lunes, 15 de agosto de 2011

Campeche, México] Ebulá: dos años de impunidad

Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas

Juan Cristóbal León Campos

El 13 de agosto se cumplieron dos años del violento desalojo que sufrieron los pobladores de San Antonio Ebulá, fueron desterrados por parapolicías pagados por el empresario Eduardo Escalante, quien dice ser el propietario de las tierras donde se asienta el poblado desde hace más de 40 años, los golpeadores fueron resguardados por más de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche. En dos ocasiones anteriores ya habían sufrido ataques que permanecen impunes.

Los ebuleños fueron golpeados y expulsados de su tierra; sus viviendas y pertenencias fueron destruidas y saqueadas; sus animales sacrificados por los saqueadores, e incluso, los árboles talados, privando a las familias de sus medios de subsistencia. Ese ataque dejó a más de setenta familias en situación de desplazadas, a pesar de lo cual no recibieron asistencia humanitaria gubernamental.

Como respuesta los ebuleños realizaron un plantón en los bajos del Palacio de Gobierno de Campeche durante mes y medio. Recibieron apoyo nacional e internacional, gracias al cual, logró el Pueblo de Ebulá, recuperar 33 hectáreas de sus tierras. El gobierno campechano se comprometió a que el nuevo poblado ebuleño tendría todos los servicios básicos, además de que recibirían apoyo para su restablecimiento. Hasta hoy no sean cumplido tales compromisos, el gobierno pretende dejar de lado a los pobladores de este digno pueblo.

El acuerdo establecía que el juicio agrario que los pobladores de Ebulá mantienen sobre las tierras despojadas no se suspendía por ningún motivo, continuando en las instancias correspondientes, y sujetaba la reparación de los daños a la denuncia penal. Sin embargo, hasta el día de hoy, la Procuraduría del estado no ha concluido la debida integración de la averiguación previa y, por lo tanto, no la ha consignado. Tienen los oídos sordos y la vista ciega ante las pruebas, a pesar de que decenas de pobladores han denunciado ante la agencia tercera del Ministerio Público de Campeche, y de que más de 26 pruebas acreditan formalmente que San Antonio Ebulá había sido reconocido como pueblo por distintas instancias oficiales e incriminan directamente a los dueños de Constructora Escalante en el violento e ilegal desalojo, el Ministerio Público en total complicidad con la impunidad, pretendió concluir el caso, garantizando el establecimiento de la injusticia, si no hubieran actuado con rapidez y consistencia lo ebuleños, se abría consumado tal violación a los derechos más elementales.
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