Crueldad
Roberto Zamarripa, Reforma (8 de octubre de 2012)
Este es el país de los decapitados, los cocinados en ácido, los muertos hechos pozole, los descuartizados o enterrados vivos en fosas inencontrables. Las matazones en caliente, los plagios de encapuchados, los batazos en los cuerpos para arrancar “confesiones”. La asfixia, la mutilación, el descuartizamiento.
Es la lógica de la muerte como lógica del poder. La lógica de la gobernabilidad. Los territorios se conquistan con crueldad. Con amenazas y con la aniquilación. La aniquilación es el mensaje. La cartulina es lo de menos. La reivindicación, la cruz puesta en el territorio de los vencidos, es más grande conforme el sadismo aplicado.
No es un asunto consustancial a los criminales sino parece ya inherente a las fuerzas de seguridad del Estado. O dicho de otra forma, unos y otros hablan con los mismos códigos, las mismas señas, las mismas sañas, las mismas marcas.
En el sexenio que fenece, la tortura y tratos crueles contra civiles de parte de uniformados federales incrementó si uno atiende al número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De 2006 al 2012, la CNDH recibió 89 quejas contra elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal solamente por actos de tortura, es decir actos desde el poder para arrancar confesiones o versiones sobre un hecho violento. Y las denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes crecieron de 85 a mil 497, según cifras de la misma CNDH. (Reforma, 07/10/12).
El problema es que de 127 recomendaciones dirigidas a Sedena solamente 10 fueron cumplidas. La Policía Federal cumplió una de 31 y la Marina una de 22 recomendaciones de la CNDH.
Una señora de Ensenada culpada indebidamente, tras tormentos, de sobornar a militares; un muchacho de 22 años de Vallarta, Jalisco, asesinado por agentes de PGR de dos tiros en la cabeza sin mediar investigación, orden de aprehensión ni sospecha alguna sobre su circunstancia. Marinos que torturaron a palazos a detenidos y así, la cadena de historias donde los uniformados a sueldo público aniquilan a inocentes.
El asesinato del hijo del ex gobernador Humberto Moreira colma la crisis. La mera sospecha lleva al desmantelamiento de todo un cuerpo de policía municipal. A confesión de parte, relevo de mandos. Tú y yo somos uno mismo. Policías y ladrones, comandantes y sicarios, alcaldes y capos, mancuernas del desgobierno.
Moreira culpa desde el dolor de un padre despojado y agraviado a la guerra de nuestros días. Obvio, no asume responsabilidades. En la postración de su duelo no mira las herencias dejadas en familia. Su hermano Rubén, también en silencio, persigue a los sospechosos. No son, está claro, los que gobiernan el territorio. Vale más la orden del jefe criminal a un policía para que actúe que la de un gobernador electo. No se necesita de investigación especializada para entender que hay zonas del país ajenas al gobierno institucional y en manos del gobierno criminal.
El catálogo de apodos ha sido repetido en anuncios mediáticos. Gobernadores como el propio Humberto Moreira comentaban con azoro cómo el presidente Felipe Calderón tenía en la memoria de manera impecable vida y obra de criminales, zonas de influencia, vicios y virtudes y poco o nada sabía de las circunstancias económicas y sociales que afectaban a las poblaciones que visitaba en sus giras.
Y sí. Hasta la saciedad nos han dicho que los peores están presos o muertos pero la circunstancia, el entorno, la vida, no es mejor para los ciudadanos. La pulverización de las bandas ha devenido en una reproducción de las crueldades tanto de criminales como de agentes a sueldo público para la mera ratificación de que la ingobernabilidad acompaña la tragedia de los ciudadanos.
La crisis de Coahuila topa con la crisis de la gobernabilidad mexicana. No tiene que ver con procesos electorales dudosos sino con autoridades depuestas de facto o comprometidas con los poderes criminales. El alcalde de Teloloapan, Guerrero, Ignacio de Jesús Valladares, confiesa en un video casero que gobernará para un grupo y obedecerá sus consignas. A Coahuila, apenas mataron al hijo de Moreira, fue enviado un batallón de centenas de policías y soldados… para tapar la fosa. A Teloloapan, apenas se supo del video que postraba al alcalde legítimamente electo, y el gobierno federal hizo mutis. Acaso ahorra para las coronas fúnebres y las futuras condolencias, que es lo que sabe hacer como si fuera su oficio. Sale más barato en su estrategia de seguridad elevar los pésames que proteger a los ciudadanos.
La crisis es de gobernabilidad. Los poderes están erosionados por las mismas complicidades de criminales y políticos, de policías y sicarios. Los gobiernos no funcionan bajo las reglas, las leyes y las normas vigentes. Los poderes son otros. Y la crueldad es el mensaje, la vigencia, la regla, el sello
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