Sí a la viuda de Moreira Jr.
Lydia Cacho, El Universal (8 de octubre de 2012)
Hay muchas lecciones que aprender del asesinato del joven José Eduardo Moreira. Se ha dicho lo obvio hasta el hartazgo: que la justicia es para los poderosos influyentes. Pero en esta ocasión nos encontramos con la oportunidad de aprender algo nuevo: las investigaciones oportunas sí funcionan en México; esa es una buena noticia. Y me explico.
Sabemos muy bien que José Eduardo a pesar de ser funcionario público de su tío el gobernador, viajaba en una camioneta normal sin chofer o escolta. También se ha hecho público que su asistente le llamó antes de que lo asesinaran y él le confirmó el nombre del policía con el que se reuniría. Nadie de su entorno le dijo que no fuera solo a ver policías, nadie imaginó que alguien se atrevería a tocar al hijo de la Casta Divina de Coahuila, a pesar de las cifras de desapariciones, asesinatos y secuestros de la región.
Es decir al hijo del ex gobernador le sucedió lo que a cientos de miles de personas, pensó que las cosas malas les suceden a ?los otros?, como si todas y todos no fuésemos parte de un colectivo humano que se reconoce sólo en la otredad.
Sabemos ya que unas horas después del asesinato llegó a Coahuila un grupo de trabajo con autoridades estatales y federales tras los responsables. Participaron Victoria Pacheco Subprocuradora de la PGR, el General Luis Arturo Oliversen Jefe del Estado Mayor Presidencial de la Sedena, el Almirante José Santiago Valdés, Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México. También el director general del CISEN Jaime Domingo López (responsable de la Seguridad Nacional), el Comisario de SSPF Luis Cárdenas Palomino, con el comandante de la novena región militar, el General Noé Sandoval.
Unas horas más tarde la fiscalía ya había interrogado a 39 policías de Acuña, donde sucedió el asesinato. Les aplicaron exámenes toxicológicos y tests psicológicos, se les interrogó sin tortura (había demasiados testigos presentes) Veinticuatro horas después la Fiscalía nos informó que tenía certeza de un grupo policíaco quien entregó al joven a los Zetas. Tienen bajo arraigo a siete elementos, incluido Rodolfo García el subdirector que lo citó antes de que apareciera muerto.
Ya el Procurador de Coahuila, Homero Ramos declaró que cree en la vinculación del asesinato del joven con el enfrentamiento de fuerzas policiales con la delincuencia organizada que se produjo la misma mañana, donde asesinaron al sobrino del líder del cartel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, (a) ?Z40?. Hasta allí esto parece un capítulo de la serie CSI México.
Detrás del hijo de Moreira
Lydia Cacho, Sin Embargo (4 de octubre de 2012)
No estoy dispuesta ni lo estaré nunca a celebrar el asesinado de nadie. Lo que estoy es convencida de que quienes cometen delitos deben pagar por ellos de acuerdo a las reglas jurídicas establecidas para quien incurre en conductas antisociales. Que desde los asesinos hasta quienes comete peculado deben pagar, como bien lo exige la ley, con la privación de la libertad y las multas correspondientes. Lo mismo aplica para quienes utilizando el poder que les confiere un puesto público, debilitan a las instituciones con el tráfico de influencias, llevan a cabo negocios sucios, ejercen nepotismo, lavan dinero, o robustecen sus fortunas personales dejando en quiebra a sus ayuntamientos y estados, traicionando a la sociedad entera. El mismo rasero para toda la sociedad.
Dicho lo anterior debo confesar que a mi, como a millones de personas, las declaraciones que Humberto Moreira hizo hoy me dejaron pasmada. Y sí, seré políticamente incorrecta, pero debo decir lo que muchos piensan y callan por pudor. En medio de su auténtico dolor por la trágica muerte de su hijo, Moreira es el mismo cínico de siempre. Declaró “Mi hijo es un muerto más de esta guerra, unos desgraciados le dieron dos balazos en la cabeza”. Cuando el ex gobernador que dejó a Coahuila en un estado financiero calamitoso, por no hablar de la impunidad y violencia rampante, dijo estas palabras y acto seguido aprovechó para asegurar que se le había calumniado, pero que esto sí, no lo va a perdonar.
Y debo decir que si su hijo fuera un muerto más de esta guerra, él estaría como el resto de los padres y madres, haciendo fila, lleno de ansiedad y angustia, para que la procuraduría estatal recogiera su caso antes de los otros dos mil pendientes. Si su hijo fuera otro más no hubiera sido contratado por su tío como coordinador regional de la Sedesol estatal. Si su hijo fuera una víctima más de esta guerra, seis horas después de su asesinato no habrían 23 funcionarios públicos federales coordinándose para llevar a cabo una estrategia de seguridad. Si el padre del joven asesinado fuese un hombre común, sin poder político (con averiguaciones previas abiertas y acusaciones sobre corrupción y otros probables delitos), las autoridades federales no solamente le hubiesen negado la ayuda, sino hubiesen dicho, como dicen de miles de jóvenes pobres y desconocidos que han sido ultimados en pueblos del norte del país, que seguro andaba en malos pasos, o de plano García Luna y Cárdenas Palomino lo habrían tachado como un narco más en su larga lista de muertos acusados falsamente.
Si el hijo de Moreira fuese uno más de esos miles de asesinados de esta guerra, Poiré, el mismísimo secretario de Gobernación, no le hubiera tomado la llamada al padre. Tampoco hubiese sucedido lo que sucedió: horas después de su muerte se conformó un grupo de trabajo con autoridades estatales y federales que se comprometieron a esclarecer los hechos a la brevedad posible, y castigar a los responsables. Si fueran víctimas normales, como nos asegura Moreira, no se habrían reunido en menos de seis horas Victoria Pacheco, la subprocuradora de Control Regional de la PGR, con el General Luis Arturo Oliversen, Jefe del Estado Mayor Presidencial de la Sedena y el Almirante José Santiago Valdés, Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México. Y como no es un joven común, sino el hijo de una privilegiada clase política, también llegaron a esa pronta reunión el director general del Cisen Jaime Domingo López (responsable de la Seguridad Nacional), el Comisario de SSPF, Luis Cárdenas Palomino, y el comandante de la novena región militar, el General Noé Sandoval.
Todas las familias de jóvenes desaparecidos, asesinados y asesinadas en México saben que las personas comunes van al Ministerio Público, pero antes rezan para que las autoridades y algunos medios coludidos con ellas no publiquen algún mensaje difamatorio que mande a su familiar asesinado al cajón de los “culpables a priori” en los que la autoridad no desperdicia ni diez minutos porque descarta su derecho como víctima y le somete al juicio sumario post-mortem sin derecho a réplica.
Las y los reporteros de este país hemos escuchado demasiadas historias de familias desgarradas por el asesinato impune de sus hijos como para guardar silencio ahora. Porque sin escatimar el dolor de la pérdida que sufre la familia Moreira y la joven viuda, debo decir que este inmenso y desproporcionado despliegue de los personajes más importantes de la seguridad nacional en tan pocas horas, advierte el futuro que hemos de enfrentar. Todo parece indicar que los favores que el presidente Calderón desde ya hace al PRI no tienen límites, y nos recuerda justamente la razón por la que el país se cae a pedazos en lo concerniente a derechos humanos e impartición de justicia.
Porque las madres y los padres de las cientos de jóvenes asesinadas en Chihuahua siguen suplicado después de diez años, que la autoridad reúna lo que se reunió hoy por la familia Moreira: los elementos técnicos, científicos y humanos de mayor calidad para detener a los culpables de inmediato. Lo mismo las miles de familias que han seguido su viacrucis justiciero con Sicilia.
Esto nos lleva a preguntarnos, si las autoridades tienen esa capacidad de respuesta y prometen esos resultados ¿por qué no funciona con todas las familias? Ya sé que me dirán que porque este es un país de gobernantes corruptos y abusivos y la justicia es para quien puede pagarla. Pero esa no es la respuesta que busco, es simplemente un diagnóstico añejo y certero de las circunstancias; la pregunta es válida, porque si efectivamente es posible trabajar en equipo, juntar a los mejores elementos, llevar a cabo una análisis criminológico de alto nivel y dar con los culpables de quienes en medio de un camino rural balearon a un joven ¿por qué no replicar esa estrategia y sacar al país del marasmo de muerte e impunidad? ¿Por qué incluso en asesinatos de otros políticos no se dio este nivel de respuesta?
He visto a demasiadas familias, ricas, pobres y clasemedieras honestas sentadas en procuradurías y juzgados, llorando, restregándose las manos de ansiedad y angustia, suplicando que la policía vaya a donde asesinaron a su hijo o hija. A padres que me narran llorando cómo llegó antes el Ejército al lugar de los hechos y de inmediato dijeron que dos balazos en la cabeza son símbolo de ejecución y que “muy probablemente” la víctima estaba metida en malos pasos.
No importa cuan corrupto sea un político, los hijos no merecen pagar por los delitos de sus padres. José Eduardo no es la excepción. Se equivocan quienes celebran su muerte como castigo a sus familiares, este país lo que necesita es justicia, no venganzas ni odio. Pero también necesita equidad jurídica. Moreira debería, como todo padre mexicano, esperar respetuosamente detrás del otro padre coahuilense a cuyo hijo asesinaron hace seis meses y a quien el procurador aun no recibe. Entonces si creeríamos que su hijo es otra víctima más de esta guerra. Y debería preguntarse ¿qué condiciones dejó él en el estado para que otros padres sufrieran lo que él experimenta hoy?
Crueldad
Roberto Zamarripa, Reforma (8 de octubre de 2012)
Este es el país de los decapitados, los cocinados en ácido, los muertos hechos pozole, los descuartizados o enterrados vivos en fosas inencontrables. Las matazones en caliente, los plagios de encapuchados, los batazos en los cuerpos para arrancar “confesiones”. La asfixia, la mutilación, el descuartizamiento.
Es la lógica de la muerte como lógica del poder. La lógica de la gobernabilidad. Los territorios se conquistan con crueldad. Con amenazas y con la aniquilación. La aniquilación es el mensaje. La cartulina es lo de menos. La reivindicación, la cruz puesta en el territorio de los vencidos, es más grande conforme el sadismo aplicado.
No es un asunto consustancial a los criminales sino parece ya inherente a las fuerzas de seguridad del Estado. O dicho de otra forma, unos y otros hablan con los mismos códigos, las mismas señas, las mismas sañas, las mismas marcas.
En el sexenio que fenece, la tortura y tratos crueles contra civiles de parte de uniformados federales incrementó si uno atiende al número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De 2006 al 2012, la CNDH recibió 89 quejas contra elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal solamente por actos de tortura, es decir actos desde el poder para arrancar confesiones o versiones sobre un hecho violento. Y las denuncias por tratos crueles, inhumanos y degradantes crecieron de 85 a mil 497, según cifras de la misma CNDH. (Reforma, 07/10/12).
El problema es que de 127 recomendaciones dirigidas a Sedena solamente 10 fueron cumplidas. La Policía Federal cumplió una de 31 y la Marina una de 22 recomendaciones de la CNDH.
Una señora de Ensenada culpada indebidamente, tras tormentos, de sobornar a militares; un muchacho de 22 años de Vallarta, Jalisco, asesinado por agentes de PGR de dos tiros en la cabeza sin mediar investigación, orden de aprehensión ni sospecha alguna sobre su circunstancia. Marinos que torturaron a palazos a detenidos y así, la cadena de historias donde los uniformados a sueldo público aniquilan a inocentes.
El asesinato del hijo del ex gobernador Humberto Moreira colma la crisis. La mera sospecha lleva al desmantelamiento de todo un cuerpo de policía municipal. A confesión de parte, relevo de mandos. Tú y yo somos uno mismo. Policías y ladrones, comandantes y sicarios, alcaldes y capos, mancuernas del desgobierno.
Moreira culpa desde el dolor de un padre despojado y agraviado a la guerra de nuestros días. Obvio, no asume responsabilidades. En la postración de su duelo no mira las herencias dejadas en familia. Su hermano Rubén, también en silencio, persigue a los sospechosos. No son, está claro, los que gobiernan el territorio. Vale más la orden del jefe criminal a un policía para que actúe que la de un gobernador electo. No se necesita de investigación especializada para entender que hay zonas del país ajenas al gobierno institucional y en manos del gobierno criminal.
El catálogo de apodos ha sido repetido en anuncios mediáticos. Gobernadores como el propio Humberto Moreira comentaban con azoro cómo el presidente Felipe Calderón tenía en la memoria de manera impecable vida y obra de criminales, zonas de influencia, vicios y virtudes y poco o nada sabía de las circunstancias económicas y sociales que afectaban a las poblaciones que visitaba en sus giras.
Y sí. Hasta la saciedad nos han dicho que los peores están presos o muertos pero la circunstancia, el entorno, la vida, no es mejor para los ciudadanos. La pulverización de las bandas ha devenido en una reproducción de las crueldades tanto de criminales como de agentes a sueldo público para la mera ratificación de que la ingobernabilidad acompaña la tragedia de los ciudadanos.
La crisis de Coahuila topa con la crisis de la gobernabilidad mexicana. No tiene que ver con procesos electorales dudosos sino con autoridades depuestas de facto o comprometidas con los poderes criminales. El alcalde de Teloloapan, Guerrero, Ignacio de Jesús Valladares, confiesa en un video casero que gobernará para un grupo y obedecerá sus consignas. A Coahuila, apenas mataron al hijo de Moreira, fue enviado un batallón de centenas de policías y soldados… para tapar la fosa. A Teloloapan, apenas se supo del video que postraba al alcalde legítimamente electo, y el gobierno federal hizo mutis. Acaso ahorra para las coronas fúnebres y las futuras condolencias, que es lo que sabe hacer como si fuera su oficio. Sale más barato en su estrategia de seguridad elevar los pésames que proteger a los ciudadanos.
La crisis es de gobernabilidad. Los poderes están erosionados por las mismas complicidades de criminales y políticos, de policías y sicarios. Los gobiernos no funcionan bajo las reglas, las leyes y las normas vigentes. Los poderes son otros. Y la crueldad es el mensaje, la vigencia, la regla, el sello
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