MÉXICO, D.F., 16 de diciembre (apro).- En los cuatro años del gobierno de Felipe Calderón, las mujeres hemos padecido no sólo la persecución por aborto con acciones amañadas, también se han documentado más de mil 700 asesinatos de personas del sexo femenino, y no se ha dado cumplimiento a las leyes y normas de igualdad.
Además, existe un marcado deterioro laboral y, para cerrar con broche de oro, tenemos un Estado sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por feminicidios.
Es enorme la lista de agravios, que naturalmente pasan por la intentona que siempre busca evitar que las mujeres lleguen a puestos de decisión y, por supuesto, la permanente violación a los derechos humanos y las amenazas de muerte a periodistas que, como Anabel Hernández, indagan la corrupción gubernamental o simplemente revelan los laberintos en que quedan ancladas muchas de las denuncias y arbitrariedades contra trabajadoras, como las del Sindicato Mexicano de Electricistas.
No existe un solo rincón del país donde no haya algo que reclamar como resultado de una política siniestra, donde los seres humanos son disminuidos o restringidos en sus libertades fundamentales.
El panorama podría llenarse de cifras y de hechos, pero no hay espacio suficiente para documentarlo ahora. También de respuestas oficiales que siempre concluyen que no pasa tanto, que la verdad es que progresamos y estamos recuperando la economía.
Me dirán que lo mismo sucede a los hombres mexicanos, restringidos, encarcelados y también asesinados. Tienen razón. La ausencia del Estado en el país dejó 12 periodistas asesinados en 2010 y tres desaparecidos, sólo por poner énfasis en una situación grave, porque la libertad de expresión es la reina de las libertades, porque el periodismo es el vehículo que permite llegar a la masas, como lo han hecho las revelaciones de WikiLeaks y lo ha señalado el director del diario El Sur de Acapulco, Juan Angulo, cuyo edificio fue baleado el pasado 10 de noviembre.
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Además, existe un marcado deterioro laboral y, para cerrar con broche de oro, tenemos un Estado sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por feminicidios.
Es enorme la lista de agravios, que naturalmente pasan por la intentona que siempre busca evitar que las mujeres lleguen a puestos de decisión y, por supuesto, la permanente violación a los derechos humanos y las amenazas de muerte a periodistas que, como Anabel Hernández, indagan la corrupción gubernamental o simplemente revelan los laberintos en que quedan ancladas muchas de las denuncias y arbitrariedades contra trabajadoras, como las del Sindicato Mexicano de Electricistas.
No existe un solo rincón del país donde no haya algo que reclamar como resultado de una política siniestra, donde los seres humanos son disminuidos o restringidos en sus libertades fundamentales.
El panorama podría llenarse de cifras y de hechos, pero no hay espacio suficiente para documentarlo ahora. También de respuestas oficiales que siempre concluyen que no pasa tanto, que la verdad es que progresamos y estamos recuperando la economía.
Me dirán que lo mismo sucede a los hombres mexicanos, restringidos, encarcelados y también asesinados. Tienen razón. La ausencia del Estado en el país dejó 12 periodistas asesinados en 2010 y tres desaparecidos, sólo por poner énfasis en una situación grave, porque la libertad de expresión es la reina de las libertades, porque el periodismo es el vehículo que permite llegar a la masas, como lo han hecho las revelaciones de WikiLeaks y lo ha señalado el director del diario El Sur de Acapulco, Juan Angulo, cuyo edificio fue baleado el pasado 10 de noviembre.
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