Justo cuando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país se discutían los límites al fuero militar, la PGR dio a conocer con espectacularidad inusual la detención de Carlos de la Barrera Vite –cercano colaborador del ministro Sergio Valls–, a quien acusa de haber vendido información al cártel de Sinaloa. Acerca de este “golpe” que lesiona al máximo tribunal del país, pero de manera particular al muy influyente ministro Valls, el funcionario judicial dice a Procesoque él está siendo usado como “instrumento” por el gobierno de Felipe Calderón para “atacar a la Corte”.
Desde el Poder Ejecutivo, el golpe contra el Poder Judicial fue certero. Directo, se dirigió contra el grupo de secretarios (“ponencia”, en la jerga judicial) más vulnerable, el que trabaja al servicio de Sergio Valls, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por su oficina, según el gobierno de Felipe Calderón, se infiltró en el máximo tribunal del país el Cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán.
Nunca antes la Suprema Corte había sido exhibida por la presunta relación de uno de sus empleados de confianza con la delincuencia organizada. El lance abonó las acusaciones de Felipe Calderón contra el Poder Judicial al quejarse de “los jueces corruptos” liberadores de narcotraficantes que su gobierno “detiene y detiene”, y ocurrió en momentos en que esa instancia iniciaba las discusiones sobre los límites del fuero militar en México.
La noche del viernes 10, en el noticiario estelar de Televisa, la Procuraduría General de la República (PGR) soltó la imputación contra Juan Carlos de la Barrera Vite, hombre de las confianzas de Valls: vendió en miles de dólares expedientes con declaraciones ministeriales de enemigos del capo sinaloense.
Esta información crispó los ánimos en la Corte y las miradas se centraron en Valls, cuya posición en el Poder Judicial quedó vulnerada si bien es uno de los ministros más cercanos al presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva Meza.
Para cuando la PGR asestó el golpe mediático a la Corte, habían pasado ya dos semanas de la detención y una semana de que se le dictó la formal prisión a Barrera Vite, a quien Valls conoce desde que era su alumno en la Universidad Intercontinental. Cuando se tituló, en 1997, lo llevó como su secretario auxiliar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde Valls era director jurídico bajo la gestión de Genaro Borrego Estrada. Era el gobierno de Ernesto Zedillo.
Zedillo designó a Valls representante del Ejecutivo federal en el CJF –el organismo encargado de administrar, vigilar y supervisar los juzgados y tribunales federales– y el entonces consejero designó a Barrera Vite secretario técnico de su ponencia, nombre con el que se conoce al grupo de secretarios que trabajan al servicio de cada ministro.
El ahora acusado también fue secretario técnico en la ponencia de María Teresa Herrero Tello, a quien Vicente Fox nombró consejera de la Judicatura en representación del Ejecutivo.
A finales de 2004, cuando a propuesta del presidente Fox el Senado designó a Valls en la Corte, el flamante ministro le dio espacio a De la Barrera en su ponencia como secretario de estudio y cuenta, figura de confianza en la que los ministros delegan el estudio, análisis y propuestas de proyectos de resolución.
Con ese puesto lo tuvo tanto en la Primera Sala, encargada de los asuntos civiles y penales que llegan a la Corte, como en la Segunda, que lleva los casos administrativos y laborales. Valls presidió la Primera Sala y actualmente encabeza la Segunda. El exempleado del ministro es recordado en el organismo judicial por sus despliegues de ostentación, pues conducía autos de lujo y alardeaba de ser amigo de uno de los hijos de Valls.
Acusaciones
Entre marzo de 2010 y marzo de 2011, De la Barrera hizo un paréntesis en su relación de trabajo con Valls. De acuerdo con la versión difundida por la PGR, entre junio y noviembre de 2010 fue fiscal en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuando esta dependencia era encabezada por Marisela Morales Ibáñez, actual titular de la PGR.
Sin registro laboral en cuatro meses, en abril del año pasado regresó a la Corte al amparo de Valls, pero ya no para hacer trabajo jurídico sino para ocupar un puesto administrativo clave, de la mano de Carlos Alberto Muñoz Ángeles, director general de Recursos Humanos de la SCJN y también cercano a Valls. En el organigrama del máximo tribunal, Muñoz depende del Oficial Mayor, Rodolfo Héctor Lara Ponte, puesto que ocupa gracias a Silva Meza desde antes de que éste llegara a la presidencia de la institución (Proceso 1769).
De la Barrera Vite ocupó entonces una dirección en Recursos Humanos. Además de controlar la información administrativa y patrimonial de todos los ministros, esa área está a cargo del pago al personal.
Fue detenido el sábado 29 de julio en Acapulco, Guerrero, por la Policía Federal Ministerial de la PGR, acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
La acción de la dependencia contra el exempleado de la Corte y de la propia SIEDO se había desatado tres días antes, el 26 de julio, cuando la juez Décimo de Distrito de Procesos Penales dictó la orden de aprehensión. De Acapulco fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 3, en Matamoros, Tamaulipas.
Una semana después, el martes 7, fue declarado formalmente preso, acusado de ser informante de Felipe Cabrera Sarabia, El Ingeniero, El 1 o El Señor de la Sierra, quien fue operador del Chapo Guzmán en Durango y Chihuahua hasta que fue detenido en diciembre último por el Ejército en Culiacán, Sinaloa.
La SIEDO acusa al “funcionario de la Corte” de haber recibido entre 50 mil y 100 mil pesos por las declaraciones ministeriales de testigos protegidos adversasal Chapo, entre éstas las de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, uno de los jefes del Cártel de los Beltrán Leyva, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, que también trabajaba para esos hermanos.
Según datos contenidos en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/031/2012, que la PGR ventiló en medio de los señalamientos a la Corte, las indagatorias contra De la Barrera comenzaron en febrero pasado; es decir, cuando ya había regresado al organismo judicial. Sus acusadores son testigos protegidos.
Los movimientos de la PGR ocurrieron mientras el personal de la SCJN estaba de vacaciones. El golpe fue aún más duro porque Valls integraba la comisión del receso judicial junto con el ministro Fernando Franco.
Valls ya no completó la encomienda. El lunes30, un día después de la detención de quien fuera su colaborador, fue hospitalizado de emergencia y se reincorporó a su trabajo el lunes 13, cuando todavía seguían las filtraciones de la PGR.
La SCJN sugirió que había estado al tanto de la investigación de la SIEDO contra De la Barrera. En un comunicado que la dependencia emitió la misma noche en que Televisa difundió la acusación de la PGR, aseguró haber colaborado “con las autoridades ministeriales desde el momento que éstas solicitaron información sobre dicha persona”. Sin embargo, no precisó desde cuándo había sido requerida por el Ministerio Público federal.
En cambio, deslindó de todo señalamiento a Valls, pues, indicó, “no tiene relación con los hechos” imputados a su excolaborador, de quien dijo “sólo realizaba labores administrativas en el área de personal” y no tuvo acceso a la información sensible de este órgano jurisdiccional”.
Litigios “agazapados”
No obstante, de acuerdo con abogados, la relación del acusado con Valls iba más allá de las funciones administrativas. Los litigantes Jorge Olvera Quintero y José Pastor Suárez Turnbull aseguran que en marzo pasado el ministro envió a su colaborador para interceder a favor del “director general de facto” de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, en el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil del Primer Circuito, en el Distrito Federal, donde se radicó un juicio promovido por los cooperativistas.
El presidente de la Corte y el resto de los ministros se enteraron de esa gestión. Los abogados entregaron una carta a Silva Meza, con copia al resto de los integrantes del pleno, en la que señalan la presunta intervención no sólo de Valls, sino también del expresidente de la Corte y ministro en retiro Genaro Góngora Pimentel, en dicho caso. “El ministro Valls se negó a recibirla y la tuvimos que entregar por oficialía de partes”, dicen los abogados.
Fechada el 7 de mayo pasado, la queja fue dirigida a Silva Meza en su calidad de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal. “Lo grave e indignante de este asunto es que fueron el exministro Genaro David Góngora Pimentel y salvo error de apreciación el ministro Sergio Valls Hernández quienes litigaron agazapadamente (sic) a favor del señor Álvarez Cuevas para que se le concediera el amparo y la protección de la justicia federal”, dice la misiva.
La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF le pidió tanto a la titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el DF y a los integrantes del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se seguiría sustanciando el caso, que le informaran si habían “sido objeto de actos que transgredan o afectan su independencia, autonomía e imparcialidad”.
El CJF también advirtió de posibles injerencias a los titulares del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil y Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, donde se ventilaban otras demandas contra Álvarez Cuevas. El caso finalmente fue resuelto el 11 de julio por la Primera Sala de la SCJN a favor de los cooperativistas (Proceso 1863).
Consultado al respecto, el ministro en retiro Góngora Pimental niega la acusación, que, dice, ya conocía: “Yo con Sergio Valls no tengo ninguna relación y espero no tenerla en el futuro. A Guillermo Álvarez no lo conozco y no estoy autorizado en el asunto de Cruz Azul”.
Ministro “político”
En entrevista con Proceso el jueves 16, Valls asegura ser “un instrumento para atacar a la Corte” y dice que si De la Barrera entregó alguna información a la delincuencia organizada habría sido cuando estuvo en la SIEDO y no en la SCJN.
La posición del tribunal es esa: que el acusado filtró “información de la SIEDO”, por lo que se encuentra formalmente preso. Ese fue el acuerdo al que llegaron los ministros el mismo jueves, después de una larga reunión que tuvieron por la mañana y que los obligó a posponer por más de dos horas el debate plenario sobre el fuero militar.
Objeto de comentarios en el Poder Judicial por su alegada influencia sobre jueces y magistrados y su amplia red de influencia política (Proceso 1725), Valls confirma en la entrevista que fue él quien llevó a De la Barrera a la Corte después de haberlo tenido como empleado en el IMSS y en el CJF y de haber sido su profesor en la Universidad Intercontinental.
A pesar de haberlo ubicado en posiciones de confianza, dice que “era un empleado menor”, que como alumno “no fue destacado” y que por lo mismo le asignó funciones jurisdiccionales “de machote”, por lo que “no tuvo ninguna información importante de la Corte”.
Valls es un ministro con amplias relaciones políticas, sobre todo con el PRI y el PAN. De 71 años, llegó al Poder Judicial por medio de Carlos Salinas de Gortari, quien lo promovió como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal. Estuvo en el Seguro Social y en el CJF a instancias de Ernesto Zedillo, y en la Corte gracias a Vicente Fox.
Entre sus amigos está el excandidato presidencial del PAN Diego Fernández de Cevallos, de quien fue contemporáneo en la Facultad de Derecho de la UNAM y quien desde el Senado lo apoyó en su designación como ministro. Asimismo, es cercano al próximo coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, quien en el gobierno de Salinas fue director general del IMSS.
Afectado físicamente por el síndrome de Guillian-Barré –que menoscaba el sistema inmunológico y que dice fue el motivo de nueve días de hospitalización, cinco de ellos en terapia intensiva–, Valls insiste en que si su excolaborador filtró alguna información “fue desde la SIEDO”. La información es de allá, no de la Corte, reitera.
En cuanto a las consecuencias que este escándalo podría tener para el máximo tribunal, dice: “Sergio Valls no significa nada. Soy un instrumento para golpear a la Corte, que en lo que a mí me ha tocado en los ocho años que llevo como ministro, en su novena época y la décima actual, ha alcanzado independencia y autonomía”.
Asegura que la acusación no se puede entender sin el actual contexto de cambio político en el país y la discusión en el pleno de ministros para limitar el fuero militar, tema sensible no sólo para el Ejército sino para el propio Felipe Calderón. También menciona las diferencias entre Calderón y Silva Meza por las acusaciones del titular del Ejecutivo contra los “jueces corruptos que liberan a los delincuentes” que su gobierno detiene.
“El presidente de la Corte le ha dicho en público y privado al presidente de la República que le presente pruebas. Lo mismo digo yo”, responde cuando se le pregunta sobre las acusaciones de que interviene en juzgados federales y tribunales unitarios y de circuito.
“Yo no soy gestor de nadie. No me meto en cosas que no me tocan, ni como presidente de sala ni como miembro del pleno. Yo sé lo que tengo que hacer. Todo lo demás son chismes. Que me lo prueben”, reta.
Sostiene que ha sido “injustamente vinculado” en los señalamientos contra su excolaborador, a quien, dice, no se le puede negar la presunción de inocencia porque aún no ha sido sentenciado. El ministro afirma que la mirada está puesta en él “por el detalle” de la relación laboral que por años ha tenido con De la Barrera.
Cuando se le pregunta si consideraría una eventual separación del cargo mientras se investiga a De la Barrera, responde: “No tengo por qué separarme. A mí no se me acusa de nada. ¿Acaso por el escándalo de los generales renunció el secretario de la Defensa Nacional (el general Guillermo Galván) o por los casos de corrupción en la SIEDO se ha separado la procuradora” (Marisela Morales)?”.
Según Valls, la posibilidad de la separación ni siquiera se ha planteado entre los ministros, y advierte que ninguno de sus pares en la Corte está exento de ser utilizado para presionar a esta instancia, pues alguno de sus colaboradores puede corromperse.
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