miércoles, 21 de marzo de 2012

Isla Bermeja, en el limbo 22 mil millones de barriles de petróleo

Rogelio Velázquez

Debido a que no se ha encontrado la isla Bermeja que marcaría las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos, el país ya no dispondrá de un aproximado de 22 mil millones de barriles de petróleo, ahora en manos de Estados Unidos. A pesar de ello, ni el Ejecutivo federal ni los funcionarios que firmaron los acuerdos sobre la delimitación de las fronteras marítimas han comparecido ante autoridades legislativas. En 2008, un exfuncionario de la SRE señaló ante senadores que encontró la isla hundida; sin embargo, no se le pidieron datos precisos ni detalles sobre la expedición. En riesgo, el futuro del petróleo mexicano, considera excónsul mexicano experto en el tema


Han pasado casi 40 meses desde que terminó el plazo que dio el Senado de la República -mediante un Punto De Acuerdo, firmado el 21 de octubre de 2008-, para que el Ejecutivo federal informara detalladamente en qué situación se encontraba la isla Bermeja, por medio de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores (SRE) y Marina (Semar).


En el primera parte del Punto de Acuerdo se solicita al Ejecutivo que “explique puntualmente el misterio que se guarda sobre la inmersión sospechosa de la isla Bermeja, que estuvo localizada en el Golfo de México, latitud 22° 33’ Norte y longitud 91° 22’ Oeste, y en la que se localizaron más de 22 mil 500 millones de barriles de hidrocarburo en sus alrededores, por existir sospecha en que funcionarios mexicanos contaban con información privilegiada sobre la riqueza que se encuentra en su fondo marino”.


El plazo que otorgaron los senadores fue de 30 días a partir de la firma del Punto de Acuerdo. A dos años y cuatro meses de que terminó dicho plazo, el Ejecutivo federal no ha dado ninguna respuesta.


El documento firmado por seis senadores panistas −Luis Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada, Sebastián Calderón Centeno, Juan Bueno Torio, Felipe González González y Jaime Díaz Ochoa− exige a la Semar que inspeccione, de nueva cuenta, la zona en que se ubicó la isla Bermeja.


También recomienda que se utilicen instrumentos de alta tecnología con la finalidad de conocer el estado y grado de deterioro geológico del lugar donde se localizaba la isla, “ya que existen sospechas sobradas que su inmersión fue provocada por la influencia del hombre” (sic).


En su edición de julio de 2005, Contralínea entrevistó al investigador Fabio Barbosa Cano, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); entonces explicaba la importancia de la localización de la isla: “Nos permitiría arrojar la frontera de México más al Norte y conquistar una mayor parte para el interés mexicano frente a Estados Unidos, que quería arrojar su frontera más al Sur con base en las islas Dernier”. Es decir, los yacimientos petroleros más importantes estarían del lado mexicano.


Los responsables


El 9 de junio de 2000, el gobierno mexicano firmó con el de Estados Unidos el Tratado sobre la Delimitación de la Plataforma Continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas. Éste fue aprobado por el Senado el 28 de noviembre de ese año, y hasta el 17 de enero de 2001 entró en vigor.

En su artículo 4, el tratado prevé una moratoria, la cual indica que, debido a que existen posibles yacimientos de petróleo y gas natural en la zona, ambos países no podrán autorizar ni permitir la perforación y explotación de petróleo y gas en un periodo de 10 años, el cual comenzó con la entrada en vigor del tratado y terminó en enero de 2011.


No obstante, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó –en respuesta a la solicitud de información 0000500037011, presentada por el ciudadano David Óscar Velázquez Coria– que “la moratoria sobre la perforación o la explotación petrolera o de gas natural en la plataforma continental dentro de una milla náutica, cuatro décimas (1.4) del límite establecido por ambos Estados, prevista en el artículo VI (1) del Tratado de 2000, se prorrogó hasta el 17 de enero de 2014, sin perjuicio de otra renovación, de conformidad con lo establecido en el artículo IV (3) del Tratado de 2000”.


También conocido como el Tratado Clinton-Zedillo- fue signado por la excanciller de México, Rosario Green Macías, y la exsecrataria de Estado de Estados Unidos, Madeleine K Albright, representantes de México y Estados Unidos, respectivamente.


Pero el negociador principal del Tratado fue Juan Rebolledo Gout, quien fuera secretario particular del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte a la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León a la Presidencia; hoy funge como vicepresidente de Relaciones Exteriores de la minera Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea Mota.


Así consta en el acta del Senado para analizar las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos, del 15 de noviembre de 2000.


Ese día se reunieron en el piso cinco de la Torre del Caballito, aproximadamente a las 13:00 horas, los senadores Silvia Hernández Enríquez, Óscar Cantón Zetina, Laura Alicia Garza Galindo y Luis Aldana Prieto, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Nordhausen González, Adalberto Madero Quiroga y Luis Rico Samaniego, del Partido Acción Nacional (PAN), con parte del equipo negociador del Tratado.


Además, Rebolledo Gout, “eje y cabeza del equipo negociador por parte del Ejecutivo federal”, como lo mencionó la senadora Hernández Enríquez; el contralmirante Santos Gómez Leyva, jefe de la Sección 111 de la Armada de México; José Antonio Ceballos, director general de Exploración y Producción de Petróleos Mexicanos; el embajador Jorge Palacios; Guadalupe López Chávez, directora general de Geografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y Juventino Martínez, geógrafo del Inegi. A los nueve días de esa reunión, el Senado aprobó el Tratado.


“Quienes tienen la respuesta sobre el caso de la isla Bermeja son Juan Rebolledo Gout, en su carácter de jefe negociador por parte de México, en el Tratado que se firmó en 2000; y quien era en ese entonces el consultor jurídico de la SRE, Miguel Ángel González Félix”, dice a Contralínea Humberto Hernández Haddad, excónsul de México en Texas y experto en el tema.
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