Iván Restrepo
Ya es costumbre que cuando la ciudadanía protesta por los daños que pueden ocasionar ciertos proyectos al medio ambiente y los recursos naturales, los denunciados aleguen que se quiere inhibir la inversión, la creación de empleo, el bienestar de la población y el desarrollo económico. Abundan los ejemplos, como cuando el Legislativo aprobó medidas para proteger los manglares, diezmados en toda la franja costera por la obra pública y la privada.
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