Aunque le limpien el expediente, Peña Nieto siempre será un gobernante represor

• Edith Rosales narra a La Jornada cómo fue detenida y torturada en Atenco, en 2006
• El 1º de julio fue una fecha dolorosa; si asume la Presidencia, obstruirá la justicia, asegura

Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Sábado 14 de julio de 2012, p. 10

Edith Rosales es una trabajadora jubilada del IMSS. Es activista de la otra campaña zapatista. Fue solidaria con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco. Fue torturada y agredida sexualmente por policías. Fue presa política un año 10 meses y finalmente absuelta sin cargos. Junto con 10 mujeres más es demandante en una querella penal en la que señala al priísta Enrique Peña Nieto como autor intelectual de los ilícitos cometidos durante el operativo que él ordenó, el 3 y 4 de mayo de 2006.

Hoy, ante la perspectiva de que el ex gobernador del estado de México llegue a asumir la Presidencia, asegura que a Peña Nieto le han tratado de limpiar el expediente. Pero que a un político que, como él, ha violado derechos humanos, no se le puede cambiar su verdadera naturaleza, la de un represor.

El caso de Atenco, a pesar del paso de los años, regresa al debate público constantemente. El martes 17 de julio, por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) presentará su reporte sobre México, tomando en cuenta el informe alternativo que le fue presentado por la Organización Mundial Contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Según explica una de las abogadas del Centro Prodh, Araceli Olivares, se espera que este órgano inste al Estado mexicano a tomar todas las medidas pertinentes para que las mujeres víctimas de tortura sexual en 2006 accedan a la justicia y a la reparación del daño y ordene a la Procuraduría General de Justicia que consigne a los perpetradores de los abusos. Paradójicamente, el cumplimiento de esta resolución internacional le correspondería aplicarla a Peña Nieto, a quien, en sus acusaciones, las mujeres víctimas de tortura y agresión sexual identifican como uno de los principales responsables, junto con el ex presidente Vicente Fox, el ex comandante de la Agencia de Seguridad del estado de México Wilfrido Robledo y el ex procurador de justicia estatal Humberto Benítez Treviño.

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