El lodo que invade el mundo de los casinos cubre por igual a quienes otorgan los permisos y a quienes los explotan, pero hay signos de que incluso su cancelación obedece a una lógica corrupta. Un caso: Si bien la Secretaría de Gobernación inició el proceso para revocar el de Emex, propiedad del Zar de los casinos –vinculado a la cúpula del PAN-, presuntamente lo hizo para beneficiar al fondo de inversión británico BlueCrest. Esto es lo que cree el empresario de origen argentino Rubén Horacio Pryluk, a quien Emex le adeuda 299 millones de dólares.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A tres meses de finalizar el sexenio, el gobierno de Felipe Calderón inició el procedimiento para cancelar el permiso de operación de centros de apuestas a Juan José Rojas Cardona, El Zar de los casinos, quien lo obtuvo en la administración de Vicente Fox.
El 13 de agosto el titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Carlos Armando Reynoso Nuño, envió un oficio al apoderado legal de Entretenimiento de México, S.A. de C.V. (Emex), Arturo Rojas Cardona –hermano de Juan José–, para enterarlo del inicio del procedimiento administrativo.
Sin embargo, esta decisión es ilegal e infundada, asegura el apoderado legal de la empresa Cellular Networks Solutions Mexico, S. de R.L. de C.V., Rubén Horacio Pryluk, a la que Emex adeuda 299 millones de dólares, que podría no cobrar si se revoca el permiso.
Más aún, afirma, la Secretaría de Gobernación busca beneficiar a BlueCrest, el fondo de inversión británico que a su vez reclama a los Rojas Cardona el pago de 63 millones de dólares, pese a que se trata de un “crédito inexistente”, como él lo denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En lo que es el más reciente episodio de la truculenta historia del Zar de los casinos, vinculado a prominentes políticos y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Pryluk afirma que la Secretaría de Gobernación inició la revocación del permiso a Emex “a petición expresa” del apoderado de BlueCrest, Santiago García Luque.
Esto a pesar de que existe impedimento legal para proceder administrativamente, debido a que Emex se encuentra en concurso mercantil, promovido también por BlueCrest, y la ley protege la conservación de la empresa y a los acreedores, como él.
Precisamente por ello presentó una denuncia penal ante la PGR contra Reynoso Nuño –hermano del vocero del CEN del PAN– y García Luque, que se suma a otra que formuló contra este último por falsear documentos.
Empresario de origen argentino, quien firmó con Emex un contrato para proveerlo de tecnología –ajena a centros de apuestas, aclara–, Pryluk afirma que la revocación del permiso lo perjudica a él, quien además, denuncia, ha sido víctima de amenazas y de obstáculos para impedir su naturalización.
“Bluecrest Special Situations, Bluecrest Special Situation Master Fund Limited y la Secretaría de Gobernación violan la legislación aplicable en forma impune y en perjuicio de mi patrimonio empresarial inventando un proceso administrativo totalmente ilegal e infundado en contra de mi deudor, Entretenimiento de México, y de igual forma por debajo de la mesa bloquean mi naturalización como mexicano, así como la de toda mi familia.”
En breve entrevista con el reportero, la tarde del jueves 27, Pryluk adelanta que, “en caso de no terminar este acoso legal y personal”, presentará otra denuncia contra Reynoso Nuño y contra los apoderados legales de BlueCrest, entre ellos García Luque.
–¿Qué gana BlueCrest si le quitan el permiso a Emex?
–¡Por favor! ¡Se queda con el permiso, se queda con todo!
Panistas “casineros”
La revocación del permiso a Emex, que obtuvo en mayo de 2005 –cuando el secretario de Gobernación era Santiago Creel–, representaría el derrumbe de los hermanos Rojas Cardona, involucrados en numerosos escándalos financieros, judiciales y políticos, sobre todo Juan José.
En agosto del año pasado, tras la muerte de 52 personas en el casino Royale en Monterrey, Nuevo León, emergió la red de complicidades de autoridades, políticos y operadores de casinos, entre ellos prominentes panistas.
De hecho, este semanario publicó un informe elaborado por panistas que documenta que Gustavo Madero recibió financiamiento, “en efectivo y en especie”, del Zar de los casinos para su campaña por la presidencia del PAN (Proceso 1860).
Los apoyos de Rojas Cardona a Madero se hicieron a través del secretario particular de éste, Jorge Villalobos Seañez, actual vicecoordinador de la diputación del PAN, y del que fue coordinador de campaña, Rodolfo Dorador, también diputado federal.
De hecho, un personaje de Nuevo León, identificado como empleado de Rojas Cardona, Paul Iván Garza Téllez, fue designado por Madero director del Registro Nacional de Miembros (RNM) del PAN, y allegado a Margarita Arellanes, alcaldesa electa de Monterrey, quien sustituyó a Fernando Larrazabal, también diputado federal.
Además de estos dos personajes, el coordinador de la bancada del PAN, Luis Alberto Villarreal, y su hermano Ricardo, también diputado, están vinculados con los casinos, lo mismo que otro miembro de la diputación, Guillermo Anaya, compadre de Calderón.
El tema cobró relevancia luego de que el equipo de campaña por la relección de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, devolvió donativos por 200 mil dólares a Carlos y Alberto Rojas Cardona, hermanos de Juan José, quien fue encontrado culpable de tráfico de drogas en 1994, luego violó su libertad bajo fianza en Iowa y se instaló en México en el negocio de los casinos.
La investigación en el PAN se inició a raíz de que Madero designó a Garza Téllez como director general del RNM –el padrón del PAN–, miembro del grupo que en Nuevo León es conocido como “La santísima trinidad”. El informe dice:
A mediados del mes de diciembre de 2010 y después de conocerse la noticia del nuevo director del RNM del PAN, la senadora Judith Díaz trató de hablar con el presidente del partido, Gustavo Madero, para advertir de las relaciones públicas y privadas de Iván Garza, pero como ha sucedido en otras ocasiones no habló con Madero porque su secretario, Jorge Villalobos, sistemáticamente debe enterarse a fondo del tema a tratar y si él puede responder por el senador pues no se da la entrevista.
Él le explicó que no había ningún problema con la contratación del nuevo director, ya que él (Iván Garza) se había peleado con los consejeros nacionales de Nuevo León que apoyaron a Roberto Gil, refiriéndose a que Garza Téllez ya no pertenecía al poderoso grupo San Nicolás, hoy llamado en medios públicos y panistas como La santísima trinidad –Fernando Larrazabal, Zeferino Salgado y Raúl Gracia–.
También le argumentó Judith Díaz la relación con Juan José Rojas Cardona, a lo que contestó Villalobos que tampoco había problema, porque había apoyado la campaña del senador Madero a la presidencia del partido, en efectivo y en especie, comentando que José Serrano tenía control de esa relación.
Truculencias
Ajeno a estas truculencias, el ciudadano de origen argentino Rubén Horacio Pryluk trabó relación con Emex en 2010, con el fin de proveerlo de tecnología para implementar un sistema informático “inteligente de procesamiento de datos, transacciones y operaciones on line” en puntos de venta en el país para, por ejemplo, la recarga de teléfonos celulares.
El 30 de abril de 2010 firmó un contrato de provisión de capacidad con Emex, representada por Víctor Hugo González Montemayor, pero la empresa de los Rojas Cardona incumplió a raíz de la demanda de concurso mercantil de BlueCrest y él quebró.
Ahora Pryluk reclama a Emex el pago de 299 millones de dólares, que no podrá cobrar si la Secretaría de Gobernación revoca el permiso, algo para lo que esa dependencia está jurídicamente impedida, como se lo hizo saber, el 18 de septiembre, a la Dirección General de Juegos y Sorteos.
De hecho, el propio juez Tercero de Distrito en materia civil y de trabajo de Nuevo León le dio a Pryluk la calidad de “acreedor mayoritario”, según la “Sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos”, que dictó el 24 de agosto, y por eso impugna el procedimiento para revocar el permiso.
La Secretaría de Gobernación argumenta que inició el procedimiento con base en el artículo 34, fracción 4 del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que establece que el permiso se extinguirá cuando el permisionario se encuentre, entre otras hipótesis, en “concurso mercantil”.
Sin embargo, no es el reglamento de esa ley la aplicable, sino la Ley de Concursos Mercantiles, que persigue la conservación de la empresa como una cuestión de interés público.
Pero además, recuerda, la sentencia de concurso mercantil no está firme, sino sujeta a apelación, por lo que tampoco la Secretaría de Gobernación puede aplicar el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
“En virtud de lo anterior y en estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Concursos Mercantiles, queda claro que no puede llevarse a cabo ningún acto que tenga por objeto o finalidad revocar, extinguir y/o limitar el permiso número DGJS/SCEVF/P-06/2005 conferido a la empresa Entretenimiento de México, S.A. de C.V., sin que implique quebrantar las disposiciones de la Ley Concursal y por supuesto el interés público que reviste el procedimiento de concurso mercantil.”
En la denuncia que presentó ante la PGR contra Reynoso Nuño, Pryluk ratifica que el funcionario conoció de un asunto para el cual tiene un impedimento legal, petición que le hizo el apoderado legal de BlueCrest, Santiago García Luque, contra quien también procedió por alegar “hechos falsos” ante la Secretaría de Gobernación.
“El Lic. Carlos Armando Reynoso Nuño, titular de la Unidad de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos (sic) de la Secretaría de Gobernación teniendo impedimento legal expreso de atender la petición del Lic. Santiago García Luque accionó un procedimiento administrativo violando preceptos terminantes de la Ley de Concursos Mercantiles en que todo comerciante que sea declarado en concurso podrá y deberá continuar con las operaciones de su empresa hasta llegar a la última etapa del concurso (la quiebra), amén de poder lograr la mejor utilización de sus recursos y así lograr el pago de sus obligaciones e incluso llegar a la conciliación de los mismos con sus acreedores evitando la quiebra y disolución de la empresa, ya que con el actuar de este servidor público NUNCA PODRÉ COBRAR UN PESO de lo que me adeuda Entretenimiento de México, ya que la causa de lo causado para poder generar dinero para pagar sus obligaciones mercantiles lo es la explotación del permiso.”
Esta es la segunda denuncia que Pryluk presenta contra García Luque. El 9 de mayo pasado lo acusó de reclamar a Emex el pago de 63 millones de dólares, “exhibiendo como documento base para tal reconocimiento, entre otros, un contrato de Asunción de Deuda y Préstamo de fecha 3 de julio de 2007”.
Según la denuncia, con la que se inició la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE/XVIII/2813/12-05, este contrato es “jurídicamente inexistente, dado que en el documento no aparece la firma de quien supuestamente participó reconociendo el adeudo y cediéndolo a un tercero”.
Esta averiguación previa se está integrando: hace un mes, el 29 de agosto, la agente del Ministerio Público Elsa García Badillo solicitó al director general de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación “copias certificadas de todos y cada uno de los escritos” de las dos entidades de BlueCrest relacionadas con el permiso de los Rojas Cardona.
En este contexto es que se han presentado, desde hace cuatro meses, llamadas amenazantes a Pryluk y se ha entorpecido el trámite en el Instituto Nacional de Migración para su naturalización como mexicano, afirma su abogado, Rodolfo Reus Medina.
–¿Hay un contubernio Secretaría de Gobernación-BlueCrest?
–Sí lo hay, claro. La revocación del permiso, el bloqueo en Gobernación para naturalizarse, el estarle hablando por teléfono. Claro que lo hay.
Reus Medina insiste en que la revocación del permiso a Emex es totalmente improcedente por el estado procesal que guarda el concurso mercantil, y la Ley de Concursos Mercantiles protege a la empresa para que siga funcionando y pueda pagar a todos sus acreedores.
“En un concurso mercantil se dan varias sentencias. Estamos donde ya los créditos son reconocidos. A veces se llega a una conciliación, se puede abrir la empresa del concurso mercantil y si no hasta que un juez declare la quiebra y las circunstancias serían otras. Pero ahora no se puede revocar el permiso.”
Entretenimiento de México, de los Rojas Cardona, le debe a la empresa de Pryluk 299 millones de dólares, derivado de la quiebra que sufrió tras el incumplimiento del contrato, y se han impuesto penas convencionales.
“Quebró porque el contrato no se pudo llevar a cabo. Quebró, pero se está recuperando. Él es judío y los judíos son de lucha, se apoyan y se levantan”, dice el litigante.
Concluye: “Para mi cliente es mejor que Emex siga trabajando para que pague. Es un asunto de negocios…”.
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