Sección: Oficio de Papel
Los contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) son el principal objetivo de muchos grupos de poder dentro y fuera del país porque concentran la mayor parte del Presupuesto de Egresos de la Federación relacionado con obra pública.
En México, el Grupo Carso de Carlos Slim –a través de la constructora Impulsora del Desarrollo Económico de América Latina– y el Grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) han buscado mantener el liderazgo y participación en el mercado de los contratistas del sector energético, aunque la competencia de multinacionales es constante y depredadora para las compañías mexicanas, como muestra el caso de Bufete Industrial, que ya desapareció.
Los contratos que otorgan las paraestatales Pemex y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos vinculados a influyentes políticos. Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a la crisis económica del país.
Pemex, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369 mil millones de pesos durante los próximos nueve años, y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos. Mucho de este dinero, por supuesto, irá a parar a los bolsillos de funcionarios comisionistas que otorgan contratos a intermediarios y empresarios corruptos.
Además, los contratistas de la paraestatal petrolera aún esperan inversiones por 8 mil millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que Pemex aplique esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas.
Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos, y esa situación parece que no va a cambiar.
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En México, el Grupo Carso de Carlos Slim –a través de la constructora Impulsora del Desarrollo Económico de América Latina– y el Grupo ICA (Ingenieros Civiles Asociados) han buscado mantener el liderazgo y participación en el mercado de los contratistas del sector energético, aunque la competencia de multinacionales es constante y depredadora para las compañías mexicanas, como muestra el caso de Bufete Industrial, que ya desapareció.
Los contratos que otorgan las paraestatales Pemex y CFE también han sido motivo de ambición y luchas internas de grupos vinculados a influyentes políticos. Se trata de un gran tesoro con un flujo constante y seguro que se administra de manera independiente a la crisis económica del país.
Pemex, por ejemplo, planea invertir un promedio anual de 369 mil millones de pesos durante los próximos nueve años, y será entre 2012 y 2014 cuando se registren los niveles más altos de ese flujo de recursos. Mucho de este dinero, por supuesto, irá a parar a los bolsillos de funcionarios comisionistas que otorgan contratos a intermediarios y empresarios corruptos.
Además, los contratistas de la paraestatal petrolera aún esperan inversiones por 8 mil millones de dólares para la refinería que se localizaría en Tula, Hidalgo. No sólo eso, las modificaciones a la legislación de la industria petrolera permitirán que Pemex aplique esquemas más flexibles y eficientes para la contratación de servicios a través de licitaciones públicas.
Así, se esperan millonarios contratos para Chicontepec y las aguas profundas del Golfo de México. Sin embargo, la corrupción y la falta de transparencia han caracterizado, en muchos casos, el ejercicio de estos recursos, y esa situación parece que no va a cambiar.
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