Claudio Lomnitz
Hace ya varias semanas que The New York Times
publicó un reportaje acerca de la política de corrupción de Wal-Mart en
México. Hasta ahora la reacción mexicana parece haber sido casi nula.
Pero Enrique Peña Nieto ya nombró su gabinete, y ya pasó el puente
Guadalupe-Reyes: es hora de encarar ese asunto tan enojoso.
Comienzo por resumir la noticia. El Times hace una
investigación detallada de cómo logró Wal-Mart construir su megatienda
tan cerca de las pirámides de Teotihuacán, siendo que existía un
movimiento social contrario a esa construcción, y que el ayuntamiento de
San Juan Teotihuacán había aprobado un plan de desarrollo urbano que
prohibía uso de suelo comercial en esa zona. La solución de Wal-Mart fue
minuciosamente calculada: una mordida de 52 mil dólares al oficial
encargado de entregar el mapa al Diario Oficial, de modo que,
cuando se publicara, el uso de suelo quedara legalmente liberado para la
supertienda. La historia detectivesca de cómo se sustituyó el plano
adulterado en los archivos electrónicos también queda descrita en
detalle en el asombroso reportaje.
A esa mordida dada a técnicos y oficiales se sumaron otras ocho, por
más de 200 mil dólares, para la construcción de una Bodega Aurrerá y
otros súpers y restaurantes en San Juan Teotihuacán antes de la
lucha por el gran Wal-Mart, estrategia calculada para dominar esa
ciudad comercialmente, y así reducir las protestas de competidores a la
hora de construir la polémica supertienda, a plena vista de las
pirámides.
Esta clase de práctica no fue de ninguna manera única: Wal-Mart hizo
uso más o menos corriente de la estrategia de soltar mordidas a
personajes claves justo en el momento en que se publicaban los mapas
oficiales de derechos de uso de suelo para, de ese modo, revertir las
decisiones tomadas por gobiernos democráticamente elegidos, y así
conseguir construir planteles en entornos ecológica o históricamente
reservados.
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