El acuerdo para la explotación de pozos transfronterizos de hidrocarburos firmado entre México y Estados Unidos pone en juego el 50 por ciento de las reservas del país, según los propios cálculos de Pemex. El documento “marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana”, considera experto. Con su próxima entrada en vigor, el país vecino tendrá permiso para explotar los yacimientos Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. El potencial de la zona ya fue mapeado por la paraestatal, con un costo para el erario mexicano de 50 mil millones de pesos
Nancy Flores/Mariela Paredes
En las aguas profundas del Golfo de México se localizaría el 50 por ciento del oro negro del país. Se trata de los recursos prospectivos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha calculado en la zona, de acuerdo con su boletín informativo 19/2012, y que ahora se podrían compartir con Estados Unidos a través de los llamados pozos transfronterizos.
Y es que tras cuatro años de intensas presiones políticas del Departamento de Estado estadunidense y al margen del Congreso de la Unión mexicano, los gobiernos de Barack Obama y de Felipe Calderón firmaron el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América Relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México.
Para Sergio Suárez, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México, “el denominado tratado Clinton-Espinosa marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana. [Con éste] se pierde soberanía, seguridad e independencia petrolera, en función de restituir reservas, incrementar la producción de crudo y mantener la de gas, al abrir indebidamente paso a las trasnacionales en una actividad exclusiva de Pemex”.
Entre otras cosas, el Acuerdo establece en su artículo 7 que si se localiza un yacimiento transfronterizo sin que haya sido aprobado un acuerdo de unificación por las partes, cada país “deberá adoptar medidas para facilitar la explotación del yacimiento transfronterizo como una unidad transfronteriza…”.
En el llamado Golfo de México Profundo, la paraestatal reconoce que ya identificó recursos contingentes por 283 millones de barriles de petróleo crudo equivalente e incorporó “reservas a nivel 3P (probadas, con un nivel de 10 por ciento de certidumbre) por 822 millones de barriles”.
De 2000 a 2011, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción destinó unos 50 mil millones de pesos a la exploración, perforación de pozos y adquisición de información sísmica en la zona petrolera denominada Golfo de México Profundo, refiere el boletín 19/2012. En esta se calcula recursos prospectivos por 29 mil 500 millones de barriles.
Con la entrada en vigor del Acuerdo, signado el 20 de febrero pasado, todos los mapas exploratorios serían entregados a su contraparte: los artículos 4 y 5 estipulan que si cualquiera de los dos países tiene conocimiento de la posible existencia de un yacimiento transfronterizo o de una manifestación de hidrocarburos cerca de la línea de delimitación, la parte deberá de notificarlo por escrito a su homóloga en un lapso de hasta dos meses después del hallazgo. A partir de esta notificación y en el mes siguiente deberán de proporcionar la totalidad de la información geológica relevante, así como entregar toda la información disponible que posean.
México cuenta con mapas elaborados durante los dos sexenios panistas respecto de las reservas prospectivas en las cuatro regiones que limitan con Estados Unidos: Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. Entre otras cosas, las cláusulas de confidencialidad que se establecen en el Acuerdo podrían ocultar el uso que darán los funcionarios del gobierno federal a esta información.
Fabio Barbosa Cano, investigador en el Iiec, considera “inaceptable el elevado número de cuestiones y la facilidad que el tratado establece para declarar como información confidencial la información geológica. Se trata de asuntos que en un país como México, donde la industria es de la nación, no pueden ser secretos; situación distinta a Estados Unidos, donde los campos petroleros son propiedad de los inversionistas privados”.
El artículo 2 del Acuerdo establece que es “confidencial cualquier información o datos, incluyendo información geológica de cualquier tipo, clase o naturaleza, ya sea escrita u oral, revelada por una de las partes a la otra, que no está públicamente disponible y cuya información o datos han sido identificados por la parte transmisora como confidencial”.
Sergio Suárez –doctor en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, España– señala que ya se identificaron y mapearon siete provincias petroleras.
De éstas destaca “Cinturón Plegado Perdido. Si bien no han comprobado la existencia de yacimientos, la ubican como el área de mayor prospectiva para Pemex, por estimar que es la continuación de descubrimientos de crudo ligero del lado estadunidense. Las demás provincias serán explotadas por empresas trasnacionales vía contratos incentivados, al contar con la seguridad jurídica y un acuerdo internacional respectivo para trabajar en zonas marítimas mexicanas del Golfo de México.
“En consecuencia, culmina así el objetivo central de la reforma petrolera de 2008: dar cierre al proceso de desnacionalización de la industria petrolera mexicana.”
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