Televisa ha dicho, desde el primer día, que no son empleados suyos. El gobierno de Nicaragua tampoco ha confirmado oficialmente que se trate de empleados de la televisora mexicana.Podemos confirmar que Raquel Alatorre Correa y al menos tres o cuatro de los detenidos en las seis Van que ingresaron a Nicaragua el pasado lunes por un punto fronterizo con Honduras, son trabajadores de Televisa, el gigante de la televisión mexicana que no sabemos cómo explicará esto.
Así dice la nota firmada por Oscar Merlo.Cuando fue presentada ante los periodistas, gritó que quería ser juzgada en Nicaragua para no meter en problemas ‘a su familia’. Raquel es una persona con influencia en la televisora donde trabaja debido a que es familiar (prima) de Javier Alatorre Soria, uno de los dandis de TV Azteca, la empresa de televisión que fue rival de Televisa durante muchos años hasta que en 2011 entraron en alianzas en el negocio de la venta de servicios a través de celulares.
La detención se hizo gracias a llamada anónima que alertó a las autoridades. De acuerdo con canal15, la alarma se efectuó a las 9:30 pm del domingo 19 de agosto.Algunos de ellos declararon aquí que son empleados de Televisa, lo que fue confirmado por autoridades mexicanas que dicen investigarán a dicha empresa, pese al indudable poder que tiene dentro de la sociedad de ese país”, dijo nuestra fuente.Agregó que será algo difícil por el poderío de Televisa y su propietario Emilio Azcárraga, lo que ya se está haciendo notar con la negativa a aceptar públicamente que Raquel Alatorre Correa y varios más de los narcos detenidos son empleados suyos.
“Televisa tendrá también que explicar cómo es que se le ‘perdieron’ seis de sus móviles a como dicen ahora, y si había reportado esa pérdida a la Policía mexicana”, señaló nuestro informante.
“Hay otra sorpresa divulgada”, dice. “Se trata de Raquel Alatorre Correa, supuesta jefa del grupo de los 18 falsos periodistas capturados, la cual ahora aparece como empleada de Televisa. Se afirma según el movimiento migratorio de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, que la mexicana pasó y salió por el puesto fronterizo de Peñas Blancas Nicaragua 34 veces. La fecha de esa salida está registrado desde enero del 2008 hasta el mes de junio de este año 2012”.Incluso se señala que el escándalo narco involucra al Vicepresidente corporativo de la cadena Televisa, Claudio X. González, quien había autorizado la flota de Vans que fueron detenidos por la policía nicaragüense con el logotipo de la conocida televisora. Además las fuentes policiales de Nicaragua señalan que forma parte del inventario de ellos. Se supo por archivos de la misma televisora Televisa , que Claudio X. González, Vicepresidente corporativo de Televisa, es presidente del consejo de mexicano de hombres de negocios desde julio del 2012”.
El grupo financiero Scotiabank aceptó haber solicitado al Banco de México (BdeM) corregir
un comprobante electrónico de pago que según Ricardo Monreal, próximo coordinador de la bancada del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, habría sido alterado para ocultar presuntos movimientos financieros y lavado de dinero destinados a financiar la pasada campaña de Enrique Peña Nieto.
El grupo financiero expresó ayer en un escueto comunicado de prensa que “en referencia a las recientes declaraciones que han circulado en los distintos medios de comunicación, Scotiabank informa que: el día 19 de junio del año en curso Scotiabank operó la transferencia electrónica interbancaria, con clave de rastreo CASH0100120619043424, con base en las instrucciones recibidas y los recursos fueron depositados a la cuenta CLABE 044420038008069350, cuyo titular es el gobierno del estado de México.
El día 13 de agosto de 2012, Scotiabank solicitó al Banco de México corregir la información del comprobante electrónico de pago del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de la transferencia antes mencionada para reflejar al beneficiario de la transacción de manera correcta.
El comunicado fue enviado por la institución bancaria luego de que el pasado sábado el todavía senador del Partido del Trabajo Ricardo Monreal anticipó que esta semana presentaría una demanda contra el gobernador del BdeM, Agustín Carstens, porque, afirmó, hay elementos que demuestran la alteración de un comprobante electrónico de una transferencia para proteger a Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Peña Nieto.
En relación con el mismo asunto, el domingo el banco central dijo que rechaza categóricamente las presunciones infundadas realizadas en contra de la institución y de su gobernador
.
Afirmó que las presunciones que ponen en entredicho el proceder del BdeM y de sus funcionarios son completamente infundadas y faltan a la verdad
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En su respuesta a Monreal Ávíla, el instituto central afirmó que, como administrador del sistema de pagos SPEI (mecanismo mediante el cual se realizó la operación señalada por el político) no tiene responsabilidad alguna respecto de los datos contenidos en los comprobantes, dado que la veracidad y exactitud de la información sólo pueden ser comprobadas por el banco receptor de los recursos
.
Cualquier modificación en los comprobantes, explicó, sólo puede hacerse mediante instrucción directa del banco receptor. En el caso ventilado recientemente ante los medios de comunicación, el Banco de México recibió instrucciones explícitas del banco receptor de los recursos para corregir información inconsistente, que provenía de una deficiencia en el sistema del propio banco receptor
.
El pasado sábado el próximo coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano expuso en conferencia de prensa que Carstens habría alterado los documentos de una transferencia electrónica por 50 millones de pesos que presuntamente fueron utilizados para la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional.
Se trata, afirmó, de una transferencia electrónica de una cuenta bancaria del gobierno del estado de México a un ciudadano de apenas 25 años.
La izquierda no puede competir otra vez en una elección “donde el árbitro actúa como parte”, sostiene.
Ciro Pérez Silva
Publicado: 28/08/2012 11:23
Afirmó que en Latino América, México es un claro caso de "excepcionalidad" cuando se constata que, en cada proceso de elección presidencial, "se impone una constelación de intereses económicos y políticos para, sistemáticamente, bloquear a la izquierda para acceder al poder político", frente a ellos, todavía hoy el TEPJF "tiene la opción de ponerse del lado de la ley y, con argumentos constitucionales, invalidar la elección".
Al participar en el foro México después del 2 de julio y el mundo actual, que tuvo lugar en Casa Lamm sostuvo que la legislación electoral en México está diseñado para que el candidato en cuestión tome el riesgo de violar la ley con la certeza de que, al final, el Tribunal va a admitir que hubo violaciones pero, como sucedió hace 6 años, "al violador de la norma se le nombra Presidente".
A su vez Javier Jiménez Espriú, llamó a la sociedad a estar preparada para el cambio de horario que habrá de anunciar con su sentencia el TEPJF: "el 1 de diciembre, atrase su reloj 70 años", sentencia que, además, trae consigo para los mexicanos "una pena de 6 años de reclusión y trabajos forzados, y a hacer frente a los embates de la corrupción y el entreguismo".
La compra de la elección, agregó, "cancela toda posibilidad de un gobierno honesto, aunque tratándose del PRI, esto último es algo por demás improbable". Llamó a "seguir en la lucha, porque ningún mexicano bien nacido debe abandonar al país a su suerte", y advirtió que "de darle el Tribunal impunidad al fraude, no solo permitiría que la versión política del crimen organizado se saliera con la suya, sino que también le estaría dando el tiro de gracia a la democracia".
En su intervención Armando Bartra destacó que el Movimiento Progresista sigue enviando pruebas al tribunal, no porque crea que la va a evaluar correctamente, ya que el Propio presiente del TEPJF adelantó meses atrás, que nadie ganará en el tribunal lo que no ganó en las urnas, sino para que la gente se entere de todas las irregularidades que cometieron el PRI y su candidato
Los ponentes, entre los que también estuvo Bernardo Barranco, coincidieron al señalar que Morena, como movimiento social, debe continuar y articularse con otros movimientos nacionales y regionales y profundizar en la oposición a un gobierno ilegítimo.
Sin embargo, convinieron, esto no debe excluir que, de convenir a sus intereses, pueda constituir el partido político de Morena sin que Morena sea absorbido por el partido político y alertado sobre el peligro de caer en la lógica de los institutos políticos, que son incapaces de asimilar cambios que impulsan los movimientos sociales.
El pasado jueves 2 de agosto hicimos públicos diversos documentos que presumían un clásico mecanismo de triangulación financiera entre cuentas del gobierno del Estado de México, un particular y la campaña presidencial del PRI. El centro de estas operaciones era la cuenta 03800806935 de Scotiabank, que en un lapso de dos meses había mostrado tres titulares diferentes: gobierno del Estado de México, Luis Videgaray y Marco Antonio González Pack.
Esta inconsistencia en la información presentada sirvió de pauta para que el secretario de Finanzas del gobierno mexiquense señalara que nuestra documentación era apócrifa y que estábamos calumniando a la administración estatal, motivo por el cual fuimos objeto de una demanda civil y de una denuncia penal.
Informados con oportunidad que Banxico realizó hace algunos días cambios en los nombres de los administradores que aparecían en las transferencias bancarias (SPEI) de esa susodicha cuenta (ex post a la denuncia que presentamos ante la SIEDO por lavado de dinero y ante el IFE y el TEPJF por utilización de recursos de procedencia ilícita en la campaña del PRI), el sábado pasado anunciamos la denuncia que promoveríamos contra el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, por alteración de documentos financieros oficiales.
El pasado domingo, el banco central respondió con un comunicado que en su parte medular señala: “El instituto central no tiene responsabilidad alguna respecto de los datos contenidos en los comprobantes, dado que la veracidad y exactitud de la información solo pueden ser comprobadas por el banco receptor de los recursos. Cualquier modificación en los comprobantes solo puede hacerse mediante instrucción directa del banco receptor. En el caso ventilado recientemente ante los medios de comunicación el Banco de México recibió instrucciones explícitas del banco receptor de los recursos para corregir información inconsistente, que provenía de una deficiencia en el sistema del propio banco receptor” (el subrayado es de la propia institución).
Ayer, el “banco receptor”, Scotiabank, emitió a su vez un comunicado de dos párrafos validando que fueron ellos quienes solicitaron “el día 13 de agosto del 2012… corregir la información del comprobante electrónico de pago del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de la transferencia antes mencionada para reflejar al beneficiario de la transacción de manera correcta”; es decir, para eliminar del SPEI del 19 de junio pasado a “Marco Antonio González Pack” y poner en su lugar “Gobierno del Estado de México”.
¿Qué significa esto? 1) Los SPEI que exhibimos hace casi un mes como prueba de una triangulación financiera y con base en los cuales presentamos las denuncias correspondientes ante el IFE, TEPJF y SIEDO, no son apócrifos o falsos; sí existen y son oficiales. 2) Que una vez denunciada la transferencia por 50 millones de pesos de una cuenta de Bancomer del gobierno mexiquense a la cuenta de Scotiabank a nombre de “González Pack”, el banco procedió a solicitar a Banxico la corrección del nombre (es decir, se dieron cuenta de un error de 50 millones de pesos, ¡55 días después!). 3) Lo más importante: ¿qué pasó con los fondos del gobierno mexiquense transferidos “erróneamente”? Estamos en posibilidades de informar que fueron debidamente gastados, en tiempo y forma, en un objeto de inversión muy distinto al que compete a un gobierno estatal. Aquí no hubo error ni dilación alguna.
Marco Antonio González Pack no es cualquier “inconsistencia” o “deficiencia del banco receptor”. Estudiante de 25 años, laboró como gerente de ventas de la empresa Industrias Gil & Eagle, asentada en Chihuahua, hasta hace un año (es decir, probablemente ni se enteró de que le habrían depositado desde Toluca 50 mdp). La empresa se dedica a “producir plataformas, cajas secas y refrigeradas, desde un minitruck hasta un semiremolque para un tractocamión”, según se lee en su página de internet. Casualmente también fabrican los “publimóvil” o plataformas para pasear espectaculares móviles como los que se vieron en varias ciudades del país con la imagen y publicidad de los candidatos del PRI a diversos cargos de elección (entre ellos, el candidato presidencial). Por cierto, este tipo de publicidad, al igual que las vallas, no son gastos reportables ante el IFE.
Gracias al Banco de México por certificar que las transferencias millonarias que supuestamente nunca existieron, son reales. Gracias también a Scotiabank por evidenciar de manera involuntaria el procedimiento expost y ad hoc que está en marcha para tratar de borrar lo indeleble: las huellas del dinero ilícito e ilegal con el que se pervirtió la elección para intentar comprar la Presidencia de México.
Twiter.@ricardomonreala
Scotiabank confirmó que solicitó al Banco de México (Banxico) corregir la información del comprobante electrónico de pago del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarioso (SPEI) respecto a una transferencia realizada en favor del gobierno del Estado de México.
Lo anterior, luego de que el pasado sábado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que en los próximos días presentará una denuncia contra el gobernador del Banxico, Agustín Carstens, por presuntamente haber alterado documentos de una transferencia electrónica por 50 millones de pesos.
Según el diputado electo, esos recursos fueron para la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Al respecto, Scotiabank aclara que el pasado 19 de junio operó la transferencia electrónica interbancaria, con clave de rastreo CASH0100120619043424, con base en las instrucciones recibidas y los recursos fueron depositados a la cuenta CLABE 044420038008069350, cuyo titular es el gobierno del estado de México.
En tanto, el pasado 13 de agosto, “Scotiabank solicitó al Banco de México corregir la información del comprobante electrónico de pago del SPEI de la transferencia antes mencionada, para reflejar al beneficiario de la transacción de manera correcta”.
Sobre este asunto, este domingo el Banxico calificó de infundadas y faltas a la verdad las acusaciones en contra de la institución y de su gobernador por parte de Monreal Ávila.
El banco central expuso que como administrador del SPEI provee la infraestructura y las vías de comunicación de dicho sistema, mientras que las transacciones que se efectúan son operadas sólo por las instituciones financieras que mantienen la relación directa con el público usuario.
De hecho, todos los datos de los comprobantes de pago del SPEI son producidos por los bancos receptores de los recursos, sin responsabilidad del Banxico, tal y como se previene al calce de cada uno de ellos, expuso el banco central en un comunicado.
Víctor M. Toledo Como sucede en buena parte del mundo, los poderes económicos, en complicidad con los poderes políticos, abusan, se ensañan, se burlan de los ciudadanos, convertidos en meros objetos mercantiles, consumidores potenciales o votos para ser comprados. El descubrimiento de que el planeta se ha convertido en el teatro de un gigantesco drama donde sólo el uno por ciento (y hasta menos) explota al 99 por ciento restante hace pedazos las visiones políticas emancipadoras, incluyendo a las más avanzadas, y pone en entredicho la validez y legitimidad de la democracia representativa. México no es la excepción sino ejemplo notorio de lo anterior. Hoy resulta ya inservible todo el modelo de democracia construido en las últimas dos décadas por los partidos de la derecha, el centro y la izquierda, cuyas diferencias ideológicas y morales son cada vez menos perceptibles. A los banquetes y orgías del capital hoy son invitados buena parte de los políticos mexicanos, y viceversa, en las bacanales de la corrupción política está puntualmente presente la oligarquía industrial, mediática, comercial y financiera.
Salarios bajos, impuestos rigurosos a los trabajadores y perdón fiscal al capital más poderoso, servicios y combustibles caros, explotación privada del petróleo, importación de alimentos caros y tóxicos y no apoyo a los productores mexicanos, ganancias excesivas de la banca, millones de miserables, entrega de los recursos naturales a corporaciones extranjeras, 98 por ciento de los homicidios cometidos sin castigo alguno, privatización de todo lo que se deje privatizar, devastación ecológica, aumento de enfermedades, inseguridad en más de la mitad del país y, last but not least, nuevo contubernio de los monopolios económicos y de las mafias políticas con el crimen organizado.
México es ya un infierno social, no sólo por lo que sucede sino por lo que habrá de suceder si el último de los agravios, la compra descarada y despiadada de las elecciones presidenciales, es legalmente avalada por esas fuerzas perversas en pleno contubernio. Es más, hoy la ilegalidad e inmoralidad del proceso electoral se ha convertido en el primer obstáculo para salir de ese infierno. Esta elección ya dejó de ser ideológica para volverse una elección moral, el primer paso para iniciar la regeneración nacional.
¿Frente a ello, qué podemos hacer los ciudadanos? Muy simple, como lo señalé en mi entrega anterior (La Jornada, 10/8/2012) “… si el juego no ha sido limpio, si otros jugadores y los árbitros nos hacen trampas, es muy sencillo: cambiemos de juego”. Lo anterior supone pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, poner bajo control social a los poderes económicos y políticos hoy convertidos en factores antidemocráticos, apátridas y de explotación ecológica y social. Cambiar de juego significa hoy dos cosas: desconocer la validez y legitimidad de la elección presidencial y, en segundo término, llevar a la práctica una nueva consulta que supere las limitaciones y trampas de la realizada por los poderes.
Para poner en práctica lo primero se requiere de actos colectivos y masivos como manifestaciones, mítines, cercos, cadenas humanas, irrupciones sorpresivas, diferentes clases de boicots, muestras de insurgencia civil, no al pago de impuestos diversos, etcétera. Para lo segundo hace falta realizar una consulta nacional (referéndum), organizada por la sociedad civil, que podría exponer al juicio público tres o cuatro preguntas cruciales. Esta consulta debería tener como objetivo alcanzar una participación de al menos 20 millones de votantes. Este referéndum debería realizarse de lo posible en el corto plazo (antes del primero de diciembre), ser impecable, vigilado por organismos nacionales e internacionales, y pensado para ejecutarse tanto por la vía del voto real como del voto cibernético o virtual.
¿Quienes están de nuestro lado? La Constitución de México (artículos 32 y 41), dos organizaciones sociales de gran escala (Morena y #YoSoy132), miles de organizaciones civiles o no gubernamentales, innumerables sindicatos de la industria y los servicios, buena parte de las organizaciones campesinas de escala nacional, estatal y regional, movimientos activos de resistencia, defensores del ambiente, derechos humanos y paz, miles de comunidades rurales e indígenas y, por lo menos, los casi 16 millones de ciudadanos que votaron por la única opción electoral honesta, la de Andrés Manuel López Obrador. Se cuenta además con la posibilidad de integrar al nuevo juego a las redes sociales y a sus 40 millones de participantes. El principal contingente, sin embargo, parece ser ese nuevo sector de ciudadanos decentes que marcharon en 70 ciudades del país sin que ningún partido u organización los convocara, y que muy probablemente pertenecen a los que son los verdaderos triunfadores de las elecciones de 2012: el 39 por ciento de los electores (30 millones de mexicanos) que, o se negaron a votar o anularon el voto y que igual sufren porque carecen de una vida digna material, intelectual, moral y/o espiritual.
"El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos". Esto es lo que se lee en su portal. En unos días sabremos si son fieles a su mandato y están de nuestro lado, o si son uno más de los míseros cómplices, unos más de los miembros de ese uno por ciento de mexicanos que explotan y engañan al resto, y que están a punto de colocar a un delincuente como presidente de México. Sea lo que fuere, los ciudadanos estamos obligados a transformar esa "democracia", paso primero para encontrar la salida a la tremenda crisis que padece el país. La hora ha llegado. "Ceder un poco es capitular demasiado".
Para Maricarmen (1956-2012), toda una vida en defensa de la vida.
Por Oscar Merlo Podemos confirmar que Raquel Alatorre Correa y al menos tres o cuatro de los detenidos en las seis Van que ingresaron a Nicaragua el pasado lunes por un punto fronterizo con Honduras, son trabajadores de Televisa, el gigante de la televisión mexicana que no sabemos cómo explicará esto.
Alatorre, de quien en algún momento se creyó que viajaba con nombre falso, es en realidad la persona que reflejan su pasaporte y otros documentos de identificación. Cuando fue presentada ante los periodistas, gritó que quería ser juzgada en Nicaragua para no meter en problemas “a su familia”.
Raquel es una persona con influencia en la televisora donde trabaja debido a que es familiar (prima) de Javier Alatorre Soria, uno de los dandis de TV Azteca, la empresa de televisión que fue rival de Televisa durante muchos años hasta que en 2011 entraron en alianzas en el negocio de la venta de servicios a través de celulares.
Raquel Alatorre en primer plano, prima de Javier Alatorre Foto: El Cronista digital
Javier Alatorre Soria, de 51 años, conduce el espacio noticioso “Hechos” y se mueve en los altos círculos sociales mexicanos. Existen publicaciones en internet que le adjudican una muy estrecha relación con un influyente millonario de la nación azteca.
“Algunos de ellos declararon aquí que son empleados de Televisa, lo que fue confirmado por autoridades mexicanas que dicen investigarán a dicha empresa, pese al indudable poder que tiene dentro de la sociedad de ese país”, dijo nuestra fuente.
Agregó que será algo difícil por el poderío de Televisa y su propietario Emilio Azcárraga, lo que ya se está haciendo notar con la negativa a aceptar públicamente que Raquel Alatorre Correa y varios más de los narcos detenidos son empleados suyos.
“Televisa tendrá también que explicar cómo es que se le ‘perdieron’ seis de sus móviles a como dicen ahora, y si había reportado esa pérdida a la Policía mexicana”, señaló nuestro informante.
“Nada es falso en las seis Van, los logos, los equipos, todo es de Televisa”, señaló nuestro informante.
Lo anterior vendría a explicar la facilidad con que estos vehículos de Televisa se movilizaban por Centroamérica sin ser descubiertos desde hace un par de años y si ya habían realizado varios viajes a nuestro país, de seguro metieron dinero y sacaron droga.
Es decir, no era una “falsa caravana de Televisa” como se ha venido diciendo en nuestro país, es efectivamente un convoy de vehículos de la empresa televisora mexicana con gente ligada al narcotráfico internacional que ha incursionado legalmente en varias ocasiones a Nicaragua y otros países de la región.
En esta ocasión fueron detenidos debido a una llamada anónima que alertó a nuestras autoridades sobre la peligrosidad de la caravana de Van con insignias de Televisa que entraría nuevamente a Nicaragua desde Honduras.
Fuente: El Cronista Digital
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Orizaba, Veracruz.- Llevaba una playera negra, pantalon de mezclilla, es de complexion delgado y piel morena...Corresponsal de RadioAMLO en Cordoba Veracruz..jpg)
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RadioAMLO con Jorge Saldaña
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