La reforma laboral del presidente Felipe Calderón, enviada en el tramo final de su sexenio, no sólo ha provocado ríspidos desencuentros legislativos, sino irritación entre los gremios oficiales y aun entre los sindicatos independientes, cuyos líderes ven amenazadas sus canonjías. Y mientras las autoridades laborales intentan difundir las supuestas bondades de la iniciativa, los dirigentes de trabajadores están en pie de guerra: amenazan con tomar calles y plazas públicas para impedir la aprobación de los cambios.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La iniciativa de reforma laboral que el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados con carácter de “preferente” el sábado 1 –y que a más tardar el 1 de octubre debe ser votada en el pleno– tiene más que agitado al mundo sindical.
Las dirigencias, lo mismo de sindicatos independientes que de los tradicionalmente cercanos y afines al PRI –sobre todo las grandes centrales obreras, verdaderos bastiones del partido–, andan como chivos en cristalería.
Si entre el sábado 22 y el lunes 24 los diputados de la Comisión del Trabajo no se ponen de acuerdo en torno a la iniciativa, dicen, lo considerarán un “golpe bajo” y un “ataque artero” a la autonomía sindical, y entonces tomarán calles y las principales plazas públicas del país en protesta por esa reforma.
Diversos líderes han anunciado incluso la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados para evitar la aprobación de los cambios a la Ley Federal del Trabajo: no excluyen los plantones y tomas de oficinas públicas federales.
Pero las movilizaciones masivas con las que han amenazado no tienen una razón económica, como sucede ahora en Europa, particularmente en España, donde el desempleo es rampante –uno de cada cuatro españoles con posibilidades de trabajar está en la calle. Entre los jóvenes la situación es más grave: uno de cada dos está sin trabajo, y se les han reducido dramáticamente los beneficios sociales y el futuro inmediato se les presenta aún más negro.
O como sucedió por última vez en México en los ochenta, cuando centenares de miles de trabajadores se movilizaron durante años en protesta por los dramáticos ajustes que aplicó la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988) luego del desastre financiero que le dejó su antecesor, José López Portillo, y que implicaron un desempleo inédito en el país, una carestía asfixiante y una caída histórica del poder adquisitivo de los salarios.
Ahora las razones son otras. Lo que trae con los pelos de punta a los líderes sindicales –ya ni siquiera a los propios trabajadores– es que la iniciativa presidencial tiene un claro propósito, no económico sino político, y propone acabar con los abusos y los privilegios de quienes les han permitido eternizarse en el cargo y manejar a su capricho las cuotas de los trabajadores. En la mayoría de los sindicatos sus afiliados desconocen cuánto dinero reciben sus dirigentes y en qué se lo gastan.
Son dos grandes temas los que trae la reforma laboral, que tiene en sesión permanente a la Comisión del Trabajo de la Cámara y en febril cabildeo a los líderes sindicales.
Uno es lo que se ha dado en llamar la “flexibilización del mercado laboral”, en sus dos vertientes: facilitar el acceso a un puesto de trabajo a través de nuevas modalidades de contratación y hacer más fácil también la conclusión de una relación laboral.
El otro tema es, justamente, el de los sindicatos. La iniciativa de Calderón va dirigida al corazón de la vieja estructura del PRI y plantea que las directivas gremiales sean electas mediante el voto libre, directo y secreto, para acabar con lo que ocurre ahora en la mayoría de los sindicatos: que los líderes son electos en asamblea y el voto es a mano alzada, lo cual impide a los trabajadores mostrar sus preferencias.
También obliga a las directivas sindicales a hacer algo que no acostumbran: rendir cuentas a sus agremiados. Según la iniciativa calderonista, las dirigencias deberán entregar a todos los sindicalizados un resumen de los resultados de la administración del patrimonio del sindicato, en el que necesariamente deben explicitar la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.
Y si el sindicato cuenta con más de 150 afiliados, los resultados deben ser dictaminados por un auditor externo y difundidos ampliamente entre los trabajadores.
La iniciativa propone también que los estatutos de los sindicatos incluyan fechas determinadas para la presentación de las cuentas, sanciones específicas a los dirigentes en caso de que incumplan, e “incorporar instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales”, según reza la exposición de motivos.
Y cuando los trabajadores detecten irregularidades o desvíos de los fondos sindicales –dice la iniciativa–, podrán tramitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la suspensión del pago de sus cuotas, sin que por ello pierdan sus derechos sindicales, pues no podrán ser expulsados o separados del sindicato.
Más todavía: el mismo registro de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos, los reglamentos interiores de trabajo y cuanto documento presente el sindicato ante las autoridades laborales, será información pública.
Por último, la iniciativa establece que para evitar múltiples emplazamientos de huelga en contra del mismo patrón por distintos sindicatos, será causal para negar el trámite a un emplazamiento de huelga para la celebración de un contrato colectivo de trabajo, el hecho de que previamente exista otro emplazamiento cuyo objetivo sea el mismo.
Viejos líderes amenazados
En resumen, de ser aprobada como fue presentada –lo que parece no sólo remoto, sino utópico- la iniciativa calderonista podría acabar con los privilegios y abusos que han permitido a los líderes enriquecerse a costa de los trabajadores y mantenerse por décadas al frente de los sindicatos.
Son muchos los que lo han hecho. Basta mencionar los casos más emblemáticos:
Francisco Hernández Juárez es líder de los telefonistas desde mayo de 1976; lleva 36 años al frente de ese gremio. Este mes concluye su décimo periodo como secretario general del sindicato.
Sólo le faltan cuatro años para igualar el récord de Napoleón Gómez Sada, quien duró 40 años –de 1960 al 2000– al frente del sindicato de los mineros, que incluso heredó a su hijo Napoleón Gómez Urrutia, quien, prófugo de la justicia mexicana, vive cómodamente en Canadá, desde donde dirige a sus agremiados.
Gómez Urrutia, Napito, lleva 12 años al frente del sindicato y su último periodo concluye en mayo de 2014.
Gilberto Muñoz Mosqueda, otro de los líderes eternizados, llegó en noviembre de 1978 a dirigir a los trabajadores de la industria química, petroquímica y similares. Su último periodo termina en noviembre de 2014.
Fernando Rivas Aguilar no se queda atrás: desde hace 34 años, junio de 1978, está al frente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Plástico y Similares. Acaba su último nombramiento en junio de 2014.
Rafael Rivapalacio Pontones lleva 26 años al frente del sindicato de trabajadores del Infonavit. Inició en agosto de 1986 y su último periodo termina en enero de 2015.
Otros que van por el mismo camino de eternizarse en el cargo son Elba Esther Gordillo, quien desde 1989 está al frente del SNTE; primero fue secretaria general y ahora es presidenta vitalicia; Miguel Ángel Yúdico, líder de los trabajadores de aviación, lo es desde 1993.
También: Agustín Rodríguez Fuentes, de los trabajadores de la UNAM, está desde mayo de 1994; Carlos Romero Deschamps, de los trabajadores petroleros, desde enero de 1995 (ya va para los 18 años); Víctor Flores, de los ferrocarrileros, desde febrero de 1995.
Algunos viven como magnates; tienen yates, aviones, propiedades inmobiliarias dentro y fuera del país; gustan de ropa y accesorios personales caros, y lo presumen; van de shopping al extranjero; viajan continuamente a las capitales más importantes del mundo, turistean en lugares exóticos…
Y nadie les pide cuentas.
Las “bondades”
Los líderes sindicales acusan al gobierno de Calderón de alevoso. Pretende, dicen, entrometerse en la vida interna de los sindicatos, violentar su autonomía, eliminar el derecho de huelga, entre otras “conquistas históricas” y aun de pretender desaparecerlos.
“Es absurdo decir todo eso; y lamentable la manera dolosa con que muchos están interpretando la iniciativa de reforma laboral”, dice Rosalinda Vélez Juárez, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En entrevista, la abogada por la Escuela Libre de Derecho, como otros muchos funcionarios del gobierno que se va, aclara:
“Por supuesto que no queremos acabar con los sindicatos ni vulnerar su autonomía. Por el contrario, en la medida en que las organizaciones sindicales adquieran legitimidad a través de la elección democrática de sus dirigentes y de la información que le brinden a sus trabajadores, pues van a ser representaciones auténticas de los trabajadores, no obligadas, no forzadas.”
Y lamenta que se diga en los medios que se quiere desaparecer el derecho de huelga: “Ese derecho no se modifica en absoluto. Lo único que estamos buscando es que sea legítimo; que si alguien realmente va a la huelga pues por lo menos que lo sepa”.
Otro de los puntos por los que los líderes sindicales han levantado la voz es por las disposiciones que trae la iniciativa en relación a los contratos colectivos, pues hoy en día son pocos los sindicatos que los difunden entre sus agremiados, y por interés tanto de los dirigentes como de los patrones.
Vélez Juárez recuerda un caso reciente de trabajadores fallecidos en horas de labor. No da nombres, pero dice que a los deudos les querían dar una indemnización de sólo 50 mil pesos, cuando en el contrato colectivo se dice que ésta es de 500 mil pesos.
Presente en la entrevista, el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Juárez, se pregunta: “¿Por qué hay tanta indignación (de muchos líderes)? Porque las modificaciones que estamos haciendo en la ley obligan al sindicato, cuando van a registrar un contrato colectivo, a presentarlo con la firma de todos y cada uno de los trabajadores, para que ellos sepan qué es lo que se está presentando, a qué se están comprometiendo y cuáles son sus derechos.
“Y ahora nos salen con que eso es violar la autonomía sindical. Falso. No estamos tocando nada de la organización ni del funcionamiento del sindicato. No estamos vulnerando nada. Pero evidentemente estamos obligando a que se transparente.”
Esa es, por otra parte, una manera de combatir los llamados “contratos blancos” o “contratos de protección” –dice el subsecretario–, cuyo contenido desconoce el trabajador, pero que le sirven al sindicato y a la empresa para darse favores mutuos, en detrimento de los intereses de sus afiliados.
O, inclusive, para que el sindicato extorsione al patrón. Explica Avante Juárez: “Es frecuente que un sindicato le pida al patrón que a cambio de ciertos favores o de ciertos recursos puede hacerse de la vista gorda y dejar de representar los intereses de los trabajadores.
“Por ejemplo, en las disputas de titularidad de un contrato colectivo: llega un sindicato, que en realidad no quiere el contrato, pero sí un pago para dejar de molestar al patrón. Entonces, llega y le dice: ¡Te voy a meter una huelga para disputarte la titularidad del contrato!; ¡voy a traer gente y te voy a armar aquí un desorden! Y el patrón dice: ¡No!, espérame. Si me paras tres días me vas a afectar económicamente la empresa. ¿Qué hacemos?, dime de a cómo.
“Esas prácticas son la constante y nadie hace nada”, sostiene Avante.
Por eso, afirma, la iniciativa exige que los contratos sean del conocimiento de los trabajadores y lleven la firma de cada uno de ellos.
Resume: “Lo único que queremos hacer es que la transparencia, la rendición de cuentas y la democracia en los sindicatos haga una representación real y auténtica.
“Que quien esté parado frente al patrón diciendo que representa a los trabajadores, efectivamente sea quien los trabajadores quieren que los represente. Y que, realmente, esté hablando por los intereses de los trabajadores; que no esté utilizando esa representatividad para intereses personales.”
Para enfrentar lo que está planteado como un eventual freno a sus abusos y privilegios, en caso de que se aprobara la iniciativa, los líderes sindicales –acompañados de sus representantes en el Congreso, líderes de partidos, abogados laboristas– han emprendido una campaña de descalificación de toda la iniciativa de reforma laboral.
De hecho, públicamente hacen énfasis no en las cuestiones sindicales, sino en lo que califican como un atropello a los derechos de los trabajadores. Es decir, ponen por delante el otro gran eje de la reforma, que es el de la flexibilización del mercado laboral.
Rosalinda Vélez, en entrevista, defiende la postura presidencial:
Las nuevas modalidades de contratación –“a prueba” (de uno a seis meses); “capacitación inicial” (de tres a seis meses), y “por temporada” (por día, semana, mes o más)– no implican ni pérdida de derechos ni salarios más bajos. Las prestaciones de ley están garantizadas y el salario, así se pacten sólo dos horas de trabajo, será cuando menos el mínimo legal que se pagan por las ocho horas de trabajo. El patrón no podrá contratar al trabajador más de una vez en la misma modalidad y los contratos serán por escrito.
La iniciativa no legaliza la subcontratación (el llamado outsourcing). Ya es legal, pero no está reglamentada y por eso hay abusos: muchas empresas utilizan ese esquema para evadir el pago de impuestos y desentenderse de sus obligaciones laborales. La iniciativa propone regularlas, para que quede bien claro quién será responsable de las obligaciones laborales, de seguridad y protección social, de antigüedad, y demás derechos de los trabajadores. Las multas para quienes abusen del esquema pasan de los 19 mil pesos actuales a más de 300 mil pesos.
Falso que un patrón pueda despedir “con la mano en la cintura” y sin previo aviso a un trabajador. “Cuando un trabajador es despedido injustificadamente, a lo que tiene derecho es o a su reinstalación o a su indemnización de tres meses más 20 días por año. Eso no se toca, es constitucional, imposible moverlo”, dice la secretaria.
Rechaza también que la iniciativa atente contra la estabilidad en el empleo.
“Por supuesto que no. Lo que estamos haciendo es fomentar un mayor acceso al trabajo a través de nuevas modalidades; pasar de la informalidad a la formalidad, fortalecer los empleos existentes e incrementar la productividad para que aumenten los ingresos de los trabajadores y se dinamice la economía en su conjunto.”
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