martes, 11 de octubre de 2011

¿PRÍNCIPES O POLÍTICOS?

En México, cada año aumentan los sueldos de los políticos y gobernantes, sus percepciones salariales son excesivas y desmesuradas. Esto es un oprobio frente a un país que vive en crisis económica y al que no se le han cumplido las promesas de empleos de calidad y bien remunerados, por lo que la austeridad en el gasto público debiera ser una respuesta. El oneroso gasto corriente no se atribuye tan solo al Poder Ejecutivo Federal, se da también en los salarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Magistrados del Tribunal Electoral Federal, en los Consejeros del IFE, en los Diputados Federales, en los Senadores, en el Ombudsman de los Derechos Humanos y un largo etcétera. Tampoco es exclusivo del nivel federal, los excesos están presentes a nivel estatal y municipal.

Por: Fecha: octubre 11, 2011

En el paquete fiscal de 2012, el Poder Ejecutivo plantea incrementar salarios para el próximo año y, con este aumento, algunos funcionarios, sobre todo del Poder Judicial de la Federación, percibirán los ingresos más altos del mundo por cargos públicos similares.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ejemplo, ganarán 5 millones 892 mil 778 pesos anuales, incluidos sueldo base, compensación, prestaciones de previsión social, prima vacacional, aguinaldo, seguros de vida de gastos médicos mayores y de separación individualizada, estímulo de antigüedad, ayuda para anteojos y hasta un “estímulo del Día de la Madre” por mil pesos.

Los Consejeros de la Judicatura percibirán 3 millones 999 mil 413 pesos; más 5 millones 892 mil 778 pesos, y los Magistrados de la Sala Superior 3 millones 999 mil 413 anuales.

Los Consejeros Electorales ganarán 3 millones 33 mil 617 pesos y bruta de 4 millones 124 mil pesos anuales. En el Instituto Federal Electoral, el Secretario Ejecutivo obtendrá 221 mil pesos mensuales; el Secretario Particular del Consejero Presidente, 186 mil 492; los líderes de proyecto, 145 mil 216, 5 mil pesos menos que un diputado federal, y los coordinadores de enlace institucional, 120 mil.

El ombudsman de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, tendrá una percepción bruta anual de 4 millones 70 mil 340 pesos y neta de 2 millones 942 mil. El presidente del INEGI, Eduardo Sojo, percibirá un salario bruto de 3 millones 312 mil 686 pesos y neto de 2 millones 395 mil 172.

Los 128 senadores obtendrán una percepción bruta de 2 millones 709 mil 51 pesos y neta de un millón 978 mil 250; el secretario general del Senado, 3 millones 200 mil 69 pesos, en términos brutos y 2 millones 30 mil 850 netos.

Los 500 diputados federales tendrán un ingreso bruto de un millón 218 mil 840 pesos y neto de un millón 520 mil 151, mientras el secretario general ganará un sueldo bruto de 3 millones 567 mil 161 pesos y neto de 2 millones 640 mil 676.

Sueldos exhorbitantes para una triste realidad

Tenemos una burocracia cara, en un país en donde el gasto corriente para 2011 será de casi dos billones de pesos, inaceptable porque hay 60 millones de pobres y cada año crece la pobreza, y porque el salario mínimo en México es de 57.46 pesos diarios, el equivalente a unos mil 723 pesos mensuales. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo que decide el aumento anual a los sueldos de los trabajadores, se calcula que alrededor de 15% de la población trabajadora recibe un salario mínimo por su trabajo. La CNSM fija cada año un aumento al salario mínimo que ronda en uno o dos pesos anuales, en un país en donde la mitad de su población vive con menos de un dólar al día.

Estos políticos, funcionarios y gobernantes no desquitan el sueldo que cobran. Su productividad es baja, su legitimidad poca y su prestigio endeble.

Mientras una familia mexicana no puede adquirir una canasta básica con 55.84 pesos diarios, que es lo que le queda de salario neto menos impuestos, mucho menos pueden vivir un mes con ese ingreso y pagar comida, colegiaturas, agua, luz y gasto en salud, como lo dijo Ernesto Cordero, ex secretario de Hacienda.

México tiene una administración “obesa” y “despilfarradora”, amparada por la opacidad y la falta de transparencia. Las nóminas de las cúpulas políticas rebasan, en muchas ocasiones, el tope salarial impuesto por el decreto de la Presidencia de la República del 22 de julio de 2009, oponiéndose así a la reforma constitucional del artículo 127 que ordena que “ningún” servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República, que asciende a 16 mil dólares como percepción bruta anual. La justificación de dicho decreto presidencial era de que el sueldo correspondiera a la responsabilidad del trabajo, cuestión que no parece suficiente.
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