San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en un violento e ilegal desalojo.
Equipo Indignación
Más de 26 pruebas acreditan formalmente ante el Ministerio Público de Campeche que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo que el 13 de agosto de 2009 dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas.Fotografías, recortes periodísticos, resolución de un amparo sobre el juico agrario que prueba que éste se encontraba aún en litigio,documentación de la Escuela del CONAFE que funcionaba en el poblado, registro ante programas oficiales como Oportunidades, el propio convenio en el que el Gobierno de Campeche reconoce a las y los pobladores su calidad de desplazados como consecuencia del “desalojo cometido por un particular”, entre otros elementos probatorios, se presentaron formalmente ayer ante el Ministerio Público de Campeche.
También se presentó el informe de la Misión Civil de Paz para una Solución Justa en San Antonio Ebulá, compuesta por más 24 organizaciones y que documentó diversas violaciones a derechos humanos cometidas antes, durante y después del ilegal desalojo; dicho informe, a pesar de que se hizo llegar a la procuraduría desde septiembre de 2009, no se había agregado al expediente.
Las pruebas presentadas también acreditan la existencia de cuando menos dos ataques anteriores a la población, que no fueron investigados ni sancionados por las autoridades campechanas. La impunidad de los ataques previos, sin lugar a dudas, ha sido un factor que alentó la destrucción del poblado en agosto de 2009.
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