Blog de RadioAMLO

San Juan Copala y el Estado fallido

Javier Sicilia

MÉXICO, D.F., 6 de octubre.- Las circunstancias que se viven en dos extremos del país –Ciudad Juárez, Chihuahua, y San Juan Copala, Oaxaca– dejan claro lo que la propaganda mediática del centro quiere borrar: la evidencia de un Estado fallido. Aunque las circunstancias son distintas en los factos –Ciudad Juárez es rehén del narcotráfico; San Juan Copala, de paramilitares–, en sustancia son idénticas: ambos lugares son la muestra más clara de que vivimos en un país donde el Estado, que ha entrado en crisis, claudicó en su vocación fundamental –garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos– para convertirse en garante de la impunidad del poder.

Pero si la situación de Ciudad Juárez es terrible, la de San Juan Copala es peor. Aquí no es el vacío del gobierno el que impera, sino el uso ilegal del Estado para destruir uno de los fundamentos del Estado moderno: la subsidiaridad, es decir, el respeto máximo al derecho a la autodeterminación o, mejor, a la libre determinación de todos y cada uno de los miembros de una estructura social a autogobernarse.

San Juan Copala es una comunidad triqui de alrededor de 750 habitantes. Su lengua es una variante del mixteco. En diciembre de 2007, apoyándose en una declaración de la ONU, como consecuencia del movimiento zapatista, se convirtió en municipio autónomo, es decir, dejó de formar parte del de Santiago Juxtlahuaca.

La respuesta por parte del gobierno a esta proclamación no fue, como debía esperarse, aceptarla y trabajar con ella bajo el principio de la subsidiaridad, sino formar grupos paramilitares a través de una organización llamada Unidad para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), y poner a San Juan Copala en estado de sitio.

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Partidocracia mexiquense: el abuso desenfrenado

Lourdes Morales Canales

MÉXICO, D.F., 6 de octubre (apro).- En los últimos 10 años, ninguna entidad ha invertido en los últimos 10 años tantos recursos para el financiamiento de los partidos políticos y la promoción del voto, como lo ha hecho el estado de México.

La entidad gobernada por Enrique Peña Nieto, que concentra poco más de 10 millones de electores –el padrón electoral más importante del país–, ha aumentado en este tiempo casi en 300% el monto del financiamiento, ignorando las demandas ciudadanas de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, ya que en 2009 destinó un total de 693 millones de pesos para que las ocho fuerzas políticas con registro pudieran realizar actividades ordinarias y de campaña.

El partido que más recibió fue el Revolucionario Institucional (PRI), que cuenta con la mayoría en el Congreso y gobierna actualmente 97 de los 125 municipios de la entidad.

El financiamiento a los partidos se aprobó en un año de fuerte crisis económica y en un contexto en el que, a raíz de la reforma electoral del 2007, se realizaron en un mismo día elecciones de gobernador, diputados locales, diputados federales y ayuntamientos.

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