado”, detalla Leal, autor de libros como El ISSSTE en el sexenio de Vicente Fox y El IMSS bajo el Calderonismo.
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