viernes, 26 de octubre de 2012

Internet a la Constitución. Diputado PAN explica iniciativa Gustavo SánchezOctubre 26, 2012 12:42 pm http://aristeguinoticias.com

El diputado del Partido Acción Nacional, José Enrique Reina, propuso modificar el artículo sexto constitucional para establecer como derecho de los mexicanos el tener acceso a internet.
“Lo propuse como una nueva política pública que otorgue igualdad de oportunidades a sus habitantes en el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, con  el fin de fortalecer el desarrollo cultural, económico, social y político del Estado en su conjunto”, indicó en entrevista.
En la iniciativa se plantea que “toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad de redes digitales. La Ley establecerá la forma para garantizar el ejercicio de éste derecho”.
El diputado explicó que si se realiza esta modificación, posteriormente se podría impulsar una “ley de gobierno digital”, con la que las administraciones locales y la federal tendrían que transmitir toda su información en el ciberespacio, e incluso habilitar espacios para que diferentes trámites puedan realizarse a través de la red.
Además, Reina indicó que si se aprueba su iniciativa el gobierno estaría obligado a brindar internet en todos los espacios públicos.
“Lo que buscamos es que una vez que sea establecido como derecho constitucional, empecemos a trabajar en leyes secundarias… entre mayor acceso tengamos a la conectividad, automáticamente elevamos  el nivel de conocimientos, el poder accesar a tanta información que se encuentra en la red”, apuntó.
En caso de que avance esta iniciativa, los gobiernos también tendrían que  implementar programas para dotar de equipos de cómputo a las comunidades.
En América, todavía no hay ningún país que haya decretado el acceso a internet como un derecho, por lo que México podría ser el primero; no obstante, en 2011, la ONU lo declaró como un derecho humano.
Consulta la iniciativa:



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Una oportunidad para México SABINA BERMAN 26 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx

MÉXICO, D.F. (Proceso).-Como exportadores de Cultura, somos necios. Necios y vanos. Mientras la Cultura es el comercio donde circula mayor cantidad de dinero en el mundo, aún más que en la compra-venta de armamento, los políticos locales hablan de la necesidad de mostrar nuestro arte fuera de nuestras fronteras “para mejorar la imagen de México”, o si un furor metafórico los posee, “para deslumbrar al mundo con nuestro brillo”.
Desde luego mostrar arte fuera de las fronteras tiene esa bondad añadida, muestra el lado creativo y sensual de una sociedad, su lado más atractivo. Pero aun en eso fallamos, seguimos enviando afuera sandías de Tamayo y mujeres dolorosas de Frida Kahlo o revolucionarios heroicos de Rivera, o bien vasijas y estatuas de señores aztecas y mayas. El arte de nuestros difuntos puede ser glorioso, y sin embargo el mensaje que transmite es: Qué sofisticados eran los mexicanos, ¿qué les pasó que no tienen algo contemporáneo que mostrar?
Importamos películas por centenares cada año, compramos música estadunidense e inglesa, popular y clásica, como colonizados ejemplares, consumimos aplicaciones digitales por millones, traemos conciertos y espectáculos extranjeros como eventos principales a nuestros foros magnos, pagándolo todo con dinero contante y sonante; pero al pensar en exportar Cultura, lo dicho, mandamos postales del pasado, y para colmo saldamos el envío nosotros.
¿Cómo cambiar esta costumbre masoquista? ¿Cuándo curar esa timidez de noviecita que, guardada en un rincón y vestida de chaquiras, pestañea con coquetería provinciana?
Está abriéndose para México una oportunidad amplia en estos días en que la crisis económica obliga a España, el único país de los que hablan español que ha sabido hacer de su cultura una exportación, a cortar sus apoyos al arte y la literatura. En especial debe interesarnos el recorte de 37% anunciado para el Instituto Cervantes, esa red de embajadas culturales que España sembró por el planeta en la última década del siglo pasado.
Las historias paralelas de lo que México y España hicieron con sus bienes culturales en la época naciente de la globalización, es interesante de recontar, y entraña una enseñanza de lo que no debiéramos repetir.
En 1988 Carlos Salinas de Gortari se tercia la banda presidencial luego de una elección de resultados dudosos, e inicia un proceso de desestatización y de integración económica con el resto de Norteamérica a través del Tratado de Libre Comercio.
Como parte de la apertura al mundo, el gobierno salinista se propone “mejorar la imagen de México en el extranjero”, y dispone para ello de un presupuesto abultado. En 1990 envía a viajar por las capitales del planeta la exposición Treinta siglos de esplendor, que en efecto muestra la grandeza de nuestro arte, sobre todo el pretérito, el precolombino y el post-revolucionario, con una última y breve sala para el arte contemporáneo. El día de la inauguración en Nueva York, el deslumbramiento se agranda con el anuncio del Premio Nobel de Literatura para Octavio Paz.
Ese mismo año, pero meses antes, y calculada para promover el nombre de Paz internacionalmente, se había realizado en la Ciudad de México un congreso, La experiencia de la libertad, con el no tímido propósito de discutir el porvenir de la civilización tras la caída del Muro de Berlín. Y en 1992 se realiza otro congreso con el mismo propósito, pero ahora atrayendo a figuras internacionales de la Izquierda enlutada de esos años, el Coloquio de Invierno.
Esto es lo que sucede en España en tanto. La transición a la democracia se consolida cuando España se integra a la Unión Europea en 1986. Una fiebre de concursos literarios y artísticos anima la creación de los españoles. Y para mostrarse al mundo, España no envía exposiciones de sus nativos de otros siglos ni convoca a grandes conferencias retóricas, ni siquiera promueve un Nobel. Hace en cambio algo sólido, algo que permanece, algo que el mundo desea adquirir y algo auto-sustentable, o casi.
En 1991 nace el Instituto Cervantes, creado para enseñar el español a un mundo ávido de aprenderlo. A semejanza de la Alianza Francesa, el Instituto Cervantes es una escuela del idioma de su país patrocinador, y también un umbral de sus artes. Cuenta con espacios de exhibición para artes plásticas. Cuenta con un cine para mostrar sus películas. Cuenta con un auditorio para conferencias y para hacer teatro. Cuenta con una burocracia local que recibe a los artistas españoles y se encarga de darles promoción y comunicarlos con empresarios culturales.
Evanescente esplendor el de aquella faraónica exposición y aquellos magnos congresos. Queda de ellos apenas un recuerdo. En cambio hoy el Instituto Cervantes cuenta con 77 sedes en 44 países de los cinco continentes.
Escribía antes que el Instituto Cervantes padece un recorte, a mi parecer imprudente. Sus embajadas han sido para España más valiosas que lo que han costado: en la percepción planetaria, colocaron la Cultura hispana a la cabeza de la de los países que hablamos con la ñ, y por ellas pasaron los artistas españoles más renombrados, no únicamente para “mejorar la imagen” de España, aunque también eso lograron, sino para volverse, algunos, best sellers de libros, otros realizadores del cine con distribución internacional, otros pintores cotizados.
Tendríamos que preguntarnos nosotros en México, siendo que estamos a salvo de la crisis económica, cómo aprovechar el retraimiento actual de la Cultura española. Cómo avanzar con la ventaja que nos da un presupuesto en Cultura saludable, el mayor de nuestra historia y el mayor de Latinoamérica.
Incluso, tendríamos que preguntarnos si no es aconsejable aliar nuestros esfuerzos con el Instituto Cervantes, ahora que requiere ayuda, y ahora que tal vez (tal vez, tal vez) nosotros hemos comprendido que la exportación de Cultura es más que enviar postales de lujo al mundo.


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Las diez recetas de Peña Nieto para resolver la crisis mundial JUAN PABLO PROAL 26 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).-
“Es el primer tanto internacional que anota Peña Nieto, su primer gol, su primera victoria en serio”: (Ciro Gómez Leyva sobre la gira del presidente electo en Europa).

Sumergida en la incertidumbre de una crisis económica devastadora, la comunidad europea escuchó el mensaje esperanzador del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto:
“Sabemos del momento crítico de crisis económica por el que atraviesa España, y hoy quiero venir a preguntarle a sus autoridades, quiero dialogar con ellas, y compartirles el interés de nuestro país por apoyar y por solidarizarnos con el país hermano de España; de recoger de ellos y de ustedes de qué manera y de qué forma podemos apoyar a España, de qué manera podemos ayudar a España”.
Los líderes europeos no hallaban la razón de la crisis por la que pasan, hasta que escucharon la reveladora teoría del priista:
“Es de señalar que lo que hoy observamos desde México como una crisis o un problema por el que hoy atraviesa la Unión Europea, y que ha hecho particular crisis en España, hoy le señalé al presidente Rajoy que me parece que si bien es una crisis de carácter financiero, también me parece que es más una crisis de confianza”.
A su regreso a México, periodistas de los principales medios electrónicos festejaron el triunfo del brillante Peña Nieto, mientras que la comunidad internacional comenzó a analizar el pensamiento del mexicano para comprender la magnitud de sus descubrimientos.
Este primer estudio se basó en discursos, entrevistas e intervenciones públicas de Peña Nieto en los últimos años y arrojó diez premisas que podrían ayudar a aliviar la crisis mundial.

1.- El mundo global es global.
“Yo estoy convencido que hoy somos parte de un mundo global, de mayor interacción entre los países que somos parte de este mundo global”. Conferencia Magistral: “Los Desafíos de México y su Papel en un Contexto Mundial Cambiante”, 18 octubre 2012.

2.- No hay que ser bilingüe, basta con tener la intención de serlo.
“I guant to bi very cliar de economic policis shud not mak… shudnot meikus forged” discurso pronunciado en el World Future Societys 2008.

3.- La clave de una buena relación es una buena relación.
“Y yo reitero que la buena relación de dos países pasa por la buena relación y el buen clima de entendimiento que se tenga entre los jefes de Estado de esos países”. Mensaje ante medios de comunicación, Londres, Reino Unido, 16 octubre de 2012. 

4.- Los acercamientos ayudan a estar más cerca.
“En esta gira internacional tuve oportunidad de estar en seis países, en estos ocho días, y donde los encuentros (…) sin duda permitieron un primer acercamiento de conocimiento, de acercamiento personal y de definición de objetivos para lograr este mayor acercamiento entre nuestros pueblos”. Mensaje de Enrique Peña Nieto a medios de comunicación, al término de su gira por América Latina, 24 de Septiembre de 2012.

5.- Sólo las mujeres están obligadas a conocer el mundo real.
“No soy la señora de la casa, pero ha de estar entre siete u ocho pesos”.Enrique Peña Nieto consultado sobre el precio del kilo de  tortilla, diciembre de 2011.

6.- No hay mayor problema que cuando la gente cree que hay un problema.
“México es un país seguro, es un país que enfrenta un fenómeno delincuencial nuevo, esto ha cambiado la percepción ciudadana y esto es lo más difícil de combatir”. Entrevista con Jorge Ramos en Univisión, mayo de 2009.

7.- Si no recuerda algo diga que en su momento lo precisó.
“Bueno pues en su momento se dio la explicación fue algo intempestivamente ella llevaba dos años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores… este… se me  fue el nombre de la enfermedad puntual”. Peña Nieto dando su versión sobre la  muerte de su esposa, Mónica Pretelini. Entrevista con Jorge Ramos en Univisión, mayo de 2009.

8.- Si quiere saber la verdad lea libros sobre las mentiras de otros libros.
“Un libro que me gustó leí incluso el otro la antítesis de ese libro era cómo se llama las mentiras sobre el libro de este libro”, Feria Internacional del Libro, Guadalajara, diciembre de 2011.

9.- El desarrollo económico impulsa el desarrollo económico.
“Y creo que encontramos coincidencia en señalar que es el desarrollo económico lo que facilita, lo que permite realmente que el desarrollo social se alcance de manera más acelerada y fácil cuando tengamos la capacidad, a través de políticas de Estado, lograr darle mayor impulso a la actividad económica, al crecimiento del desarrollo económico”. Encuentro con líderes empresariales en Perú, 24 de Septiembre de 2012.

10.- La variedad es variada.
“Como ya lo ha comentado el presidente de Francia, los temas tratados fueron varios, abordando distintos temas”. Comida con el presidente de la República Francesa, François Hollande, París, Francia, 17 de octubre 2012.

Twitter: @juanpabloproal
Sitio: www.juanpabloproal.com


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Panamericanos: El juego de los millones perdidos GLORIA REZA M. 26 DE OCTUBRE DE 2012 www.proceso.com.m

Una auditoría realizada por la contraloría de Guadalajara al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag) detectó un manejo irregular de 320 millones de pesos en el periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 2011. En el informe respectivo, los investigadores enumeran los ilícitos: compras a empresas que no se encuentran en el padrón de proveedores, licitaciones fantasmas, duplicidad de pagos, fianzas no cubiertas y hasta nepotismo.
GUADALAJARA (Proceso Jalisco) Asignaciones multimillonarias directas por orden de Mario Vázquez Raña, compras a empresas que no se encuentran en el padrón de proveedores, licitaciones fantasmas, duplicidad de pagos, fianzas no cubiertas y nepotismo son algunas de las muchas irregularidades detectadas al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos de Guadalajara (Copag), en una auditoría efectuada por la Contraloría tapatía.
El 22 de junio de 2011, el entonces titular de la dependencia, Francisco Javier Morales Aceves, notificó al director del comité, Carlos Andrade Garín, sobre la revisión y sus alcances. La investigación se restringió en el ejercicio presupuestal de ingresos y egresos de 2010 y el primer semestre de 2011. Los auditores detectaron gastos no comprobados por casi 320 millones de pesos durante ese periodo.
La auscultación se concentró en las áreas de adquisiciones, nóminas, horas extras, normatividad, patrimonio y recursos financieros. Entre las anomalías destaca la contratación de la empresa Internacional Sport Broadcasting, a propuesta directa de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), cuyo titular es Mario Vázquez Raña, para la producción y transmisión de la señal de la justa continental.
Al principio se autorizó la transmisión por 500 horas, con un costo de 14 millones de dólares; pero se amplió a 700, por lo que la cuenta se elevó a 16 millones.
“La Comisión de Adquisiciones determinó contratar a la empresa por recomendación de la Odepa sin observar los procedimientos contenidos en el Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Guadalajara; al no cumplirse lo estipulado por la normatividad correspondiente, se considera una adjudicación irregular”, apuntan los auditores.
En agosto pasado Vázquez Raña denunció que el Copag tenía una “escandalosa deuda” de más de mil millones de pesos debido a un desorden administrativo (Proceso 1870).
Juan Ángel Guadarrama Faya, Edith­ Alejandra León Díaz y Alejandro Villaseñor Tatay, adscritos a la Secretaría de la Contraloría, comentan la opacidad del personal del Copag durante la revisión. Cuando pidieron al área jurídica del comité copias de los contratos relacionados con las prestación de servicios, adquisición de bienes y patrocinios, la respuesta fue: “Allí están, son cientos”, pero no les fue entregado ninguno. Al final, el Copag entregó sólo 70.
Los auditores también hicieron observaciones a los fondos revolventes que manejaron Idalia Echegollen Mestas y Vladimir Hurtado Burgos, directores general y administrativo, respectivamente. Según las copias de los documentos, ambos funcionarios compraron bebidas alcohólicas, cigarrillos, y sólo entregaron facturas y comprobantes que no cumplían con los requisitos fiscales.
Hasta el momento de la revisión, el Copag tenía adeudos por un millón de pesos a diversos acreedores, entre ellos Fábricas Selectas, la Secretaría de Finanzas, OTI Internacional LLC, GDF Suez Gas NA LLC y Terra Network Chile.
En relación con los gastos de los funcionarios –que incluyen pasajes, transporte, hospedaje y consumo de alimentos–, la dependencia no aplicó el tabulador del Reglamento de Visitas Oficiales, por lo cual sus directivos ni siquiera presentaron comprobantes de consumo, según el reporte de los auditores. Incluso en algunas facturas cargaron consumos extras, aun cuando la contratación incluía todos los servicios.
En lo concerniente al consumo de gasolina, la dependencia ni siquiera entregó documentos de los modelos y placas de los vehículos. Lo que sí detectaron los auditores es el pago de la cuenta del celular del director de comercialización y mercadotecnia, Horacio de la Vega Fuentes.
Asimismo, las diferencias en el tipo de cambio provocaron pérdidas, sobre todo en la cuenta de Rendimientos Financieros de la comisión. Según la documentación analizada, la diferencia fue por 2 millones 317 mil pesos en el periodo.
En cuanto a las adquisiciones, los auditores detectaron compras directas injustificadas a favor de empresas no incluidas en el padrón de proveedores del municipio ni del Copag; en ocasiones ni siquiera se especifica el monto del contrato ni a quién adjudicaron la compras, en los casos en los cuales hubo concurso.
Un dato curioso: la información proporcionada por la comisión indica que el servicio de transporte para la Olimpiada Nacional 2010 se contrató vía telefónica, pero sólo se menciona la empresa ganadora.
Otras irregularidades son: la de la compra de equipo de telefonía y 400 celulares a Telmex, cuando la plantilla de la dependencia es de sólo 186 personas; el pago de mil 840 viajes al servicio de transporte TTUR Autobuses de la Piedad, cuando en realidad fueron mil 400, lo que implicó una erogación extra injustificada de 500 mil pesos.
Las trácalas
Una de la empresas favorecidas por el Copag fue Operadora de Centros de Espec­táculos (OCESA), a la que se le adjudicaron contratos por casi 6.6 millones de pesos en una presunta licitación pública para la realización de eventos deportivos. No obstante, los auditores no encontraron el nombre de las otras empresas concursantes.
En la revisión de la licitación pública para contratar un seguro para la transmisión de la señal International Sports Broadcasting (ISB) observaron la misma irregularidad. No encontraron el nombre de los proveedores participantes ni el cuadro comparativo; sólo obtuvieron el dictamen técnico, según el cual se adjudicó un contrato por 1 millón 39 mil 188 dólares a Grupo Mexicano de Seguros.
Asimismo, en las actas del Comité de Adquisiciones del Copag se detectó la erogación de 1 millón 212 mil 702 pesos que no estaban previstos en los gastos de la comisión por la develación del reloj de la cuenta regresiva para la inauguración de los Juegos Panamericanos en la glorieta Minerva, así como por la difusión de los eventos “campaña de ciclismo, gimnasia y se acerca el espíritu”.
Respecto a las compras del área médica, el reporte consigna: “No se tiene una estadística de los servicios otorgados ni de los medicamentos y materiales de curación solicitados y consumidos durante 2010 y 2011, únicamente se registró el evento al que fueron destinados”.
También destacan el desaseo en el organismo dirigido por Andrade Garín con relación al resguardo de los bienes muebles, algunos de los cuales ya están semidestruidos o abandonados. Algunas de las facturas, dicen, no concuerdan con el monto ni con el contenido, o simplemente los bienes no se encuentran en la base de datos.
Y mencionan el caso del almacén general, donde las existencias no coincidían con el material de los registros; algunos de los bienes no aparecían en el inventario, aun cuando por reglamento deben ser registrados cuando ingresan. Los auditores tampoco hallaron 18 facturas correspondientes a muebles asignados al área de tiro con arco.
Algo similar observaron en lo relativo a los siete celulares, las dos laptops y un radio Nextel desaparecidos, que nunca fueron reportados a la Procuraduría de Justicia del estado, pues, dicen, no se encontró ningún documento en el cual se “detalle el compromiso de cubrir el costo del bien extraviado”.
Y aun cuando detectaron “pagos a extranjeros”, no se les retuvo el 25% de impuestos correspondiente. Es el caso de la empresa Cuba Deportes, S.A., que se embolsó 96 mil 368 dólares (equivalente a 1 millón 252 mil 784 pesos) por asistencia técnica sin pagar los 24 mil 92 dólares de ISR.
La Contraloría municipal menciona también a 21 proveedores a los cuales se les pagaron 12 millones 476 mil 726 pesos, aun cuando incumplieron con las bases del Reglamento de Adquisiciones del ayuntamiento. Entre las anomalías destacan: duplicidad de pagos y adjudicación directa so pretexto de que “es la única empresa que puede dar el servicio en los términos requeridos”.
Tampoco especificaron las características ni el valor del producto, fianza, contrato posterior a la adjudicación ni otras propuestas de presupuesto ni el acta del Comité de Adquisiciones.
Además, se asignaron compras con un giro distinto al requerido. Por ejemplo, la fabricación de dos relojes grandes utilizados para llevar la cuenta regresiva en Plaza Liberación y las avenidas Chapultepec y Vallarta, se le asignó a Blanca María Eugenia Guzmán Hernández, quien se dedica a la fabricación de botes de basura y mobiliario urbano.
En la develación del reloj panamericano, que tuvo un costo de casi 2 millones de pesos, varios proveedores fueron descartados “no por motivos económicos, sino por razones de índole subjetiva”. La empresa ganadora, Productora Master Links, S.A. de C.V., recibió del Copag más de medio millón de pesos adicionales después de la firma del contrato, aunque esa cantidad no se reportó.
Los auditores aluden también a un gasto de 881 mil 112 pesos para hospedar a 15 personas durante seis noches, aunque sólo se mencionan los nombre de 13. Las otras dos, según la comisión, eran de la “Oficina Guadalajara”, aunque no entregó ningún oficio para justificar su presencia. La misma situación se repitió en un viaje a Mérida que tuvo un costo de 278 mil 219 pesos para la realización de una asamblea de la Odepa.
Parientes y aviadores
En la plantilla del Copag se registró Carlos Armando Andrade Durán, sobrino del director general de la dependencia, Carlos Andrade Garín, quien fue nombrado como analista de Televisión y Medios. Su sueldo mensual: 15 mil 816 pesos.
Los auditores apuntan que la contratación violó el artículo 61, fracción XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Jalisco, según el cual los funcionarios deben abstenerse de intervenir en el nombramiento, contratación o promoción, o por conducto de otro servidor de personas con las que se tenga parentesco consanguíneo o por afinidad (…) para ocupar algún cargo público.
Otra irregularidad es la de Ofelia Medina Valadez, quien perdió uno de los siete celulares durante la realización de la justa deportiva continental. Ella ingresó a la nómina del Copag como directora de Relaciones Públicas el 16 de octubre de 2010. No obstante, continuó laborando en el ayuntamiento de Guadalajara hasta el 31 de diciembre siguiente como coordinadora NA3. Ahí cobraba cada mes 62 mil 76 pesos.
De acuerdo con los auditores, Medina Valadez infringió los artículos 8, 9 y 10 de la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos. Lo mismo pasó con Roberto Kenny Espinosa, contratado como subdirector de Televisión a partir del 1 de febrero de 2011, aunque fue hasta el 25 de ese mes cuando la Comisión de Adquisiciones del Copag autorizó el nombramiento. Su sueldo mensual: 100 mil pesos.
Al revisar su caso, los auditores detectaron varias irregularidades: su contrato carece de firmas, comenzó a cobrar a partir de enero y sus percepciones mensuales eran superiores a los 111 mil pesos:
“De acuerdo con los registros contables, se encontró un pago mediante el cheque número 5748, con fecha 12 de mayo de 2011, por la cantidad de 333 mil 566 pesos; es decir que se pagaron 111 mil 188 pesos por mes, cuando el contrato marcaba un sueldo de 100 mil pesos, por lo que resulta improcedente el pago.”
Refieren también que muchos expedientes estaban incompletos: algunos no tenían el acta de nacimiento de los funcionarios, en otros faltaban las cartas de policía, altas en el Seguro Social; en casos como el del director comercial y mercadotecnia, Horacio de la Vega Flores, faltaba la declaración patrimonial.
En situación similar estaban otros directivos del Copag: Anahí Quezada Becerra; Carlos Alberto Ramírez Cuéllar, Miguel Ángel Wong Álvarez y Ana Paula González Horn, jefa de traducción.
Respecto del personal eventual, la mayoría de los empleados laboró durante el periodo de la Olimpiada Nacional y, según los auditores, dos personas cobraron doble sueldo: como eventual y de confianza.
La contraloría encontró que ninguno de los contratos verificados tenía la firma del titular del Copag, Carlos Andrade Garín, ni la del coordinador legal ni la de la encargada del departamento de Recursos Humanos.
Otro detalle: las fechas de firma de los contratos son posteriores a las actividades del prestador de servicio, e incluso después de su terminación. En ninguno de los casos se menciona fecha de ingreso, sueldo y adscripción.
Los auditores detectaron una falta de control del parque vehicular, puesto no se tomó nota del rendimiento de cada vehículo ni del kilometraje recorrido ni de los servicios realizados, menos aún de los vales de gasolina de cada vehículo. Además, detectaron gastos adicionales no autorizados.
La revisión fiscal reveló también duplicidad de cuentas bancarias, la no correspondencia de los conceptos que manejaba la empresa o que las requisiciones carecían de las firmas autorizadas del Comité de Adquisiciones. Incluso se comprobó que hubo pagos antes de ser autorizados, con lo cual se incumplió el artículo 36 del Reglamento Interno del Copag.
Otros proveedores entregaron al comité organizador documentos que no reu­nían los requisitos fiscales, estaban vencidas o eran consecutivas. Por ejemplo, Maquinaria de Elevación y Carga, S.A. de C.V., emitió las facturas consecutivas del número 1253 al 1256 por 104 mil 798 pesos.
Un detalle más es que la empresa no estaba registrada en el padrón de proveedores de Guadalajara ni en el del Copag, y la requisición carecía de las firmas del director administrativo.
Otras facturas fueron “infladas” o el costo del producto resultó elevado. La requisición para rentar mobiliario a Rivera Equipo para Eventos, S.A. de C.V., para la posada de los empleados fue de mil 400 pesos, pero la factura salió por 10 mil 370 pesos.
El 11 de febrero de 2010, Casa Arte Mexicano, S.A. de C.V., cobró 3 mil 830 pesos por blusas de rebozo, pero no se especificó para qué evento se adquirieron ni a quiénes se le entregaron; tampoco se emitió una requisición. Según los auditores, “el costo de cada blusa –680 pesos– fue excesivo”.
Un gasto innecesario fue la contratación de servicios de traducción cuando el Copag contaba con una jefatura externa de traducción, por lo que no “tiene justificación la erogación realizada”.
Lo mismo sucedió con las empresas Legal Solutions Servicios, S.C. y Media Planning Group, S.A. de C.V., contratadas para elaborar los contratos para socios comerciales, patrocinadores, proveedores, colaboradores y benefactores, cuando el Copag tenía un área jurídica consultiva con las mismas “facultades y conocimientos”. Por lo anterior, dicen los auditores, “es evidente la duplicidad de pagos por concepto de esos servicios”.
La duplicidad de funciones se repitió con la contratación de Partida Morales, S.C., para registrar el nombre y propiedad industrial e intelectual de los Juegos Panamericanos 2011, cuando dentro del organismo existía una gerencia de uso de marcas.
Más abusos
Los auditores también señalaron que el Copag realizó gastos para la Olimpiada Nacional, cuando eso correspondía al Code –del cual Andrade Garín también es titular–, que en 2010 manejó un presupuesto de 110 millones 136 mil 574 pesos.
De las 68 observaciones de la Contraloría municipal al Copag, el organismo sólo atendió 20 de manera parcial, según los auditores.
Entre las recomendaciones, la dependencia pide al Copag que los deudores del organismo finiquiten los saldos pendientes; en caso contrario, indica, debe darse inicio al procedimiento que permite la recuperación de los adeudos.
Por lo que atañe a las exfuncionarias Claudia Téllez Balcázar y Ofelia Medina, quienes perdieron dos laptops y un nextel, la Contraloría municipal recomendó que reintegren otros aparatos de iguales características o paguen su equivalente en efectivo y que se inicien los procedimientos administrativos contra cada una de ellas, a “efecto de determinar su responsabilidad por el robo o extravío”.
Asimismo, recomienda abrir una investigación y, en caso de ser necesario, un procedimiento contra del gerente de adquisiciones del Copag, cuyos directivos modificaron el fallo de adjudicación, con lo cual causaron un daño al erario al pagar 200 mil pesos extras a la empresa TPS Empresarial, S.A. de C.V., por el servicio de transporte para la Olimpiada Nacional de las delegaciones, jueces y personas VIP.
Según el reporte de los auditores, el convenio de construcción y comodato de la Villa Panamericana que firmó Corey Integra, S.A. de C.V., con el gobierno estatal se incumplió con la garantía y con la fianza pactada entre las partes.
El documento estipuló que si Corey demoraba la entrega del inmueble, “por causa imputable a ella (…) autoriza al Copag para que, de considerarlo necesario, tome las medidas oportunas para remediar el retraso; y cualquier costo que estos trabajos generen para remediar el retraso, serán pagados a más tardar dentro de los 30 días naturales, posteriores a la notificación que haga (el organismo a la constructora)”.
Además, fijó una pena convencional por 10 millones de pesos, que entraría en vigor “sólo en el caso de que Corey omita entregar al Copag en tiempo y forma la posesión física y jurídica del bien”, como en realidad ocurrió.
Para dar mayor certeza al cumplimiento de la sanción, la empresa presuntamente debió emitir un pagaré, el cual debió generar un interés moratorio anual “que resulte de multiplicar la tasa TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio), vigente al momento en que se incurrió en mora, más cinco puntos, por el periodo que dure el pago”.
Los auditores no encontraron evidencia del cumplimiento de la garantía y refieren que la Villa Panamericana debió entregarse a más tardar el 30 de junio. Corey la entregó hasta el 4 de octubre.
En el convenio también se especificó que el edificio –donde se alojaron los 8 mil 400 atletas durante los Juegos Panamericanos– estaría a disposición del Copag a partir del día de su entrega en comodato y hasta el 15 de enero de 2012. Durante ese periodo, el Copag debió cubrir todos los gastos de agua, energía eléctrica, servicio telefónico y de “cualquier otro tipo por la utilización del inmueble”.
La villa se construyó en cuatro predios ubicados en la zona de El Bajío, pertenecientes, entre otros, a Francisco Cornejo, dueño de Corey. En el contrato se mencionó que la edificación correría a cargo del gobierno del estado de Jalisco a través de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe).
La villa tuvo un costo de mil 200 millones de pesos, de los cuales 865 millones fueron aportados por Iprovipe con recursos de los burócratas, según informó en su momento el Ejecutivo.
En las 16 hectáreas donde se levantó el conjunto habitacional, se encuentran 942 departamentos que no han podido ser vendidos puesto que Corey no cuenta con el permiso de habitabilidad del municipio de Zapopan (Proceso Jalisco 404).
Así como Corey incumplió con la garantía especificada en el convenio, la misma irregularidad cometió el Copag, cuyos directivos debieron obtener una fianza que respaldara la “devolución de los bienes inmuebles que integran la villa en las mismas condiciones en que los recibió y en el plazo establecido”. Los auditores indican que “no se encontró evidencia del cumplimiento de la fianza referida”.
Otro punto en el contrato, con un claro favoritismo para la constructora, es que al término de la vigencia del comodato, el Copag debía restituir la posesión de la villa en el mismo estado en que la recibió, reponiendo materiales y equipos dañados, “pudiendo contratar a Corey para la realización de esos trabajos”.
Los auditores expusieron también que, por falta de documentación, “no fue posible verificar que el Copag contratara un seguro que amparara “los rubros de responsabilidad civil, daños y gastos médicos a terceros que incluya daños causados por sismo, por la naturaleza, por terrorismo, vandalismo o cualquier otro que pudiera afectar los inmuebles, así como a los atletas y demás personas que sean albergadas o utilicen la Villa Panamericana durante los juegos”.


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El golpe a Luz y Fuerza, ilegal de principio a fin ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA 26 DE OCTUBRE DE 2012 http://www.proceso.com.mx

La ilegalidad de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hace tres años, ya empezó a generarle reveses al gobierno federal: un tribunal resolvió que el despido de los trabajadores de aquella Compañía no tuvo causa ni motivo justificado, que la CFE es el patrón sustituto y debe reponer las plazas laborales y los salarios caídos a más 16 mil electricistas. Además, un informe de la Secretaría de Energía recientemente desclasificado evidencia que Felipe Calderón sabía que su decreto era ilegal… y aun así lo llevó adelante.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A tres años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) el desaseo administrativo y el embrollo jurídico que provocó el decreto de Felipe Calderón empieza a revelarse: con informes dudosos, mentiras y opacidad, pero con una ejecución bien sincronizada se perpetró el golpe que dejó en la calle a más de 44 mil trabajadores en octubre de 2009.
Aunque en sus referencias a la extinción Calderón insiste en que fue necesaria y que no le importó el costo político con tal de mejorar el sistema eléctrico del país, por la ilegalidad del acto ya hay reveses judiciales.
El pasado miércoles 17 Calderón abordó un aspecto de la extinción, que se suma a la larga lista de declaraciones con que se ufana de su decisión. En un evento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que LFC era “un lastre” y decidió extinguirla.
“Y con esa decisión, la responsabilidad para el suministro de electricidad fue plenamente asumida por la CFE, tal y como ordena la ley desde hace mucho tiempo, algo que debemos enfatizar. La ley, prácticamente desde la nacionalización eléctrica, preveía precisamente que sería una entidad del Estado, la CFE, la encargada del servicio”.
La declaración se contradice con los documentos emitidos por su gobierno para ejecutar la extinción. Por ejemplo en el informe con el que la Secretaría de Energía (Sener) recomendó la medida se cita el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) a partir del cual se decretó la creación de LFC en febrero de 1994.
El informe de la Sener contiene otros datos que muestran que se sabía que se actuaba ilegalmente. El inciso E del informe preveía entre las “Desventajas de las soluciones propuestas”:
“Instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien, la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LFC”.
El gobierno de Calderón inició la operación el 5 de octubre de 2009 cuando la Secretaría del Trabajo rechazó otorgar la toma de nota a Martín Esparza como dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Ese mismo día, en secreto, la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGF) dictaminó la extinción (Proceso 1859).
Durante los primeros minutos del 11 de octubre siguiente Calderón emitió el decreto al mismo tiempo que soldados disfrazados de policías federales tomaban las instalaciones de LFC (Proceso 1841).
Otra revelación: El decreto presidencial instruía al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que asumiera la administración de LFC; pero en cuestión de minutos y sin inventarios de por medio, la entregó en comodato a la CFE (Proceso 1859).
Tres días después se anunció el despido de los trabajadores, a pesar de la recomendación que hizo la Sener en su informe.
La información sobre el montaje del SAE no fue pública hasta que el Sindicato Mexicano de Electricistas consiguió su desclasificación durante un largo litigio en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) en marzo pasado. El gobierno de Calderón había decidido reservar los documentos 12 años con el argumento de que los trabajadores eran “una amenaza para la seguridad nacional”.
Esparza obtuvo la toma de nota mediante un amparo en diciembre de 2010 y el pasado jueves 11 el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito resolvió que el despido de los trabajadores no tuvo causa ni motivo justificado y que la CFE es el patrón sustituto, por lo que se deben reponer las plazas laborales y los salarios caídos a más 16 mil trabajadores.

Estrategia equivocada

La toma de nota de Esparza, la resolución que considera que la CFE es el patrón sustituto y que el despido de los trabajadores fue injustificado fueron posibles debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó a salvo los derechos laborales y diferentes aspectos relativos a otras materias jurídicas que no fueron invocados en el juicio de amparo tramitado por el SME.
El pleno de la SCJN resolvió el 5 de julio de 2010 que el decreto de extinción de LFC era constitucional. El SME había intentado el amparo por considerar que el Ejecutivo invadió el ámbito de competencia del Poder Legislativo. También consideraban que el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP) era inconstitucional.
Dicho precepto establece que cuando un organismo descentralizado deje de cumplir con su objeto, el Ejecutivo puede disolverlo, liquidarlo o extinguirlo.
En la resolución del amparo de revisión 346/2010, la SCJN concluyó que la emisión del decreto era constitucional, es decir que no se invadió el ámbito de competencia del Poder Legislativo.
Conforme a la demanda de amparo y los sobreseimientos determinados por los jueces que conocieron el caso antes de que llegara a la SCJN, ésta se concretó a revisar los actos reclamados.
El SME exigía que la opinión de la Sener y Hacienda para extinguir LFC se considerara inconstitucional. La resolución de la Suprema Corte resolvió que no era así, ya que dichas opiniones no eran vinculatorias jurídicamente con la decisión presidencial.
Los argumentos del SME tuvieron como base que la creación de LFC fue un acto legislativo, por lo que su extinción también debió decidirse en el Congreso. Por lo tanto solicitaron que se declarara inconstitucional el articulo 16 de la LFEP, pero la Suprema Corte consideró que el precepto y su aplicación en este caso estaban fundados.
El SME no invocó el artículo 14 de dicha ley, ni la SCJN entró a su revisión. Ese artículo establece que el objeto de los organismos descentralizados es la realización de actividades de las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o social y la aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.
Tomando en cuenta el mencionado artículo 4 transitorio de la LSPEE –citado en el informe de la Sener–, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro pertenecen al grupo de áreas estratégicas y prioritarias y juntas forman el Sector Eléctrico que no puede desincorporarse sin un proceso legislativo.

Proceso administrativo

Como el informe de la Sener tenía la expresa preocupación por los juicios en materia administrativa y el asunto no se revisó en la SCJN ni era público, Proceso buscó –por medio de solicitudes de acceso a la información– dar un seguimiento a la extinción de LFC pese a la reserva de 12 años.
Un análisis realizado en 2005 por la Dirección de Gestión de Información y Estudios (DGEI) del IFAI, cuyo objetivo fue establecer criterios para acceder a la información de desincorporaciones de paraestatales, sirvió como guía.
El documento menciona que en 1989 el presidente Carlos Salinas emitió un decreto sobre el Plan Nacional de Desarrollo, cuyo numeral 5.3.9. se refiere a la modernización de la empresa pública. Establece que las entidades estratégicas deben ser atendidas con un criterio claro que evite confundirlas con las entidades del servicio institucional que prestan servicios o sirven para la investigación.
Además advierte que no serán desincorporadas las entidades que reúnan las características de estratégicas o prioritarias, o ambas.
Con el procedimiento administrativo descrito por la DGEI se encontró lo siguiente.
Siendo la Sener coordinadora del sector eléctrico tiene competencia para iniciar una desincorporación. El reglamento de la Sener, artículo 8, fracción X, establece entre las atribuciones no delegables del titular: “Emitir opinión sobre la transformación, fusión, escisión, enajenación, disolución, extinción y liquidación según corresponda, de las paraestatales coordinadas”.
El mismo reglamento establece que los subsecretarios tienen como atribución emitir también esas opiniones “así como recomendar la forma y términos para realizar lo anterior, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y criterios y normas emitidas por la SHCP”.
A partir de lo anterior se solicitó el mencionado informe de la Sener para recomendar la extinción de LFC. El IFAI resolvió desclasificar los documentos que ahora tiene Proceso; es decir el informe con las opiniones de la secretaria y el subsecretario, en las que se constata la omisión a las disposiciones jurídicas y normas emitidas por Hacienda.
El documento empieza con el oficio 100.2009-049, de fecha 28 de septiembre de 2009, dirigido por la secretaria de Energía, Georgina Kessel al secretario ejecutivo de la CIGF, Leopoldo de Rosenzweig, en el que se anexa el documento Informe de la Desincorporación Mediante Extinción del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
Para saber si hubo omisión se solicitó a Hacienda la normatividad aplicable para desincorporar una paraestatal. Las respuestas de la dependencia fueron obtenidas a través de la resolución 6507/10 y consisten en asegurar que sí existe una norma específica que es “de observancia obligatoria” para el Poder Ejecutivo.
Se trata de la Norma Especifica de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal (NEIFGSP 011), emitida en enero de 2009, es decir ya en el gobierno de Calderón y antes de la extinción de LFC. El primer contenido del documento es su “objetivo”:
“La desincorporación de entidades del Sector Paraestatal tiene como propósito contribuir en la modernización del país, permitiendo la liberación de recursos para una mayor atención de los sectores prioritarios del desarrollo. Dicha desincorporación, se aplica a las empresas paraestatales no estratégicas ni prioritarias”.
En el numeral 6 de la NEIFGSP se establece que el procedimiento administrativo: “Inicia formalmente cuando la coordinadora de sector presenta a la CIGF su propuesta de desincorporación, por considerar que la Entidad no es estratégica ni prioritaria”.
Como argumentó el SME en el amparo que resolvió la SCJN, el carácter de estratégico deriva de los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales, donde se asienta que el Sector Eléctrico es estratégico, lo cual no fue considerado para la extinción.
Hay más. En el numeral 79, inciso d de la NEIFGSP se reglamenta como requisito de extinción, “en el caso de los organismos descentralizados, liquidarse previamente”. El decreto de Calderón ordenó primero la extinción y luego la liquidación de LFC, que era descentralizada.
Mediante otra solicitud se preguntó a la SHCP cuál era la normatividad aplicable para desincorporar un organismo estratégico. Respondió que la LFEP, su reglamento y el Manual de Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, emitido de 1995. Es decir un reglamento parecido aunque anterior a la NEIFGSP.
El manual no especifica si sirve para desincorporar una entidad estratégica por lo que se cuestionó al respecto a la dependencia. Esta vez, la respuesta vino de la Procuraduría Fiscal de la Federación, contradiciendo la respuesta original: es claro que el manual es para desincorporar entidades que no son estratégicas ni prioritarias.
Hasta el momento la SHCP no ha entregado ninguna norma que sirva para desincorporar entidades estratégicas y el asunto se mantiene en el IFAI, que por la complejidad de las respuestas de la dependencia pidió una ampliación del plazo para resolver.
Sin embargo, a fin de dar seguimiento al manual se localizó en sus lineamientos para iniciar cualquier proceso de desincorporación:
“La SHCP, en coordinación con la coordinadora de sector, enviará un informe escrito a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo los procesos de desincorporación”.
El lineamiento establece que cuando la coordinadora de sector haya aportado los elementos necesarios la Cámara de Diputados, vía la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información de referencia y en su caso dará su opinión.
Es decir que el reclamo de que Calderón no tomó en cuenta al Poder Legislativo era viable, pero al revisar el caso la Suprema Corte se concretó a la constitucionalidad de la facultad presidencial para emitir el decreto y del artículo 16 de la LFEP, sin entrar a analizar la materia administrativa, pues no se invocó en la demanda del SME, así que las irregularidades en esa materia no se han juzgado.


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