viernes, 7 de diciembre de 2012

Ningún pacto sin justicia

Víctor M. Quintana S.
 
Mal termina el sexenio del juvenicidio, el de los 7 millones de jóvenes excluidos del estudio y del empleo, cuando mal comienza el nuevo sexenio criminalizando, golpeando, encarcelando precisamente a los jóvenes que manifiestan su indignación por toda la cauda de agravios sufridos, incluyendo ahora el de un gobierno impuesto por el dinero.
 
El haz es el Pacto por México firmado allá en las alturas, donde apenas llega o se acalla el rumor de las inconformidades. El envés es la batalla de la Alameda, los jóvenes golpeados, detenidos, consignados en el Distrito Federal y en Guadalajara. Arriba se imponen los pactos; abajo, los impactos.

Mientras cunde la euforia por el acuerdo cupular, queda muy claro que al mismo tiempo que incluye, excluye. Quienes se incluyeron se sienten con el derecho de arremeter contra quienes no quieren o ni siquiera son tomados en cuenta para incluirse. Así, el inicio represor en las calles de la ciudad de México alienta opciones autoritarias por varios lados: envalentonado por la hegemonía priísta y el despliegue policiaco de fuerza, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lanza la iniciativa de instaurar la pena de muerte para el secuestro agravado ahora que se van a unificar los códigos penales de todo el país. En Morelos, gobernado por uno de los gobernadores pactistas, la policía estatal detiene a cuatro dirigentes de la comunidad de Jaltetelco que se oponen al proyecto del paso de un gasoducto. En las cámaras avanzan las iniciativas de reforma a la Ley Agraria y a la Ley de Administración Pública Federal que desmantelan el entramado institucional que protege la propiedad de ejidos y comunidades y abren la vía para la apropiación de sus territorios y recursos naturales por compañías mineras, turísticas, de energías renovables o inmobiliarias. Reformas legales profilácticas para que no cundan los atencos, benitojuárez, zautlas, etcétera.

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