miércoles, 22 de septiembre de 2010

El Diario de Juárez y la derrota de Calderón

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- Una conmoción fuera y dentro del país ocasionó el editorial publicado el domingo 19 de septiembre por El Diario de Juárez, bajo el título “¿Qué Quieren de nosotros?”. No es la primera vez que un medio impreso del norte del país decidía interpelar al crimen organizado para enfrentar la ola de intimidaciones y matanzas que alcanzaron ya al personal del propio rotativo.

De los casi 70 reporteros y trabajadores gráficos que han muerto en los últimos diez años, casi 60% trabajaban para medios de comuinicación de Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Sonora o Durango, “plazas” disputadas por los cárteles del narcotráfico. Algunos periódicos como El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, decidieron desde hace años dejar de firmar las notas relacionadas con el narcotráfico para no poner en riesgo a sus reporteros. Otros, como Zeta, han acusado abiertamente la complicidad entre políticos y narcotraficantes.

Lo diferente es que, a raíz del asesinato de su fotógrafo Luis Carlos Santiago Orozco, El Diario decidió hacer pública su interpelación a los cárteles que se disputan la plaza y descalificar con toda crudeza el operativo policíaco-militar ordenado por el gobierno de Felipe Calderón. Ciudad Juárez se mostró así como el ejemplo más claro de una “guerra” cuya estrategia no está clara y que ha llevado al hartazgo de la población civil.
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Peña Nieto: reglas a modo

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 21 de septiembre.- Ante la posibilidad de perder la sucesión en su entidad y, por ende, su eventual candidatura a la Presidencia de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, modificó (en vísperas de que venciera el plazo constitucional para ello) las reglas para asegurarse de que las condiciones lo favorezcan.

La controvertida reforma aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local afecta los procesos electorales en cuatro frentes: complica la creación de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas al dejar únicamente vigente la vía de las coaliciones; reduce a la mitad el periodo de campañas y a una sexta parte el de las precampañas; disminuye el financiamiento público para la obtención del voto, y, finalmente, amplía en 45 días el periodo para que el gobernador mantenga en los medios de comunicación social la propaganda gubernamental.

La discusión se centra en la eliminación de la figura de las candidaturas comunes, por la expresa oposición del gobernador Peña Nieto a una posible alianza entre el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura, pero en realidad la estrategia para disminuir las posibilidades de éxito de una eventual alianza opositora es integral y busca debilitarla en varios flancos.
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