lunes, 8 de octubre de 2012

Amenazan priistas a opositores de megaproyecto eólico en Oaxaca PEDRO MATÍAS 8 DE OCTUBRE DE 2012


OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones civiles denunciaron que los dirigentes priistas Jorge Castellanos y Ernesto Juárez alientan un clima de violencia y amenazas contra los comuneros de San Dionisio del Mar que se oponen al megaproyecto eólico que impulsa la multinacional Mareña Renovable.
Es por ello que la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas Eléctricas repudiaron el clima de violencia y amenazas contra el pueblo Ikojts.
Además, confirmaron que la Caravana en Apoyo a la Resistencia Ikojts saldrá de varias ciudades del país para encontrarse el día 10, a las diez de la mañana, en el parque municipal de Unión Hidalgo, Oaxaca, para de ahí partir rumbo a San Dionisio del Mar.
Las ONG adelantaron, en un comunicado, que ya han confirmado su participación representantes de medios de comunicación nacionales e internacionales, así como grupos sociales, indígenas y de derechos humanos de Oaxaca, así como algunas comunidades, como es el caso del pueblo de Chimalapa, y jóvenes del Movimiento #YoSoy132.
Los grupos civiles recordaron que la escalada de violencia y de hostigamiento en contra de los comuneros Ikojts tiene su origen en la lucha que desarrollan contra el megaproyecto eólico San Dionisio.
También se quejaron de las acciones de hostigamiento “vienen siendo encabezadas por los dirigentes priistas Jorge Castellanos y Ernesto Juárez, quienes buscan a través de las agresiones arrancar los trabajos del mencionado parque”.
El 29 de septiembre anterior, denunciaron, un grupo de unas 20 personas, encabezadas por el agente municipal de San Dionisio Pueblo Viejo trató de agredir a comuneros opositores.
Un día después, Jorge Castellanos intentó atropellar con su camioneta a Isaúl Celaya y a dos comuneros cuando se retiraban a sus domicilios después de haber participado en una asamblea.
Después, el sábado 6, el grupo priista realizó una marcha por las calles de San Dionisio del Mar, donde hicieron amenazas públicas en contra de algunos comuneros y de Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, así como contra Carlos Beas Torres, de la Ucizoni.
Además, los priistas adelantaron que a partir de este martes 9 “iniciarían, a toda costa, los trabajos en el proyecto del parque eólico”.
Es por ello que el Frente del Istmo contra la Imposición, Maiz-Oaxaca, Radio Huave de San Francisco del Mar, Frente Regional de Pueblos Indígenas del Bajo Mixe-Choapam y las radios comunitarias Las Voces de los Pueblos yTotopo responsabilizaron de cualquier agresión a Jorge Castellanos y Ernesto Juárez, así como a su patrocinador Mareña Renovable, compañía multinacional que busca operar en la entidad el parque eólico más grande de América Latina.

Síguenos en twitter @radioamlo

Exigen no ocultar resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones MARCELA TURATI 8 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- Más de 50 organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Secretaría de Salud y a su titular Salomón Chertorivski, presentar de manera urgente los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) del ciclo 2011-2012, cuyos resultados habían sido anunciados para mayo.
En un comunicado señalaron que la ENA no debe manejarse con base en “tiempos políticos” y debe dar los resultados de inmediato ya que éstos sientan la base para evaluar las estrategias emprendidas en contra del uso, abuso y adicción al alcohol, tabaco, drogas médicas e ilegales y constituyen una herramienta indispensable para definir las agendas legislativas y los programas del próximo gobierno.
“La Secretaría de Salud debe publicar los resultados de la ENA 2011, debe desentrañar sus indicadores para ajustar las políticas de prevención y atención hacia las drogas, legales e ilegales. No se trata de cumplir un capricho; estamos ante un problema nacional que el propio presidente Felipe Calderón ha identificado como prioritario en la agenda pública”, expresó el director de Iniciativas para el Control del Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) México, Erick Antonio Ochoa.
Los adherentes de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento) expresaron su desconcierto porque a unas cuantas semanas de que concluya la administración del presidente Calderón, los resultados no han sido públicos y señalaron que si se mantienen ocultos por más tiempo, el esfuerzo de medición puede “malograrse”.
La importancia de la encuesta reside en que los problemas relacionados al consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y drogas lícitas e ilícitas se encuentran asociados a las primeras causas de mortalidad y morbilidad en nuestro país, y que el aumento en el consumo de estimulantes y sustancias adictivas avanza de manera preocupante, sobre todo entre los jóvenes.
“Hace cuatro años la Encuesta Nacional de Adicciones reflejó un incremento generalizado del consumo de drogas ilegales, las cuales aumentaron de 4.6 a 5.2% entre 2002 y 2008. Estamos hablando de drogas nocivas como la mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas”, expresó Ochoa.
Conocer estos resultados, mencionó, permitió encender importantes focos de alerta, por ejemplo cuando se constató que el consumo de drogas ilegales avanzó más entre mujeres, que duplicaron su consumo en 6 años, al pasar de 1% en 2002 al 1.9% en 2008.
La ENA 2008 también aportó evidencia estratégica de que la mariguana y la cocaína, las sustancias ilegales más consumidas por la población, aumentaron de 3.5 a 4.2% y de 1.2 a 2.4%, respectivamente. También de que el consumo de crack y metanfetaminas aumentó seis veces en el mismo periodo.
En el comunicado, Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco (Aliento) señaló:
“Consideramos que no debe demorar más la presentación de la ENA pues se trata del estudio más importante en México para conocer la prevalencia del uso de sustancias adictivas (…) un documento técnico de tal envergadura permitirá a especialistas, servidores públicos e integrantes de organizaciones sociales, construir nuevos argumentos que hagan frente a las falaces y reiteradas campañas que la industria tabacalera ha estado publicitando, sin bases ni estudios serios que les den sustento.”
Expusieron que conocer los nuevos resultados de la encuesta facilitaría la labor de las organizaciones e instituciones en materia de salud, adicciones, educación, infancia y juventud para atender las nuevas situaciones a las que se enfrentan los mexicanos y la planeación estratégica de sus intervenciones.


Síguenos en twitter @radioamlo

Niega gobierno de Veracruz reunión con periodistas de EU; “se encontró conmigo, aunque sin reclamos”: Godwin LA REDACCIÓN 8 DE OCTUBRE DE 2012

XALAPA, Ver. (Proceso).- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, rechazó haberse reunido con los periodistas Peter Godwin, Ed Vulliamy y Jon Lee Anderson, para recriminarles sus puntos de vista sobre el estado de inseguridad que reina en esa entidad para ejercer el periodismo.
Sin embargo, Godwin, presidente del Centro PEN en Estados Unidos, sostiene que sí hubo una reunión con el mandatario a la que asistió junto con el premio Nobel de Literatura en 1986, Wole Soyinka, pero en la que no estuvieron presentes sus colegas, el inglés Ed Vulliamy ni el estadunidense Jon Lee Anderson.
De acuerdo con Godwin, la reunión con el gobernador “se dio inmediatamente después de la conversación en escenario que tuve con Wole Soyinka” en el marco del Hay Festival Xalapa 2012, aunque aclara que no hubo recriminación alguna de Duarte sobre su posición acerca del asesinato de periodistas en Veracruz.
En la misiva redactada por Godwin a propósito del encuentro con el mandatario estatal, el periodista sostiene que Duarte “habló sobre el festival, reconociendo el trabajo de Wole Soyinka, y alabó los recientes logros en el estado de Veracruz”, lo cual, detalla el presidente del club internacional de periodistas, “fue fotografiado y filmado por el equipo de prensa del gobernador”.
Continúa el escrito de Godwin: “Entonces intervine para expresar la grave preocupación de PEN acerca de las matanzas de periodistas en lo particular en Veracruz, y el clima de impunidad en general en México. Cuando lo hice, al equipo de prensa le dieron indicaciones de que dejaran de grabar y que abandonaran el cuarto, lo cual hicieron.
“Aunque me pareció que no estaba contento al ser confrontado con estos temas en la recepción para Wole Soyinka, el gobernador no fue grosero conmigo y no me recriminó al momento de los comentarios que hice en el festival.
“El gobernador habló sobre la situación de seguridad en Veracruz y el progreso de las investigaciones en los más recientes y atroces crímenes de periodistas, cuando entonces le presenté una copia de las recomendaciones de PEN para México”.
En ese escrito se señala que “México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo” y que desde el año 2000, “por lo menos 67 periodistas, escritores y blogueros han sido asesinados, 12 desaparecidos y un sinnúmero han sido amenazados y hostigados”.
El desmentido de Duarte
Por su lado, Gina Domínguez Colío cita una declaración de Jon Lee Anderson para desmentir la nota que esta mañana se publicó en el portal del semanario Proceso bajo el titulo Regaña Javier Duarte a periodistas extranjeros por “hablar mal” de Veracruz.
En el texto de proceso.com.mx se dice que a la reunión con el gobernador, además de Peter Godwin, asistieron Ed Vulliamy y Jon Lee Anderson y que ahi Duarte recriminó a dichos periodistas, quienes participaron activamente en elHay Festival Xalapa 2012, sus reclamos de que se esclarezcan y se haga justicia por los asesinatos de nueve reporteros y la desaparición de otros tres.
En un audio que la oficina de prensa hizo llegar a la redacción de Proceso se escucha la voz de Anderson decir:
“Nunca tuve una reunión con el gobernador. O está mal la revista Proceso, o quien haya dicho a la revista Proceso que me mandó a regañar. En todo caso yo no soy niño para que me regañen”.
En el comunicado del gobierno de Veracruz, la vocera de Duarte sostiene que “el mandatario estatal únicamente se reunió con los premios Nobel de Literatura Jean Marie Gustave Le Clézio y Wole Soyinka, y con la embajadora del Reino Unido de la Gran Bretaña, Judith Anne Macgregor, por lo que la reunión con los periodistas internacionales nunca se llevó a cabo y jamás recriminó las expresiones o puntos de vistas que durante el Hay Festival vertieron”.
La vocera de Duarte añadió que el encuentro sostenido en Veracruz “fue un foro de expresión libre, como consta en los registros de prensa de los 238 medios de comunicación acreditados, en donde los 89 escritores pudieron exponer sus puntos de vista e intercambiar ideas con los asistentes, sin ningún problema.
“La naturaleza del Hay Festival en todo el mundo es justamente el libre intercambio de ideas y sería una contradicción que el gobierno que preside Javier Duarte de Ochoa hubiera promovido con tanto empeño la realización de esta segunda edición para después regañar o recriminar a periodistas o escritores sus opiniones. Eso es totalmente falso”.
En los últimos 18 meses, Veracruz ofrece un saldo de nueve periodistas asesinados, tres desaparecidos y alrededor de 30 han tenido que dejar la entidad por amenazas de muerte.


Síguenos en twitter @radioamlo

… Y los tuiteros también dudan del gobierno de Chihuahua LA REDACCIÓN 8 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- La detención de José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, a quien se le atribuye la autoría material del asesinato de la activista Marisela Escobedo, se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales.
La mayoría de los tuiteros expresó sus dudas sobre la nueva versión ofrecida por la Fiscalía General de Chihuahua, en el sentido de que El Wicked segó la vida de la activista chihuahuense en diciembre de 2010 frente al palacio de Gobierno de esa ciudad norteña.
Y es que el año pasado , en vísperas del primer aniversario de la muerte de la activista, la Fiscalía General de Chihuahua había acreditado el crimen a otro sicario apodado El Payaso, con base, dijo, en pruebas científicas.
Estos son alguno de los comentarios que hicieron los tuiteros:
@aspidgirl: “La noticia de la captura del ‘asesino’ de Marisela Escobedo, lejos de generar satisfacción genera desconcierto”.
@Mornie_Aran: “A poco menos de 2 años detienen al PRESUNTO asesino de Marisela Escobedo… Les digo que la justicia mexicana funciona a modos…”
@luisjorgemm: “@revistaproceso: Sospechan que el gobierno presentó a un falso homicida Marisela Escobedo// a poco si se nota mucho la dif de 40kg?”
@RodolfoEsLo: “No me creo nada lo del asesino de Marisela Escobedo; es un caso que retrata la impotencia causada por delincuentes y autoridades”.
@tepatiketl: “Aún a pesar del tiempo, duele la muerte de marisela escobedo, la detención de supuesto asesino, es una gota ante ésta sequía de justicia”.
@alfabill: “LE CREES AL GOBIERNO SUS SUPUESTAS DETENCIONES COMO CUANDO DETUVIERON AL HIJO DEL CHAPO PERO NO ERA?, NO COMBATE, FOMENTA Marisela Escobedo”
@Solaris_Sanchez: “Detuvieron al asesino de Marisela Escobedo, pero no al de su hija ni a los autores intelectuales // #ComoLeHacenAlPendejo”.
‏@pulgarebelde: “Aww, por qué se duda que el detenido es homicida de Marisela Escobedo? aquí cualquiera confiesa cualquier cosa, tras hrs de tortura, claro”.
@Yvette___: “¡Qué caso tan triste y lleno de confusión, injusticia e impunidad ! Marisela Escobedo a casi dos años de su asesinato”.
@DonChingon2012: “Si el Wicked es montaje @GoberDuarte Te condenas solito a ser el verdadero culpable del asesinato de Marisela Escobedo”, opinaron algunos tuiteros.
Síguenos en twitter @radioamlo

Detectan otros 10 vehículos de Televisa con documentos irregulares; suman 16 LA REDACCIÓN 8 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que además de las seis camionetas con el logotipo de Televisa que fueron retenidas en Nicaragua con 9.2 millones de dólares, el pasado 20 de agosto se detectaron otras 10 unidades de la televisora con documentación irregular.
“En este momento tenemos 10 vehículos ubicados, más los seis de Nicaragua, que obtuvieron la documentación de manera similar a las anteriores”, puntualizó el procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida.
Sobre los responsables de realizar los trámites para obtener la documentación señalada, el funcionario local dijo que hasta el momento no hay detenidos, pero se trata de trabajadores de las delegaciones, por lo que deslindó a empleados de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi).
“No, solamente (son responsables) los de las delegaciones, porque Setravi no tiene injerencia hasta el momento, salvo una vez que se hace el registro y ellos entregan la información, pero el trámite se hace directamente en las delegaciones, pero aún no concluimos, vamos a esperar los dictámenes”, puntualizó.
El 29 de agosto anterior, la televisora de Emilio Azcárraga Jean presentó una denuncia de hechos ante la PGJDF frente a la posibilidad de que algunos de los vehículos confiscados en la aduana Las Manos (Nicaragua) hubieran sido indebidamente registrados, con documentación falsificada, como propiedad de esa empresa.
Con motivo de la denuncia, la PGJDF inició una averiguación previa en la que Televisa solicitó expresamente que se investigaran los hechos y, en su caso, se ejerciera acción penal contra los responsables.
Televisa pidió a esa autoridad que indagara sobre el origen de los vehículos de referencia y solicitó para ello a la dependencia capitalina que requiriera tanto a la Setravi como a la propia planta General Motors o sus agencias de venta, copia certificada de los expedientes, registros o información de compraventa que poseyeran sobre los vehículos vendidos al consumidor final, a fin de identificar a los compradores.
Luego de presentada esa denuncia, la procuradora general de la República, Marisela Morales, afirmó el pasado 20 de septiembre que ni las 18 personas detenidas en Nicaragua ni los vehículos en los que viajaban con dinero y drogas “tienen nada que ver con la empresa (Televisa)”.
En declaraciones a Radio Fórmula, Morales admitió que hubo “una maquinación de las propias personas que están detenidas”, supuestos integrantes del crimen organizado, y se descubrió que pusieron “a nombre de la empresa Televisa estas camionetas”.
Añadió:
“Todo indica (…) que aquí se utilizó el nombre de una empresa en México para tener mayor facilidad en el desarrollo de las actividades criminales, pero no está acreditado que sea realmente la empresa quien tenga la propiedad de esos vehículos ni tampoco que las personas trabajen ahí”.
La funcionaria federal reconoció que “en estos días ha habido varios requerimientos de información” como parte de la investigación penal que se sigue, lo que permitió corroborar que ni los vehículos ni los 18 detenidos tienen que ver con Televisa.
Morales agregó que tal proceder, utiliza “el prestigio o el nombre” de personas o compañías para suplantarles sin que lo sepan, “es parte de la forma en que operan las organizaciones criminales” tanto en México como en otros países.
Cuatro días después de esas declaraciones, la PGR dijo a Noticias MVS Primera Emisión que la información que obtuvo para deslindar a Televisa de los 18 detenidos en Nicaragua provino de la misma televisora.
Noticias MVS Primera Emisión pidió a la Dirección de Comunicación Social la información con la que Morales concluyó que tanto los detenidos como las seis camionetas que les fueron decomisadas con 9.2 millones de dólares, no tenían relación con Televisa, tal y como lo afirmaron al momento de su detención.
En respuesta, la PGR señaló que esa primera conclusión de la dependencia se desprendió de la información proporcionada por la televisora, que no reconoce una relación laboral o comercial con las personas detenidas en Nicaragua, así como de la flagrancia delictiva con la que actuaron los supuestos mexicanos desde que fueron capturados por las autoridades nicaragüenses.


Síguenos en twitter @radioamlo

Arraigan a mando policial de Acuña ligado al asesinato del hijo de Moreira Redacción ANOctubre 8, 2012 5:57 pm

Rodolfo Castillo, subdirector operativo de la policía de Acuña, junto con los oficiales Víctor Carrizales y José Trinidad Landeros se encuentran arraigados, por presuntamente entregar a José Eduardo Moreira.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila informó este lunes que el subdirector operativo de la policía municipal de Acuña, Rodolfo Castillo Montes, se encuentra arraigado porque presuntamente citó con engaños a José Eduardo Moreira Rodríguez, en el lugar donde lo asesinaron la semana pasada.
De acuerdo con el diario Vanguardia, se encuentran arraigados los oficiales de la policía municipal de Acuña,Víctor Carrizales Prieto y José Trinidad Landeros Sifuentes, por el delito de homicidio calificado con premeditación, ventaja y traición, junto a Castillo Montes.
Las autoridades indicaron que continúa la búsqueda Víctor Landeros Sifuentes, alias “La Iguana”, supervisor en la policía municipal de Acuña.
En un comunicado, la PGJE indica que cuenta con tres retratos hablados, de los que serían los autores del crimen, identificados como “El Chagui”, “El Flaco” y “El Pelón”.
(Con información de Vanguardia)



Síguenos en twitter @radioamlo

Así fue la ‘Marcha de las Putas’ del domingo en Puebla


Miembros de organizaciones sociales se manifestaron con el propósito de erradicar la violencia contra las mujeres. (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro)


Se escucharon consignas como “Escucha, baboso, yo elijo a quien me cojo” y “Escucha, acosador, no me gusta el arrimón” (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro)


Rechazaron la idea de que las mujeres son culpables del acoso y los ataques sexuales en calles, escuelas, centros hospitalarios, de trabajo y de diversión. (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro)


La Marcha de las Putas inició en la ciudad de Toronto en Canadá, el 24 de enero de 2011. (Foto: Hílda Ríos/Cuartoscuro)


“Con esta marcha nos apropiamos de la palabra Puta para rechazar cualquier tipo de violencia ejercida hacia nosotras con el pretexto de nuestra apariencia”, afirmó Natalí Hernández Arias, una de las organizadoras. (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro)


"Es momento de alzar la voz, romper prejuicios y decir ‘este cuerpo es mío’; ninguna ocupación, vestimenta o actitud, vuelve a una mujer una puta” gritaban a una sola voz (Foto: Hilda Ríos /Cuartoscuro)


“Estamos ya muy dolidas de seguir perpetuando estereotipos" manifestó otra organizadora (Foto: Hilda Ríos/Cuartoscuro)


Síguenos en twitter @radioamlo

Democracia triturada JOHN M. ACKERMAN 8 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Solamente alguien muy ingenuo podría ver una casualidad en la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de destruir las boletas electorales de 2006 unos días antes de que termine el mandato de Felipe Calderón. Los consejeros y los magistrados electorales no se cansan nunca de declarar que todo lo que hacen está “apegado estrictamente a derecho”. Pero el caso de las boletas electorales demuestra precisamente lo contrario. Cuando fuertes intereses políticos y económicos se encuentran de por medio, las autoridades de nuestro país están dispuestas a hacer absolutamente todo, menos lo que indica la ley.
Como ya hemos argumentado en numerosas ocasiones en estas mismas páginas (más recientemente en http://www.proceso.com.mx/?p=288777), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el artículo 6° de la Constitución no solamente permiten, sino que obligan al IFE a poner las boletas electorales de 2006 a disposición de los ciudadanos. Ello se refuerza con las recientes reformas al artículo 1º de la Constitución, donde quedó plasmado el principio pro persona, según el cual la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos debe dar “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Sin embargo, el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han inventado un sinnúmero de argumentos ad hoc para evadir la ley y negar las solicitudes de acceso presentadas por la revista Proceso y por miles de ciudadanos. Pero ninguna de las múltiples resoluciones y sentencias ordenan al IFE triturar las boletas de 2006 antes de que Calderón entregue la banda presidencial. Estas resoluciones tampoco prohíben al IFE permitir el acceso ciudadano a las boletas antes de la eventual destrucción del material.
Las instancias revisoras se han limitado a ratificar la decisión del IFE de negar las solicitudes realizadas hasta la fecha. No han emitido orden alguna hacia los consejeros con respecto a acciones específicas en el futuro. Si mañana una mayoría de integrantes del Consejo General del IFE quisieran poner las boletas electorales a disposición de la sociedad, podrían hacerlo sin incurrir en falta alguna.
La ausencia de una prohibición de acceso al material electoral se ilustra con el hecho de que el mismo IFE ha autorizado sus propios estudios sobre el contenido de los paquetes electorales correspondientes a las elecciones federales de 2003, 2009 y 2012. Extrañamente, el material electoral de 2006 es el único que resulta ser “indisponible” para dichos estudios adicionales.
En 2010, el consejero Marco Antonio Baños fue retratado por la prensa enseñando públicamente una boleta electoral utilizada en las elecciones federales de 2009 antes de introducirla en la trituradora. A nadie se le ocurrió presentar denuncia, queja o juicio en su contra por este acto simulado e hipócrita de transparencia. Hoy tampoco procedería juicio alguno en contra de los consejeros que decidieran permitir el acceso ciudadano a la totalidad de la papelería utilizada en 2006.
Tampoco existe prisa para proceder a la destrucción del material. Entre el 27 de abril de 2007, cuando el TEPJF resolvió la impugnación de Daniel Lizárraga, y el 10 de enero de 2008, cuando el juez Noveno de Distrito ordenó la suspensión de la destrucción de las boletas, no existía mandato legal alguno que prohibiera la destrucción del material electoral. Tampoco ha existido prohibición desde el pasado 2 de noviembre de 2011, cuando la CIDH desechó definitivamente el recurso de Rafael Rodríguez Castañeda. El hecho de que el IFE no procedió a la destrucción antes y esperó hasta hoy, una vez pasadas las elecciones presidenciales y antes del final del sexenio de Calderón, revela de manera contundente la politización de su proceder.
Los consejeros del IFE han señalado la necesidad de destruir las boletas por razones de “austeridad”, ya que su resguardo sale muy caro. Pero lo que los ciudadanos piden no es que se mantengan resguardadas para siempre, sino solamente que se permita el acceso a ellas antes de su destrucción. Si los consejeros realmente hubieran querido minimizar costos, habrían exhibido las boletas desde un día después de la culminación del proceso electoral de 2006 para así poder proceder en seguida a su destrucción.
Queda claro que no es la ley, sino son los funcionarios los que obstaculizan nuestro derecho a saber. Las leyes no funcionan como programas de computadora ni como recetas de cocina. La misma norma otorga enormes poderes discrecionales a nuestras autoridades electorales, y ellas son las que deciden ejercerlos ya sea a favor del interés público o, como ocurre con demasiado frecuencia, a favor de sus intereses personales o de grupo. Así como el IFE decidió por motivos políticos alargar hasta 2013 el proceso de fiscalización de las campañas presidenciales de 2012, hoy los consejeros deciden aprovechar el “interregno” para terminar de triturar nuestra dolida democracia.
En lugar de actuar como un órgano autónomo y ciudadano, el IFE se convierte en un simple testigo de honor del pacto de continuidad e impunidad entre Calderón y Enrique Peña Nieto. El actual ocupante de Los Pinos compra aviones extravagantes, inaugura cárceles de lujo e impone una reforma laboral retrógrada para dar la bienvenida con alfombra roja al próximo presidente. A cambio, el priista promete total impunidad a Calderón, tanto por los muertos de su “guerra contra las drogas”, como por la usurpación de la Presidencia de la República en las elecciones de 2006.
Twitter: @JohnMAckerman


Síguenos en twitter @radioamlo

En México la prensa no es libre y se acosa a los cibernautas: Freedom House JENARO VILLAMIL 8 DE OCTUBRE DE 2012

MÉXICO, D.F. (apro).- La violencia física en contra de algunos usuarios de internet y periodistas, la firma de acuerdos internacionales que afectan las libertades online, como el caso del acta antipiratería (ACTA), así como los ataques tecnológicos de autoridades gubernamentales contra ciberactivistas, como Anonymous, ubican a México por debajo de Argentina, Brasil, Estados Unidos y Alemania en libertad en el uso de redes sociales.
Estos datos derivan de un estudio comparativo “Libertad en la Red 2012”, elaborado por la organización Freedom House, entre enero y mayo de este año.
“La disminución de la libertad en internet en México ocurre en el contexto del incremento de la violencia y el crimen organizado, lo que ha afectado directamente a la libertad de expresión en línea”, aseguró Sanja Kelly, especialista que dirigió la elaboración del reporte, consultado por el suplemento “Interfase” del periódico Reforma.
El estudio sólo reconoció a 14 naciones como “libres en el uso de internet. Argentina y Brasil se ubicaron en los lugares 9 y 11, respectivamente, mientras México se colocó en el sitio 19, bajo la categoría de “parcialmente libre”, junto con países como Egipto, Rusia, Libia y Venezuela.
Considerados como “no libres” están los países como Cuba (lugar 46), China (45), Irán (47) donde existe bloqueo web 2.0, regulación para vigilar, usuarios arrestados, usuarios atacados, así como manipulación informativa.
El estudio cita los casos de los usuarios de Twitter arrestados en Boca del Río, Veracruz, por el gobierno de Javier Duarte; la detención del usuario Mario Flores por haber publicado un mensaje polémico en la red social el día que se cayó el helicóptero del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, así como la exhibición de dos usuarios de internet en un puente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la firma del Cartel de los Zetas.
También mencionó los ataques ocurridos a los ciberactivistas que pertenecen al colectivo Anonymous en México.

Síguenos en twitter @radioamlo

Observadores de la Unión Europea reprueban la elección mexicana MARCO APPEL 8 DE OCTUBRE DE 2012

Un documento relativo al pasado proceso electoral de México, elaborado por un grupo de expertos de la Unión Europea, confirma lo que amplios sectores políticos y sociales de este país constataron: el perfil fraudulento de los comicios y la indolencia del Instituto Federal Electoral ante el cúmulo de irregularidades detectadas. Entre otros aspectos, el informe redactado por la misión de la UE consigna la evidente intromisión del duopolio televisivo en favor del candidato priista, Enrique Peña Nieto.
BRUSELAS, (Proceso).- Enrique Peña Nieto llegará a Europa –en una gira que empezará el jueves 11 y terminará el jueves 18– cuando ya se divulgó aquí el contenido de un informe de la Misión de Expertos Electorales (MEE) de la Unión Europea (UE) sobre las elecciones en México, documento que entre otras irregularidades reporta las denuncias de compra y coacción masiva del voto para favorecer al priista y cuestiona la pasividad del Instituto Federal Electoral (IFE), que no investigó las acusaciones.
Más aun, el informe de la MEE afirma que Televisa y TV Azteca, con el control casi total que detentan del mercado televisivo, obstaculizaron el ejercicio de una cobertura plural de las campañas presidenciales en los medios, lo que, asegura, no pudo comprobarse oficialmente debido al deficiente monitoreo que la Universidad Nacional Autónoma de México realizó para el IFE.
En el documento de 24 páginas –cuya copia obtuvo Proceso– la MEE incluso sostiene que las autoridades judiciales mexicanas “deberían” investigar “la compra de cobertura editorial” de partidos y candidatos durante la campaña y menciona la necesidad de abrir una averiguación del caso particular del “presunto acuerdo entre el PRI y Televisa para impulsar la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto”.
El informe señala: “La instancia judicial competente no debería renunciar a la investigación de este tipo de prácticas, por mucho que la existencia de pactos secretos entre partidos y medios de comunicación para obtener cobertura informativa pueda ser muy difícil de demostrar”.
Los especialistas europeos exponen que una forma de proporcionar “evidencia empírica” que esclarezca las denuncias de la izquierda y del movimiento #YoSoy132 en relación con el “sesgo mediático” favorable al candidato priista, sería que los partidos políticos seleccionaran a una “entidad imparcial de la sociedad civil” para que haga un monitoreo eficaz de medios.
El pasado 24 de septiembre la jefa de la delegación de la UE en México, Marie-Anne Coninsx, le dio una copia del informe final de la MEE al consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita. Ese mismo día el IFE emitió un boletín en el que se limitó a informar del acto de entrega del documento y del modo en que operó la misión de expertos. También informó que ésta comenzó a funcionar cinco semanas antes del día de las elecciones y señala las fases del proceso electoral que observó.
Sobre el contenido del documento el comunicado del IFE sólo dice que “los expertos europeos reconocen el avance democrático de México, así como la fortaleza y legalidad de las instituciones electorales”, pero no menciona ninguna de las muchas críticas vertidas en él.
La agencia Notimex y la mayoría de los medios mexicanos se conformaron con reproducir en sus notas el comunicado del IFE, que atribuyó a la MEE únicamente elogios para el proceso y las instituciones electorales.
En el documento los especialistas electorales –acreditados por los 27 gobiernos de la UE y el Servicio Europeo de Acción Exterior– culpan al IFE de haber consentido prácticas electorales tipificadas en el Código Penal mexicano como delitos, en referencia a la compra y coacción del voto, tal como sucedió, destaca el informe, con la entrega de monederos electrónicos que podían ser canjeados –a cambio del voto por el PRI– en las tiendas Soriana.
Los expertos europeos reprochan al IFE que haya decidido en su momento no dictar medidas cautelares y, por lo tanto, no congelar las cuentas bancarias de donde salía el dinero para efectuar esas dudosas operaciones. El IFE alegó que no había pruebas de esas conductas delictivas, argumento que los europeos enviados a México desacreditan.
“La MEE –expone el reporte– comparte la opinión de algunos analistas y observadores que consideraron la aparente falta de actuación del IFE como abiertamente conservadora y como una oportunidad perdida para emitir una señal de desaprobación hacia ese tipo de prácticas.”
Y remata con un duro cuestionamiento: “Los acontecimientos poselectorales, llenos de acusaciones sobre la inequidad de las elecciones, supuestamente debida a la compra y coacción del voto, han puesto de manifiesto los pobres logros del IFE a este respecto”.
El reporte puntualiza que el Código Penal mexicano castiga la compra de votos con multas y penas de prisión e incluso prevé la inhabilitación y la destitución del cargo de los funcionarios infractores.
Por tal motivo los especialistas europeos consideran que la Procuraduría General de la República –concretamente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales– debería “actuar más enérgica y sistemáticamente” en estos casos.

“Concentración mediática”

El informe de la MEE ofrece el análisis de la campaña presidencial en distintos aspectos del marco electoral mexicano, el cual es calificado como uno “altamente especializado”, “complejo”, “detallado” y que prevé “instituciones electorales sólidas tanto a nivel federal como local”.
Ello, sin embargo, se atribuye a “una subyacente falta de confianza de los votantes y los partidos políticos hacia los procesos electorales”.
El apartado más extenso y donde se percibe mayor preocupación es el que concierne al tema de la regulación de los medios.
Los expertos europeos confirman que la democratización de los medios electrónicos, controlados por el duopolio televisivo, fue el tema que ocupó “el centro del debate político” durante la campaña presidencial.
Refieren: “México presenta un panorama de medios electrónicos de alta concentración que compromete la pluralidad periodística. Particularmente en el caso de la televisión, que según una estimación muy extendida es el medio preferido por cuatro de cada cinco mexicanos para informarse de política”.
Con datos de un informe de 2006 de la Comisión Federal de Competencia el documento europeo enfatiza que dicha concentración se ejerce a todos niveles: empresarial, de audiencia y de mercado publicitario. Y precisa: “Sólo dos empresas, Televisa y TV Azteca, capitalizaban 96.8% de la audiencia y la práctica totalidad de los ingresos publicitarios en televisión, medio que atraía, además, 58% de la inversión publicitaria total”.
Sin embargo, se advierte que la apertura de un proceso de licitación para conceder dos nuevas licencias de televisión –y que anunció a principios de junio pasado la Comisión Federal de Telecomunicaciones– ayuda a resolver el problema de la concentración “pero no garantiza mayor diversidad editorial”.
El reporte explica que para avanzar en una mayor desconcentración y pluralidad en los medios electrónicos es necesario que las autoridades mexicanas apliquen, como se hace en Europa, “medidas adicionales, como la potenciación de una televisión del Estado orientada al servicio público y con una programación que conjugue la ecuanimidad, la calidad y el interés de la información política o las ayudas a los medios comunitarios y a los medios privados minoritarios”.
Así, la misión europea hace una inusual crítica –viniendo de una entidad con el aval de la UE– a la actitud de Televisa y TV Azteca frente a las reformas electorales de 2007 y 2008, que entre otras cosas prohibieron la compra de tiempo-aire en periodos electorales.
El duopolio considera que tales cambios legislativos “violan su derecho a la libertad de expresión”.
Con ese razonamiento, las televisoras desplegaron en sus pantallas una campaña de linchamiento contra las instituciones electorales, incluyendo expresiones de protesta de sus presentadores estrella durante un debate en la materia celebrado en el Senado en 2007.
Al respecto los expertos europeos argumentan: “Tanto la restricción de la publicidad en los medios electrónicos, que llega en algunos países a la prohibición, como la distribución de espacios electorales gratuitos en medios electrónicos, ya sean privados o del Estado, es una práctica habitual en regímenes democráticos que en modo alguno se considera violatoria de la libertad de expresión”.
Continúan: “El fundamento de la limitación o prohibición de la compra de propaganda electoral en radio y televisión es que estos medios, sea cual sea su régimen de propiedad, tienen obligaciones públicas en razón de su ocupación del espacio radioeléctrico, que es un bien público, limitado y sujeto a la regulación del Estado”. Por tanto, indican, la distribución de espacios gratuitos en los medios privados “debe ser considerada contrapartida a su usufructo del espacio radioeléctrico”.
Además el reporte hace hincapié en que tal limitación “reduce el riesgo de que los partidos políticos desarrollen lazos de dependencia con los grandes poderes económicos”.
La MEE concluye que tales reformas, que afectaron los intereses económicos de las televisoras, “han supuesto avances en términos de igualdad de oportunidades de partidos y candidatos durante las campañas” y están en línea con los criterios internacionales.

Monitoreo ineficiente

No obstante, observa el escrito, esas reformas dieron lugar durante la campaña presidencial a fenómenos que no corresponden con una comunicación electoral digna de un país democrático.
Por un lado los medios de comunicación sobrecargaron su programación con spots electorales de 30 segundos cada uno que fueron transmitidos en bloques continuos de hasta seis minutos de duración. El resultado: “El hastío de la audiencia” y “la pérdida del interés y del ya limitado valor informativo” de tales “píldoras publicitarias”, recalca.
Por otro lado expone que el IFE no retiró los spots que juzgó denigrantes y calumniosos antes de ser emitidos, ya que la Constitución prohíbe su censura previa. Ello, lamenta el documento, provocó al candidato afectado “un daño irreparable antes de la celebración de las elecciones”.
Pero una de las consecuencias más perniciosas de la prohibición de comprar propaganda electoral, plantea la MEE, fue el agravamiento de un problema ya existente: la compra clandestina de cobertura editorial. Y en este renglón, subrayan los especialistas europeos, el proceso presidencial mexicano careció de un eficiente monitoreo de medios, indispensable para detectar a los electrónicos que incurran en desequilibrios en la cobertura de la campaña.
Desde 2009 el IFE encargó esa operación de monitoreo a la UNAM, que para las pasadas elecciones presidenciales contrató y formó a un equipo de 180 alumnos de su Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
La MEE considera que ese monitoreo de la UNAM no cuenta con la metodología correcta: sólo toma en consideración los noticieros, deja fuera de observación otros programas de contenido político (como tertulias, debates o emisiones de opinión) y tampoco incluye las declaraciones de cargos públicos electos que no compiten en las elecciones.
Sin embargo, la principal debilidad que observa la MEE es que las notas informativas que examina el monitoreo de la UNAM sólo son valoradas en tres tipos: positivas, negativas o neutras, con la finalidad de evitar caer en una interpretación personal de los individuos que realizan ese trabajo.
El efecto de esa decisión metodológica, explican los expertos europeos, “ha sido peor que el riesgo que trata de evitar”, ya que no arroja información útil.
A su juicio la imparcialidad del trato informativo “no se puede establecer cabalmente a menos que se evalúe la calidad del tiempo que se dedica a los partidos y candidatos observados”, por lo que propone que mejor sean aplicados “modelos de codificación del tono” de las noticias, que suelen utilizar las misiones de observación electoral y que prevén estrategias para moderar la subjetividad de las personas encargadas de la codificación.
Por todo lo anterior, concluye la MEE, “el monitoreo de medios (de la UNAM) no puede proporcionar una radiografía completa de la existencia y magnitud del sesgo informativo de los medios electrónicos pese a que este ha sido uno de los grandes temas de la campaña electoral”.


Síguenos en twitter @radioamlo

“Familia por familia”, la consigna de Los Zetas contra Moreira LA REDACCIÓN 8 DE OCTUBRE DE 2012

SALTILLO, COAH. (Proceso).- La tarde del miércoles 3 José Eduardo Moreira Rodríguez, coordinador de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social en Ciudad Acuña, Coahuila, se dirigía a un acto organizado por el diputado local Cuauhtémoc Arzola. Nunca llegó. Varios de los asistentes dijeron haber visto una camioneta parecida a la del muchacho abandonada cerca del ejido Santa Eulalia. Arzola acudió al lugar.
Ahí encontró a José Eduardo con dos tiros en la cabeza y un mensaje cuyo contenido no fue revelado, pero que se sabe que hablaba de una venganza de Los Zetas.
Según los primeros resultados de las investigaciones y de acuerdo con Carlos Ariel Moreira –hermano menor de Rubén y Humberto– el asesinato del joven hijo del exgobernador y exdirigente nacional del PRI fue anunciado en pancartas colocadas en Piedras Negras, Coahuila, en las que se amenazaba a la familia. José Eduardo era el más vulnerable.
Así, el asesinato parece responder a la muerte de Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, segundo al mando de Los Zetas.
Treviño Chávez murió en un tiroteo con efectivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de la procuraduría estatal.
“Familia por familia”, fue la consigna de Los Zetas contra Rubén Moreira en mantas colocadas en diversos puntos de Coahuila el mismo miércoles. Aunque dicha información no fue dada a conocer por el gabinete de seguridad coahuilense, otro de los hermanos Moreira, Carlos Ariel, confirmó el dato.
“Hubo mantas donde señalaban que iban a ir por uno de nosotros y se fueron por el que estaba más cerca de ahí, que no tenía cómo protegerse, no sabía cómo defenderse. Iban en contra de la familia por lo que pasó en Piedras Negras (la muerte de Treviño Chávez), es la información que yo tengo”, dijo en el funeral de su sobrino.
A partir de la fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras el pasado 17 de septiembre los operativos que derivan en balaceras han aterrorizado a los habitantes de aquella ciudad y de Acuña.
La mañana del miércoles 3, efectivos del GATE abatieron a cuatro pistoleros, entre ellos Alejandro Treviño.
El procurador de Coahuila, Homero Ramos Gloria, informó que el hallazgo del cuerpo de José Eduardo Moreira fue reportado desde Ciudad Acuña a las 21:20 horas del miércoles 3.
Un día después llegaron a Saltillo funcionarios de la Marina, la Defensa, Gobernación, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública federal para coordinar las investigaciones.
Entre los funcionarios federales que encabezarán las investigaciones están la subprocuradora Victoria Pacheco Jiménez; Luis Arturo Oliver Cen, jefe de Estado Mayor Presidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el almirante José Santiago Valdés Álvarez, jefe de Estado Mayor de la Marina.
También participarán Jaime Domingo López Buitrón, director general del Cisen; Luis Cárdenas Palomino, comisario de la Policía Federal, y el general Noé Sandoval Alcázar, comandante de la IV Región Militar.
Es decir: Todo el aparato de seguridad del Estado para buscar a los asesinos del hijo de Humberto Moreira.
Y los primeros resultados de las investigaciones llegaron pronto.
El viernes 5 el procurador Ramos informó que ya se había detectado que algunos funcionarios municipales presuntamente estaban implicados en el asesinato. “Tenemos tres presentados” en Saltillo y “cuatro arraigados que estuvieron declarando prácticamente la noche entera en Acuña”, aseguró en una entrevista radiofónica.

Feudo de los Treviño

La franja fronteriza coahuilense enfrenta un escenario de terror desde hace meses, producto de la disputa entre el Cártel del Golfo y Los Zetas, por la guerra interna entre el grupo de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, y el de Iván Velázquez Caballero, Z-50 o Talibán, y por la lucha entre la mafia y las fuerzas de seguridad.
Entre desapariciones de familias enteras en los municipios cercanos –Allende, Morelos, Nava y Zaragoza– y ejecuciones y tiroteos que no se reportan por el régimen de terror aplicado contra la prensa local, las evidencias de las múltiples confrontaciones apenas quedan registradas en las redes sociales.
Compuesta por los municipios Hidalgo, Guerrero, Piedras Negras y Ciudad Acuña, la frontera de Coahuila es controlada por Los Zetas desde 2002, cuando barrieron la estructura criminal de Los Texas, una banda que en los noventa tuvo gran fuerza dentro del Cártel del Golfo cuando lo comandaba Juan García Ábrego.
Desde entonces y hasta 2007 Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16 (detenido en diciembre pasado en Veracruz), fue responsable de las operaciones en Piedras Negras. Pero ese año fue enviado como relevo Óscar Omar Treviño Morales, L-42, quien mantiene el control del norte de Coahuila para su hermano L-40 (Proceso 1736 y 1846).
La importancia de los Treviño en la estructura criminal de Los Zetas se ha revelado a partir de la detención de otros dos de sus familiares. El pasado 12 de junio efectivos de la Armada detuvieron a Juan Francisco Treviño Chávez, El Quico, en un centro comercial de Monterrey. Con él estaba Jesús Chávez, quien de acuerdo con la Secretaría de Marina era jefe de plaza de Los Zetas en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.
Juan Francisco es hermano de Alejandro, el abatido el miércoles 3, y son hijos de José Treviño Morales, quien a principios de octubre fue detenido en Oklahoma por lavado de dinero; la investigación resultante salpicó en plena campaña electoral lo mismo a priistas que a panistas debido a la implicación del político y empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa (Proceso 1857).
Tras el asesinato de José Eduardo Moreira y el anuncio del despliegue de seguridad, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila emitió un comunicado expresándole a Humberto Moreira sus condolencias, pero le recordó que lleva años buscando que las autoridades federales y estatales se coordinen para aclarar la situación de los desaparecidos.
El gobierno estatal emprendió una cruzada en medio de la violencia exacerbada. Entre otras cosas en los meses recientes Rubén Moreira prohibió los casinos; impulsó y aplica una radical ley seca que permite a los policías ingresar a lugares privados a suspender fiestas y tiene un programa de recompensas.
Dicho programa salió a relucir cuando el pasado 17 de septiembre se fugaron 131 reos del penal de Piedras Negras y el gobernador ofreció recompensas de 200 mil pesos por cada fugado reaprehendido.
Pero la violencia no cesa. Crece.
La noche del 27 de septiembre los enfrentamientos se repitieron durante dos horas por distintos rumbos de Piedras Negras, con bloqueos de avenidas, vehículos incendiados y un tiroteo continuo que duró una hora.
Al mando de Z-40 y de Heriberto Lazcano, El Lazca, Los Zetas han operado en Coahuila con impunidad, infiltrando los cuerpos de seguridad local y federal y la estructura de la VI Zona Militar.
Desde la caída de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, expolicía judicial de Coahuila y exagente de la PGR, plazas como Torreón, que estaban en poder de los hermanos Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa, pasaron a manos de Los Zetas.
Uno de los primeros zetas que controló Coahuila fue Germán Torres Jiménez, Z-25 o Tatanka, un exmilitar y fundador de ese grupo.
Fue detenido en Poza Rica, a donde huyó después de conocerse que coordinó el plagio del estadunidense experto en secuestros Félix Batista el 10 de diciembre de 2008 en Saltillo. Su ubicación fue denunciada a la Policía Federal por los mismos dirigentes del grupo.
Desde su llegada a Coahuila Los Zetas contaron con la protección de autoridades de todos los niveles. Esas relaciones salieron a relucir durante el mandato de Humberto Moreira, ya que el hermano de Jesús Torres Charles, su procurador, recibía miles de dólares por estar al servicio del grupo.
Los Zetas penetraron las filas del Ejército, la PGR, la Policía Federal, la PGJE y las policías estatales. La detención de cuatro líderes zetas reveló la complicidad de altos funcionarios a los que el grupo delictivo les pagaba fabulosos sueldos (Proceso 1837).
Incluso en esa época varios líderes fijaron su residencia en el estado, para desde ahí operar en Monterrey y otras plazas. Capos regionales como Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón; Juan Oliva Castillo, La Rana, quien ordenó el atentado al casino Royale, y Alberto José González Xalate, El Paisa, detenido en abril de 2012, tenían su centro de operaciones en Saltillo.


Síguenos en twitter @radioamlo