MÉXICO, D.F., 7 de febrero.- La reacción del gobernador de Chihuahua, César Duarte, frente al asesinato de la activista Marisela Escobedo el pasado 16 de diciembre de 2010, es una muestra más de cómo los gobernantes mexicanos pretenden ocultar su insensibilidad, irresponsabilidad e ineficacia con acciones mediáticas, aunque éstas violenten el mismo estado de derecho que ellos afirman defender.
La madre de Rubí Frayre –menor asesinada el 29 de agosto de 2008, presuntamente por Sergio Rafael Barraza, con quien procreó una hija– suplió muchas de las funciones y responsabilidades de la policía y el Ministerio Público de Chihuahua para lograr sentar frente a un tribunal de justicia oral al inculpado. Y tras de que éste fue liberado, el 29 de abril de 2010, por los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, porque “...los fiscales no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar a un imputado de un delito grave…”, tocó todas las puertas para denunciar los hechos y exigir justicia.
Entre las puertas que tocó están las del hoy exgobernador José Reyes Baeza; la del actual gobernador César Duarte; la de la PGR y la Secretaría de Gobernación, y la del presidente de la República Felipe Calderón. Éste no la escuchó personalmente, y Duarte únicamente lo hizo en el marco de otros eventos, pero ambos recibieron su mensaje. Y hasta el 17 de diciembre, un día después del asesinato de la activista, ninguno de ellos movió un dedo (al menos sus acciones no se reflejaron en resultados tangibles: aprehensión del homicida, inicio de un procedimiento administrativo o penal en contra de los jueces, protección de la activista, etcétera) ni hizo ninguna declaración de censura de la sentencia que ocho meses antes habían dictado los jueces.
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La madre de Rubí Frayre –menor asesinada el 29 de agosto de 2008, presuntamente por Sergio Rafael Barraza, con quien procreó una hija– suplió muchas de las funciones y responsabilidades de la policía y el Ministerio Público de Chihuahua para lograr sentar frente a un tribunal de justicia oral al inculpado. Y tras de que éste fue liberado, el 29 de abril de 2010, por los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, porque “...los fiscales no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar a un imputado de un delito grave…”, tocó todas las puertas para denunciar los hechos y exigir justicia.
Entre las puertas que tocó están las del hoy exgobernador José Reyes Baeza; la del actual gobernador César Duarte; la de la PGR y la Secretaría de Gobernación, y la del presidente de la República Felipe Calderón. Éste no la escuchó personalmente, y Duarte únicamente lo hizo en el marco de otros eventos, pero ambos recibieron su mensaje. Y hasta el 17 de diciembre, un día después del asesinato de la activista, ninguno de ellos movió un dedo (al menos sus acciones no se reflejaron en resultados tangibles: aprehensión del homicida, inicio de un procedimiento administrativo o penal en contra de los jueces, protección de la activista, etcétera) ni hizo ninguna declaración de censura de la sentencia que ocho meses antes habían dictado los jueces.
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