Testimonio de esposas de smeitas sobre la represión que sufrieron el 16 de Marzo en Juandhó, Hidalgo

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Violencia y allanamiento federal contra indígenas de Ixmiquilpan, Hgo.

Abusos, golpes, burlas, despojo y violencia excesiva, es el saldo del operativo de la Policía Federal en la comunidad hñahñú de San Juanico, Ixmiquilpan, en el corazón del Valle del Mezquital, ocurrido el 30 de dickembre del 2008

Federales sembraron terro...

Las ciudadanas opinan sobre lo que es para ellas la consulta ciudadana

Compañeros les dejo la opinion de dos estudiantes universitarias de el Estado de Hidalgo.
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GREENPEACE SE SUMA AL !NO AL CONFINAMIENTO EN ZIMAPÁN!

Zimapán.- De entrar en funcionamiento el tiradero tóxico en Zimapán, Hidalgo, las consecuencias para la población local podrían ser muy graves. Ante esta posibilidad, Greenpeace México, a través de su Director de Campañas, Gustavo Ampugnani, expresa su más profundo rechazo al proyecto, y ha enviado la siguiente misiva fijando su postura al respecto, dada a conocer por el Movimiento Ecológico Zimapán Libre

En ella, Greenpeace México expresa de manera textual: “Confinar residuos peligrosos no es la solución para gestionar la basura de las industrias, sino ocultar el problema, transferirlo de las industrias a las comunidades y, finalmente, postergar la aplicación de acciones encaminadas a transformar la manera en que se producen los bienes materiales.

“Un confinamiento tiene una vida útil de alrededor de 20 años, tiempo en que los residuos comienzan a lixiviar, contaminando así los mantos freáticos y el suelo, entre otros problemas. La verdadera solución al manejo de los residuos es dejar de generarlos, adoptando procesos de producción limpia y sustituyendo las sustancias tóxicas y peligrosas por otras no contaminantes.

Greenpeace considera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe avocarse más a desarrollar políticas que promuevan la producción limpia y la sustitución de tóxicos en vez de promover la instalación de cementerios de residuos tóxicos como el de Befesa en Zimapán.

“México ya tiene experiencia lamentable con los confinamientos de residuos tóxicos, tanto legales como ilegales. Ejemplo de lo primero son los problemas que Mina, Nuevo León, enfrenta debido al mal manejo del confinamiento de la trasnacional Vivendi que dejan ver que este tipo de instalaciones no son una opción y que, por el contrario, generan severos daños al ambiente y a la salud de los ciudadanos.

Los confinamientos no son formas de disposición final de los residuos si no cumplen con la premisa de no ocasionar daños en el ambiente y la salud. Enterrar materiales peligrosos es una forma de postergar los daños que siempre terminan padeciendo los habitantes de una comunidad y el medio ambiente.

Greenpeace cree que la solución a los residuos peligrosos no son los confinamientos o la incineración, sino la producción limpia. Las empresas deben rediseñar sus productos y procesos productivos para dejar de generar ese tipo de desechos. La pregunta que deben resolver las autoridades y las empresas es “¿qué hacemos para no generar residuos peligrosos?” y no “¿qué hacemos con los residuos?”.

Alto a la persecución política en Hidalgo. Surgió el Frente Hidalguense Contra la Represión

Se constituyó formalmente el Frente Hidalguense Contra la Represión (FHCR), con el compromiso de más de 20 organizaciones políticas y de derechos humanos del estado de ampliar la condena y rechazo al confinamiento tóxico que se pretende instalar en este municipio, paralelamente a la realización de un plan de lucha que logre liberar los presos políticos y de conciencia que tiene la entidad y evite nuevos actos de represión como los sufridos en Atitalaquia, Tepatepec y Zimapán.

Allí estuvieron quienes integran desde el año pasado integrando el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) creando el capitulo hidalguense de esta organización que dirige Rosario Ibarra de Piedra, como respuesta a la ofensiva represiva del Estado, la militarización, las desapariciones, los presos y perseguidos políticos.

Integrantes del FHCR como el Movimiento Ecológico Zimapán Libre y el Colectivo de Izquierda Hidalguense signaron el plan de lucha que habrá de conocer de las aprehensiones con fines políticos que existen en el estado para exigir su inmediata liberación, haciendo especial énfasis en la Huasteca hidalguense, donde históricamente han existido ejemplos de esta problemática social.

Además, el FHCR impulsará un debate estatal de la llamada Reforma Judicial e iniciar una campaña política a favor de una Ley de Amnistía General federal, así como una ley estatal como “una alternativa jurídica y política para posibilitar la libertad de todos los presos políticos, la presentación con vida de los desaparecidos y el cese de la persecución de los luchadores sociales”, en Hidalgo y en México

En ese sentido, se articulará una estrategia de lucha nacional y estatal, encaminada a detener la represión y a lograr las Leyes de Amnistía que sean necesarias, diseñando un “nuevo Plan de Acción”, mediante “un balance de la situación nacional, de los avances y la situación organizativa que guarda el FNCR”.

Quienes integran el FHCR convocará “de manera amplia e incluyente a nuevas fuerzas sociales comprometidas en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la represión”

“Manifestamos una vez más la oposición y condena al confinamiento de residuos peligrosos que se pretende desarrollar en esa localidad”, fue la consigna con la que concluyeron la V asamblea nacional del FNCR y la constitución del FHCR

DIRIGENTE DE NUEVA IZQUIERDA EN HIDALGO, DENUNCIADO PENALMENTE POR DESPOJO DE TIERRAS

El hoy presidente estatal electo del PRD, Pedro Porras Pérez, ha sido acusado penalmente por ejidatarios del municipio de Tezontepec de Aldama, quienes desde hace diez años lo identifican como un propulsor para el despojo e invasión de tierras en esa entidad, justo cuando fungió como alcalde en 1996.

Según se explica en las averiguaciones previas número 16/I/0801/96 y 16/I/0802/96, presentadas el 19 de mayo de 1996 en el Ministerio Público del distrito de Tula, Porras Pérez avaló y protegió a un grupo de personas que despojaron de un terreno de cultivo en Tezontepec de Aldama al señor Pedro Cruz Flores y sus tías Francisca y Vicenta Cruz Flores, el 10 de marzo de 1996.

Las indagatorias resultaron en la orden de aprehensión contra Efrén Hernández Sandoval, Hilario Hernández, Juan Hernández Jiménez, Matías Hernández Jiménez, Samuel Ríos, Margarita Hernández Martínez, Balbina Hernández Martínez y Jaime Valdés Sarabia, acusados por los delitos de despojo y daño en la propiedad, quienes, según las acusaciones de los afectados, fueron “alentados y protegidos por los señores Catalino Estrada Martínez, Estanislao Santiago Rojo y por el profesor Pedro Porras Pérez, entonces regidores y Presidente municipal, respectivamente, de ese lugar”.

Así lo indica el informe de hechos en la recomendación 029/2002 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso el 21 de agosto de 2002 contra el ex gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, por no haber acatado la encomienda 4/2000 previa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) dirigida a la entonces procuradora del estado, Flor de María López González (hoy presidenta del recientemente creado Instituto Estatal de Transparencia) por no haber aprehendido a los culpables de ese despojo.

La recomendación ordenó el cumplimiento de la Recomendación 4/2000, emitida por la CDHEH, para que se iniciara un “procedimiento administrativo de investigación” para determinar la “responsabilidad en que incurrió” quien se desempeñaba como Director General de la Policía Ministerial del estado, así como los servidores públicos que tenían a su cargo la ejecución de la orden de aprehensión emitida en la causa penal número 256/97 del Juzgado Primero Penal del Distrito de Tula de Allende, Hidalgo, quienes “no realizaron debidamente los actos que tuvieran como finalidad el cumplimiento de la misma” pues se comprobó que “violentaron el derecho a una pronta y debida procuración de justicia del recurrente y familiares, por las siguientes razones:

Y explica: “El recurrente mencionó que él y sus tías, de nombres Francisca y Vicenta, ambas de apellidos Cruz Flores, con fecha 10 de marzo de 1999 fueron despojados de un terreno de labor, ubicado en el municipio de Tezontepec de Aldama, estado de Hidalgo, por el señor Jaime Valdés Sarabia y otras personas, quienes fueron alentados y protegidos por los señores Catalino Estrada Martínez, Estanislao Santiago Rojo y por el profesor Pedro Porras Pérez, entonces regidores y Presidente municipal, respectivamente, de ese lugar”.

Como consecuencia de ello, con fecha 23 de junio de 1998, el juzgado libró una orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables, ya mencionados, “sin que a la fecha (2002) no se ha cumplido dicha orden, y es evidente la protección que las autoridades brindan a los presuntos delincuentes, y en cambio su familia y él ‘viven sufriendo la injusticia y veladas amenazas de males mayores’.

Pedro Cruz Flores, se inconformó ante la CNDH por el incumplimiento de la recomendación mencionada, diciendo que la denegación de justicia en su perjuicio y en el de sus tías, provocó que no se les restituyeran sus derechos, ni se les cubrieran los daños y perjuicios que les ocasionaron por el despojo del que fueron objeto, dijo, en el cual participó el entonces alcalde y hoy presidente estatal del PRD, Pedro Porras