El fuero militar,garante de impunidadJORGE CARRASCO ARAIZAGA
Ante el rápido aumento de las
violaciones a los derechos humanos por parte de militares, varias
organizaciones sociales, e incluso países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
abogan por la modificación del fuero militar en México. Pretenden combatir la impunidad que se
escuda en los operativos contra el narcotráfico y que las víctimas de abusos castrenses obtengan
justicia en tribunales civiles.
Con más de mil 600 quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos al amparo de los operativos antinarco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está sometida a prueba por familiares de una de las víctimas asesinadas por militares en Sinaloa, que le piden revisar el fuero militar para que los tribunales castrenses dejen de investigar casos que involucran a civiles.
La misma demanda le fue planteada al Estado mexicano apenas en febrero pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra. Varios de los países integrantes insistieron en que México debe modificar su legislación para que el Ejército deje de investigar los casos en los que civiles son víctimas de militares, y de esa manera el país respete los instrumentos internacionales que ha firmado.
En el gobierno de Felipe Calderón, los abusos cometidos por militares se han incrementado en número y en gravedad. Tal es la incidencia que de 23 recomendaciones dirigidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Sedena desde el año 2000, 20 han sido emitidas en los últimos dos años.
La CNDH recibió un total de mil 602 quejas en contra de efectivos militares entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Esa cifra excluye las quejas recibidas por las acciones del Ejército en Chilpancingo, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo, después del asesinato de una decena de militares, unos en activo y otros en retiro.
De esas quejas, en por lo menos ocho casos la CNDH ha comprobado que se trata de violaciones graves, como privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego, sobre todo en Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, donde actualmente el Ejército despliega operaciones especiales contra el narcotráfico.
El mayor número de quejas es motivada por cateos ilegales, tratos crueles y degradantes, ejercicio indebido de funciones, detenciones arbitrarias, robo, retenciones ilegales, amenazas e intimidación. En los casos de violación del derecho a la vida y a la integridad de los civiles, la CNDH ha resuelto dejar los casos en manos de la justicia militar.
Con el argumento de que se trata de actos cometidos durante el servicio, la jurisdicción castrense se coloca por encima de la civil cuando los militares cometen este tipo de abusos sobre la población, contra lo establecido por la ONU y otros organismos internacionales.
Organizaciones humanitarias en México y varios países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ponen en duda la constitucionalidad del Código de Justicia Militar; primero, porque nunca fue aprobado por el Congreso, sino por un decreto presidencial de 1933, y en segundo lugar porque se aplica por encima del artículo 113 de la Constitución, según el cual “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.Esa ilegalidad quedó documentada en un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), a partir de la revisión de los abusos cometidos por militares durante los primeros 20 meses de la gestión de Felipe Calderón.
Acusaciones
En entrevista, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Pro, asegura que hay una “indebida extensión del fuero militar”, además de cuestionar la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar que utiliza el Ejército para atraer la investigación de cualquier hecho en que esté involucrado algunos de sus elementos.
Señala que de esa manera se garantiza la impunidad, como ha quedado demostrado en varios casos; entre ellos, el asesinato de cuatro personas en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.
También menciona el del ciclista Félix Daniel Téllez Ortiz, quien sufrió parálisis al ser arrollado por un camión del Ejército en la autopista México-Querétaro el 24 de septiembre de 2006, y quien no ha sido indemnizado.
El informe titulado ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el informe señala que tan sólo en el primer año y 10 meses del actual gobierno quedaron documentados en la prensa por lo menos 101 casos o situaciones de presuntos abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas.
Precisa que se trata de sólo un porcentaje de los abusos contra civiles. Por abusos define a las violaciones como el derecho a la vida y a no ser privado de la vida de manera arbitraria, el derecho a la integridad física y a no ser sometido a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad personal y el derecho a la inviolabilidad del domicilio particular sin orden judicial. Los estados con más quejas por abusos militares fueron Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa.
Nuevo León, que en el informe aparece sólo con seis quejas, se convirtió a mediados del mes pasado en centro de manifestaciones contra la presencia del Ejército, que a partir de octubre de 2008 incrementó sus acciones entre la población civil a raíz del asesinato de 11 militares, crimen que el Ejército atribuye a Los Zetas. De acuerdo con el gobierno de Nuevo León, las manifestaciones de “los tapados” fueron pagadas por la delincuencia organizada.
En su informe, el Centro Pro señala que hasta noviembre de 2008 Chihuahua fue el estado de mayor incidencia de violaciones contra derechos humanos atribuidas a militares, con 13 casos “de alto perfil” registrados entre abril y ese mes.
Observa que los abusos aumentaron como consecuencia de la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua, en marzo del año pasado.
El informe del Centro Pro coincide con el reporte dado a conocer en enero de este año por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) sobre los ataques a la prensa en México durante 2008. Chihuahua fue el estado con mayores agresiones a los periodistas, no sólo por parte de la delincuencia organizada, sino también a manos de las fuerzas federales.
Destaca un allanamiento realizado por militares encapuchados al domicilio del periodista Emilio Gutiérrez Soto, de El Diario de Ciudad Juárez. El reportero y su hijo de 15 años fueron encañonados y los militares se retiraron sin encontrar ninguna irregularidad en el lugar. Como consecuencia de la acción militar, Gutiérrez Soto pidió asilo en Estados Unidos (Proceso 1682).
Ante el incremento de la violencia en Chihuahua a pesar del operativo, el Ejército prevé desplazar al estado hasta 5 mil efectivos más, que se integrarán a los 2 mil 500 enviados inicialmente.
Los militares no sólo harán labores de vigilancia; también tomarán el control de varias instituciones de seguridad en Ciudad Juárez, asiento del cártel encabezado por Vicente Carrillo Fuentes.
El martes 3, el presidente municipal de Juárez, José Reyes Ferriz, anunció que el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, nombrará a los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección General de Tránsito y los mandos de las seis estaciones de policía del municipio, así como a los del Centro de Readaptación Social y el sistema de emergencias conocido como C4. Todos serán militares.
Para el Centro Pro, “la injerencia militar en la vida civil (obstaculiza) el camino hacia la democratización”, al asumir el Ejército funciones que no le corresponden y arrogarse las investigaciones de los abusos cometidos por el personal de las Fuerzas Armadas contra civiles.
Los abusos más frecuentes contra la población civil, especifica, son los cateos ilegales, la agresión física (incluidas golpizas), el ataque con arma de fuego (frecuentemente en retenes o cerca de los cuarteles militares) y las detenciones arbitrarias.
El caso de los retenes merece un señalamiento especial del Centro Pro, pues indica que en el período del informe hubo 17 casos en los que han sido agredidos civiles, sobre todo con armas de fuego, por “no detenerse” ante la revisión, lo que ha resultado en varias muertes.
Pero los disparos contra civiles no sólo han ocurridos en los retenes. Está el caso del 13 de mayo de 2008, cuando soldados dispararon contra dos jóvenes que iban en un vehículo sobre la carretera Morelia-Mil Cumbres. Uno de los tripulantes del auto murió. El Ejército argumentó que los muchachos desobedecieron la orden de detenerse; más tarde se comprobó que en el lugar no había ningún retén.
“Como ese, ha habido por lo menos otros dos casos en los que inicialmente se informa que el ataque obedeció a que los civiles no se detuvieron en un retén y posteriormente se documenta que tales retenes en realidad no existían”.
El Centro Pro explica el procedimiento habitual de las Fuerzas Armadas. Después de reconocer la agresión “se inicia un proceso con desenlace anunciado”: los hechos son investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar y consignados, cuando eso ocurre, ante un juez castrense.
“Nada se informa a los familiares de las víctimas y poco a la opinión pública. Cuando la cobertura mediática ha disminuido, la Sedena puede llegar a proponer a los afectados convenios extrajudiciales de indemnización que no reparan integralmente el daño”.
Después de meses se emite una recomendación de la CNDH y finalmente los casos son olvidados sin que se tenga noticia sobre su esclarecimiento. El ciclo se cierra cuando un nuevo caso es denunciado, lo que evidencia que no existen medidas para que no se repitan los abusos militares, asegura el Centro Pro.
CNDH: inconstancia y tibieza
En el documento mencionado, el Centro Pro califica la actuación de la CNDH de “inconstante”, pues en ocasiones ha evidenciado el dolo de la Sedena en sus estrategias de difusión para exculparse, y otras veces “pretende explicar los abusos militares”.
Desde su punto de vista “hay tres aspectos preocupantes” en la actuación del organismo que preside José Luis Soberanes. En primer lugar, dice, “es grave que la CNDH omita condenar firmemente, con base en los estándares internacionales de protección a los derechos humanos aplicables, la extensión del fuero militar a los casos en donde elementos castrenses perpetran delitos graves contra civiles”.
De forma reiterada, dice, el ombudsman ha evitado un pronunciamiento contundente; “por el contrario, en sus recomendaciones ha pedido que los hechos violatorios… sean conocidos por el Ministerio Público militar”.
Documenta su aseveración con siete recomendaciones presentadas por la CNDH el 11 de julio de 2008. En todos los casos pidió que el caso pasara al Ministerio Público militar pese a que se trató de casos de tortura, asesinato, agresión con arma de fuego en retenes y allanamiento de morada.
En segundo lugar, el Centro Pro cuestiona que la CNDH pretenda explicar los abusos de los militares por la falta de capacitación de los soldados y oficiales en materia de derechos humanos, con lo cual “minimiza la relevancia de la impunidad”.
En enero de 2008, en medio del incremento de las violaciones a estos derechos, la Sedena anunció la creación de la Dirección General de los Derechos Humanos, que se integró en el reglamento interior de la secretaría apenas en diciembre pasado.
El Centro Pro cuestiona, además, que la CNDH no impulse ninguna iniciativa para que cese ese tipo de agresiones: “Es inconcebible que habiendo documentado, en los últimos dos años, más de ocho casos en donde se han registrado graves violaciones a derechos humanos como torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y privaciones arbitrarias de la vida, (la CNDH) aún no emplee las facultades” jurídicas que tiene.
Esta situación es más grave, apunta, si se considera que la propia comisión ha constatado la aparente falta de respeto del Ejército a su autoridad, como lo dejó ver en su recomendación 36/2008, en la que se queja de la manifiesta falta de voluntad de la Sedena para cooperar.
El Centro Pro menciona seis casos representativos de los ataques militares contra civiles: el primero, la represión en Carácuaro, Nocupétaro y Huetamo, en Michoacán, luego de que una partida militar fue emboscada en Carácuaro el 1 de mayo de 2007. El segundo, relacionado con este hecho, es la agresión sexual sufrida por adolescentes en el bar La Estrellita, en Nocupétaro.
La tercera agresión es la que sufrió la familia Esparza Galaviz. Cinco de sus miembros, incluidos mujeres y niños, murieron baleados el 1 de junio de 2007 cerca de un retén militar en la Joya de los Martínez, en el municipio Sinaloa de Leyva, Sinaloa. Otras tres personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. La camioneta en que viajaban no se detuvo a tiempo y fue baleada por los soldados.
En Guerrero, en la comunidad San Luis de la Loma, en el municipio Tecpan de Galeana, el 29 de junio de 2007 la niña Marlene Caballero fue herida también en un retén cuando los militares dispararon al vehículo en que viajaba con un adulto. La Sedena adujo que sus efectivos abrieron fuego porque pensaron que la camioneta los iba a arrollar.
En Huehuetoca, en la comunidad San Miguel de los Jagüeyes, sede del campo militar 37, un camión del Ejército conducido a alta velocidad y en zigzag arrolló al ciclista Félix Daniel Tellez Ortiz, quien quedó parapléjico después de una convalecencia de cuatro meses. Al radicarse el caso en la jurisdicción militar, los peritos del Ejército acusaron a la víctima de haberse atravesado al camión, colocándolo en calidad de responsable.
El resultado es que el daño no ha sido reparado ni se ha sancionado a los responsables. En el accidente también falleció un militar y varios resultaron heridos, pero éstos otorgaron el perdón al presunto responsable.
Otro caso en el que la Sedena coloca a las víctimas como culpables ocurrió en Santiago de los Caballeros, en el municipio sinaloense de Badiraguato, donde los militares ejecutaron a cuatro personas desarmadas (Proceso 1641).
La Sedena llegó al extremo de presentar como indiciados a los sobrevivientes para disimular la responsabilidad de sus elementos en el delito de privación arbitraria de la vida. Dos semanas después del crimen, en el que también murieron dos militares, la Sedena consignó como responsables a un teniente, un cabo y tres soldados, todos de infantería.
La esposa de uno de los sobrevivientes, Reynalda Morales Rodríguez, logró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, decidiera estudiar la posible atracción de la revisión de un amparo en contra de que los tribunales militares lleven el caso. Morales es patrocinada jurídicamente por el Centro Pro y el centro de Análisis e Investigación Fundar.
La SCJN se enfrentará a la resistencia de los militares. El pasado 19 de febrero, en la celebración del Día del Ejército, el general Galván no sólo defendió el fuero de guerra, sino que pidió al Congreso legislar sobre las actividades de los efectivos castrenses en labores de seguridad pública.
El Centro Pro asegura que la actitud pasiva de las instancias civiles de procuración y administración de justicia, que declinan su jurisdicción a favor de la castrense, así como la “complaciente interpretación del Poder Judicial de la Federación”, han permitido que el Ejército no cambie su actuación.
Además de las organizaciones humanitarias nacionales, de forma reiterada la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales, así como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le han pedido al Estado mexicano que los militares dejen de juzgar casos como los anteriores.
El Centro Pro concluye: “Este informe confirma una percepción cada vez más generalizada: en el sexenio de Felipe Calderón los controles civiles sobre el poder militar han desaparecido”.
Lo peor, añade, es que está en tela de duda la efectividad de los operativos, pues además “son solapados por la insuficiente rendición de cuentas propia de la ausencia de control civil sobre el Ejército”.
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