El pasado 26 de septiembre, en la reunión de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, un tema espinoso se puso sobre la mesa.
El representante de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, refrendó la importancia de dar trámite al punto de acuerdo relativo a crear una comisión de investigación para dar seguimiento al denominado caso Monex.
Su propuesta fue secundada por Silvano Aureoles y Alberto Anaya, coordinadores de las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, respectivamente.
En el cónclave estuvieron presentes los otros coordinadores parlamentarios en San Lázaro: el albiazul Luis Alberto Villarreal García, presidente de la Junta; el priista Manlio Fabio Beltrones; Arturo Escobar, del PVEM, y Lucila Garfias González de Nueva Alianza. Y también el perredista Miguel Ángel Raya, entre otros diputados.
Apenas un día antes el Frente Legislativo Progresista (PRD-PT-MC) había planteado ante el pleno de la Cámara baja la iniciativa de crear una comisión que se aboque a investigar y dar seguimiento a las presuntas irregularidades financieras detectadas durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, actual presidente electo.
A esta moción se sumaron algunos legisladores albiazules. Fernando Rodríguez Doval confirmó que Acción Nacional sumaría apoyos para que la comisión se pudiera constituir.
Argumentó que desde antes de las elecciones del 1 de Julio pasado el partido azul fue el primero en denunciar –a través de Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE– el uso de tarjetas Monex en el proceso electoral.
Rodríguez Doval precisó a Reporte Indigo:
“Nosotros presionamos en el IFE para que la autoridad pudiera resolver antes de que se declarara la validez de la elección. Finalmente esto no fue posible pero la autoridad está obligada a llegar hasta las últimas consecuencias del asunto, sancionar al PRI en caso de que se comprueben los delitos que estamos señalando y, en ese sentido, vemos bien la constitución de esta comisión de investigación”.
Sin embargo, en el petit comité de la Junta de Coordinación Política ese miércoles, la representación albiazul se mantuvo a la expectativa. Sin decir esta boca es mía.
Quien sí habló, haciendo gala de su elocuente estilo, fue Beltrones. Enfatizó que tal propuesta resultaba improcedente. Fuentes off the record cuentan que, irónico, Manlio habría soltado: por qué no crear mejor diez comisiones, para que así el órgano legislativo funja como una agencia del Ministerio Público.
En el marco de ese ambiente de tensión disimulada, el poderoso líder tricolor dio una salida al tema. Propuso que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados determinara la factibilidad de crear o no esta comisión.
Su iniciativa la secundaron el PVEM, el Panal y el PAN.
Reporte Indigo tuvo acceso a la opinión emitida por esta dirección jurídica. Ahí se argumenta que la constitución de esta comisión de investigación es improcedente. Tal y como anticipó Beltrones.
En el comunicado emitido por la dirección a cargo de Juan Alberto Galván Trejo emite la siguiente conclusión:
“La Cámara de Diputados estaría impedida para conformar una Comisión de Investigación en los términos propuestos debido a que el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución prevé la investigación de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y los entes a investigar no tienen dicha naturaleza salvo la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros”.
La reunión que hoy sostendrán los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados se anticipa tensa y complicada.
Desde que el 1 de octubre el Frente Legislativo Progresista se enteró que la respuesta de la Dirección Jurídica les será adversa, se encuentran explorando salidas alternativas para que no se deseche la petición de crear una comisión que esclarezca el caso Monex.
Las izquierdas buscarán subir al pleno el tema mañana martes. Cosa que entrañaría mucha incomodidad. Especialmente porque dejaría a varios legisladores descobijados respecto a su verdadera postura en el tema.
Mas se prevé que la discusión no escalará al pleno y quedará sepultada en la propia Junta de Coordinación Política.
La primera opción de la Junta será declarar notoriamente improcedente la petición.
Un segundo escenario es que la discusión al interior de la Junta se complique tanto que el presidente de la Junta conviniera, por sus atribuciones, someterla a votación nominal.
Esta opción se vislumbra improbable. Aun así, determinante será la postura del panista Luis Alberto Villarreal García, quien preside la Junta de Coordinación Política, el máximo órgano de gobierno de la Cámara baja.
Argumentos y contraargumentos
Luego de la reforma política promovida por el ex presidente José López Portillo, en 1977 se incorporó la facultad del Congreso de la Unión de crear comisiones de investigación.
Al adicionarse un párrafo tercero al artículo 93 constitucional, se aprobó que “las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.”
Pese a tan importante reforma introducida en la Constitución no fue sino hasta el 15 de noviembre de 1979, en el marco de la LI Legislatura, que se promovió la creación de la primera comisión de investigación. El propósito era investigar las supuestas interferencias ilegales de líneas telefónicas en Teléfonos de México, Sociedad Anónima.
El pasado 26 de septiembre de este año, en el punto de acuerdo presentado por los diputados perredistas José Luis Muñoz Soria y Roberto López Suárez –junto con las bancadas del PT y MC– se solicitó crear la “Comisión Especial para la investigación y seguimiento relativo al Caso del Grupo Financiero Monex”.
En el oficio JCP/HCA/HCHM/AMF/0069/26092012 se destaca, entre varios puntos, lo siguiente:
“A pesar de contar con atribuciones específicas establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, tanto el IFE como el Tribunal fueron omisos y violaron el principio rector de exhaustividad.
Ante estos hechos, surgen muchas interrogantes que quedan pendientes por responder:
1.- ¿Quiénes y por qué aportaron tal cantidad de dinero a la campaña de la coalición ‘Compromiso por México’?
2.- ¿De dónde salió el dinero para capitalizar las tarjetas?
3.- ¿Cuánto dinero fue utilizado realmente en la campaña de Peña Nieto?
4.- ¿Cómo se realizó la triangulación de recursos?
5.- ¿Se va a investigar a los presuntos dueños de Inizzio y Efra, y en caso de resultar responsables, qué tipo de sanciones deben recibir dentro del marco de la ley?
6.- ¿Qué intereses pueden tener quienes tuvieron conocimiento de la existencia de tarjetas que estaban circulando, pero decidieron no tomar las medidas necesarias para congelar cuentas de dichas empresas?
7.- ¿Por qué el TRIFE y el IFE simplemente ignoraron este tipo de hechos como pruebas para cuestionar hasta donde incidieron estas tarjetas en el resultado electoral?
Este Poder Legislativo no puede mantenerse al margen de un proceso incompleto, que ha puesto en vilo la legitimidad de nuestra democracia por omisiones graves”.
'Sí Vale' Mastercard de Monex
— 27 de junio: El coordinador de la campana presidencial de Josefina Vázquez Mota denuncia ante el IFE el uso de las tarjetas para el financiamiento ilícito de la campaña del PRI.
— 30 de junio: El IFE pide a Joaquín Coldwell informar si había otorgado tarjetas Monex a sus representantes. No respondió.
— 13 de julio: Tras el testimonio de Martín González García, Ignacio Moreno Balderas y otros cinco Representantes Generales del PRI en Guanajuato, de haber recibido miles de pesos por medio de dichas tarjetas Monex, el IFE le vuelve a solicitar información a Coldwell.
— 4 de julio: El coordinador de la campaña presidencial de las izquierdas, Ricardo Monreal, presentó 42 facturas expedidas por Monex a nombre de la empresa Inizzio y la comercializadora e importadora Efra.
— 20 de julio: El PRI reconoce que dio las tarjetas Monex a representantes generales del PRI en Valle de Santiago, Guanajuato. “Todos los entrevistados coinciden fundamentalmente en que la tarjeta se las entregó Alfredo Calzadillas (delegado del PRI); en que sí depositaron dinero en dichas tarjetas; en que desconocen quién depositaba ese dinero; en que dicho dinero fue para apoyo de gasolina y viáticos, así como para reclutar personal para cubrir las casillas el día de la elección y en que (la entrega de los monederos) fue con motivo de su función como representantes generales del PRI”
— 24 de julio: Carmen Aristegui y si equipo confirman que detrás de la empresa fachada Grupo Comercial Inizzio SA se encuentra José Luis Lozada Neyra, mientras que detrás de Efra SA, está Gabino Fraga Peña. El último se desempeñó como enlace regional de Compromisos de Campaña en la campaña de Enrique Peña Nieto.
— 23 de agosto: El IFE confirma que 9 mil 924 tarjetas Monex fueron contratadas por dos empresas privadas y utilizadas por gobiernos estatales, pero no encuentra vinculación entre el PRI y Monex.
— 24 de septiembre: Ricardo Monreal solicita a la Auditoría Superior de la Federación hacer una auditoría excepcional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por su parte en la supervisión al grupo financiero Monex ante la sospecha de financiamiento irregular.
Una Cámara sin facultades
Con base en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 93 constitucional y la solicitud presentada por los diputados del Frente Legislativo Progresista, en el análisis elaborado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro se esgrimen estas consideraciones:
“a) Que las comisiones de investigación se abocan al funcionamiento de organismo descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
b) Que los entes públicos a los que se requiere investigar en su mayoría no tienen la naturaleza jurídica de organimos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria…”
Los entes públicos en cuestión son:
El Instituto Federal Electoral (IFE); por naturaleza jurídica es un órgano constitucional autónomo (artículo 41 consitucional).
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife); que es una autoridad jurisdiccional en material electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación (artículo 99 de la Constitución).
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade); organismo especializado de la Procuraduría General de la República (artículo 11 de la Ley Orgánica de la PGR).
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; es una secretaría de Estado (artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).
Auditoría Superior de la Federación; que es un entidad de fiscalización de la Cámara de Diputados (artículo 79 constitucional).
Secretaría de la Función Pública; secretaría de Estado (artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (artículo 1 de la Ley de la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores).
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; organismo público descentralizado (artículo 4 de la Ley y Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros).
Banco de México; órgano constitucional autónomo (artículo 28 constitucional).
A partir de esta clarificación es que se sustenta, de acuerdo con el documento enviado a Humberto Aguilar Coronado, secretario ejecutivo de la Junta de Coordinación Política, por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que la Cámara baja adolece de facultades para integrar este tipo de comisión de investigación propuesta por las izquierdas.
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