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Crestomatía: ARISTEGUI - "Derecho de réplica"

(21/05/2009) (Cheetos)

DE PROCESO SEMANAL: El capo del panismo

El capo del panismo
RICARDO RAVELO

Más que revelar un cálculo aproximado de la fortuna de El Chapo Guzmán, su inclusión en la lista de los ultramillonarios de Forbes aparece como un golpe mediático para llamar la atención sobre la inmensa fortuna que mueve el cártel de Sinaloa mediante su red financiera en México y en Estados Unidos. Para desmantelar a esa organización tendrían que indagarse a fondo las empresas boletinadas por la DEA y el Departamento del Tesoro, lo que no han hecho los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Se calcula que el dinero del narcotráfico está vinculado a 78% de las actividades legales mexicanas…
Intocado por los gobiernos federales panistas, en particular por el de Vicente Fox, en cuya gestión incluso escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, encabeza hoy la más poderosa organización de tráfico de drogas en el país, con amplias redes en Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.
En una entrevista concedida a Proceso en febrero de 2005, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Antonio Ortega Sánchez, lo calificó como “el narcotraficante del sexenio”, pues, afirmó, “es evidente que hay una protección (al capo), porque la PGR siempre llega tarde cuando tiene información de dónde se encuentra. Pereciera que es el narcotraficante protegido por las autoridades que tienen la obligación de detenerlo” (Proceso 1476).
Ahora, el reporte más reciente de la revista Forbes incluye al capo mexicano en su lista de millonarios con una fortuna de mil millones de dólares. No es la primera vez, sin embargo, que un narcotraficante es incluido en la célebre lista. En 1989, esa publicación estadunidense incluyó al narco colombiano Pablo Escobar Gaviria.
Para Edgardo Buscaglia, profesor de derecho y economía de la Universidad de Columbia e investigador del Instituto Tecnológico de México (ITAM), el reporte de Forbes sobre la fortuna de El Chapo no tiene una metodología confiable.
–Según su percepción, ¿cuál es el sentido de incluir a un capo de la droga en la lista de los hombres más ricos del mundo? –se le pregunta al también consejero del Instituto de Investigación y Formación de las Naciones Unidas.
–La publicación de Forbes es relevante como golpe mediático, pero pienso que las agencias de inteligencia de Estados Unidos están enviando señales muy claras al presidente Felipe Calderón de que debe emprender una investigación seria contra el cártel de Sinaloa y desmantelar la red de testaferros que están detrás del capital que mueve este grupo criminal. Los estadunidenses quieren que se canalicen las investigaciones patrimoniales en ambos lados de la frontera.
El investigador explica que la percepción en Estados Unidos sobre México es “grave y preocupante”, pues el dinero del narco está vinculado a 78% de las actividades legales mexicanas; además, “el cártel de Sinaloa no sólo está afianzado en México, sino que ya se tienen registros serios de que está presente en 38 países. Por eso a México se le ve como un peligroso exportador de violencia e ingobernabilidad. Y agrega:
“El Chapo Guzmán puede tener mil millones de dólares o mucho más, pero es complejo confirmarlo. No pude evitar la sorpresa ante la falta de soporte del informe de Forbes, pero insisto: se trata de un golpe mediático. Existen estimaciones sobre los montos que lava el narcotráfico, pero hasta ahora no se ha podido acreditar a cuánto ascienden realmente esas ganancias.
“Para calcular esos valores, necesitamos una investigación del mapa patrimonial y criminal en los sectores económicos de estos 38 países, algo que no se ha hecho de manera integral”, afirma.
–Entonces, ¿el fondo de la publicación de Forbes es un mensaje con presión política?
–El mensaje es claro: El gobierno mexicano debe destruir toda la red protectora que seguramente maneja el dinero del cártel de Sinaloa, en la que puede haber políticos y empresarios; deben romperse esas redes patrimoniales intocadas por las buenas o por las malas porque, de no hacerse, podría sobrevenir un golpe político brutal para Calderón si fuera de México se hacen públicos los nombres de las empresas y de los personajes ligados al cártel de Sinaloa.
Buscaglia señala que el reporte de Forbes carece de veracidad porque a El Chapo Guzmán nada más se le están cuantificando las supuestas ganancias por el tráfico de drogas y no lo que presuntamente obtiene de ingresos por las 25 actividades delictivas que realizan los cárteles de la droga: tráfico de personas, piratería, trata de blancas, extorsión y secuestro, entre otras.
De lo que no duda es que en México el cártel de Sinaloa y El Chapo han vivido en la más plena de las impunidades, pues no se sienten acosados ni mucho menos perturbados por las acciones del gobierno mexicano; de ahí que toda la red patrimonial de Guzmán Loera, así como la impunidad de la que goza, son el principal soporte de su fortaleza y de su poder.
Los señalamientos de Buscaglia, quien ha estudiado el comportamiento de la delincuencia organizada en 84 países, entre ellos Afganistán, Kosovo, Colombia y Guatemala, encuentran eco en la realidad: desde que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001, Joaquín Guzmán Loera ha consolidado una de las empresas criminales más sólidas. El investigador calcula que su presencia podría abarcar hasta 50 países.
Los ocho años de regímenes panistas en México –de diciembre de 2001 a diciembre de 2009– han sido los más rentables desde el punto de vista criminal y financiero para Guzmán Loera, quien es considerado tanto por la Procuraduría General de la República (PGR) como por la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) como el capo más poderoso de México.
Ascenso al poder
Tan pronto se sintió libre la tarde del 19 de enero de 2001, El Chapo Guzmán se refugió con los hermanos Beltrán Leyva –actualmente sus acérrimos rivales– y recibió el respaldo de otra figura emblemática del narcotráfico: Ismael El Mayo Zambada.
Meses después de su fuga, Guzmán Loera fraguó uno de sus planes más ambiciosos para consolidar su proyecto narcoempresarial, el cual no estuvo exento de traiciones y muertes. Para lograrlo, el capo tuvo que romper sus viejos vínculos con el cártel de Juárez y con Vicente Carrillo Fuentes, jefe de esta organización con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Dicho plan se consolidó en la ciudad de Monterrey, según se asienta en una carta firmada por un lugarteniente de los hermanos Beltrán Leyva, la cual fue anexada a la averiguación previa PGR/ SIEDO/ UEIDCS/ 013 /2005 y que fue enviada a la Presidencia de la República en octubre de 2004.
En ese documento se revela que El Chapo Guzmán convocó a sus socios a una reunión de negocios en Monterrey, Nuevo León. Al encuentro acudieron Ismael Zambada García, El Mayo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, así como Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
En una de sus partes medulares, la carta asienta: “Hace aproximadamente tres meses, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se realizó una junta entre diversos personajes, los cuales tienen relación con la delincuencia organizada… siendo el motivo de la señalada junta planear el crimen de Rodolfo Carrillo Fuentes (perpetrado en septiembre de 2004) y, una vez ejecutado éste, tratar de incriminar por ese homicidio a otro grupo contrario, el cual sería el grupo de Los Zetas, teniendo como objetivo estas acciones por una parte terminar con la hegemonía que la familia Carrillo Fuentes sobre este cártel u organización…”.
Otros planes de Guzmán Loera consistían en exterminar a Los Zetas y declararle la guerra al cártel de Tijuana.
Todo ello se cumplió: fue ejecutado, en efecto, Rodolfo Carrillo, El Niño de Oro, emprendieron fuertes acometidas en contra de Los Zetas y, según fuentes de inteligencia consultadas, la información que brindó El Chapo Guzmán a las autoridades federales “resultó clave” para detener a Benjamín Arellano Félix y así “descabezar” al grupo criminal más temible de la época.
De 2001 a la fecha, El Chapo Guzmán no sólo ha consolidado al cártel de Sinaloa, su organización, como el más boyante del país, sino que no se le ha podido detener a pesar de que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, han dicho que no se deja de perseguir al capo sinaloense.
Pese a tal persecución, El Chapo Guzmán se pasea públicamente y, desde finales del sexenio de Vicente Fox, existen referencias públicas de que incluso suele acudir a restaurantes de lujo en Jalisco, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua, en donde al hacer acto de presencia los otros comensales son despojados de sus celulares para evitar que den aviso a la policía.
Por ejemplo, a mediados de 2006, las cámaras del sistema de seguridad de la ciudad de Durango detectaron a El Chapo Guzmán cuando conducía una cuatrimoto. Según el parte informativo de las autoridades municipales, el capo vestía ropa deportiva. En aquella ocasión se inició una persecución supuestamente para detenerlo, pero el narco se perdió entre el caos automovilístico.
Con todo, las imágenes obtenidas permitieron entonces a la PGR conocer el nuevo rostro del jefe del cártel de Sinaloa, pues se confirmó que se hizo una cirugía plástica que modificó su fisonomía: le recortaron las mejillas, le estiraron la piel y le desaparecieron las arrugas de los párpados.
La red sin fronteras
Aunque las autoridades mexicanas y las estadunidenses no han podido cuantificar las ganancias reales que obtienen los cárteles mexicanos, sí han identificado, del año 2000 a la fecha, parte de la estructura financiera que sirve a los intereses del narcotráfico a través de presuntas operaciones de lavado de dinero.
Durante ese lapso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, ha emitido varias alertas sobre poco más de mil personas que, según sus informes, radican en México y tienen vínculos con el narcotráfico.
Los informes del Departamento del Tesoro asientan igualmente que hay empresas como Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., propiedad de Ismael El Mayo Zambada –el principal socio de El Chapo Guzmán–, que actualmente son promocionadas por el gobierno federal y que durante el sexenio de Vicente Fox recibieron apoyo de la Secretaría de Economía a través del Programa de Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
De acuerdo con el reporte de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadunidense, emitido en agosto de 2008, desde 2000 hasta mediados del año pasado el gobierno de ese país registró 121 empresas “que han servido de fachada para el lavado de dinero del narcotráfico”.
El gobierno mexicano ha reiterado que esas versiones carecen de veracidad, pues no existen evidencias de que las empresas señaladas como parte de los “engranajes del lavado de dinero” estén implicadas en actividades ilícitas.
Según el informe de la OFAC, dichas compañías se dedican principalmente a la importación, exportación, consultoría, compraventa de divisas, servicios, minería y transporte, así como a los giros farmacéutico, inmobiliario y alimentario.
Datos consultados en la PGR sostienen que, de las 121 empresas así boletinadas, 48 pertenecen al cártel de Tijuana y 34 a la familia Arriola Márquez (afincada en Chihuahua y socia del cártel de Juárez), mientras que 25 más están relacionadas con El Mayo Zambada y familiares.
Mientras en México los golpes a la estructura financiera del cártel de Sinaloa no han sido contundentes, desde 2007 Estados Unidos puso el reflector sobre el principal socio de Joaquín Guzmán: Ismael Zambada García.
En ese año, y como producto de una investigación de 20 meses realizada con la DEA, el Departamento del Tesoro relacionó a seis empresas con las actividades de lavado de dinero de Zambada. Ellas son: Establo Puerto Rico, S.A. de C.V., Jamaro Constructores S.A. de C.V., Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V., Estancia Infantil Niño Feliz S.C., Rosario Niebla Cardosa, A. en P., así como Nueva Industria Ganadera de Culiacán.
La misma dependencia estadunidense identificó a la mexicana Margarita Cázares Salazar, La Emperatriz, como una de las piezas del cártel de Sinaloa dedicada al lavado de dinero. Más tarde tuvo que hacer lo propio la PGR.
Las investigaciones en Estados Unidos sobre este grupo criminal y su jefe, El Chapo, comenzaron a arrojar resultados y ya se cuenta incluso con nombres de personajes que forman parte de una compleja red financiera que opera en los dos países.
Con su poderío e influencia, Guzmán Loera vulneró los sistemas de control a través de una intrincada red de operaciones en casas de cambio e instituciones bancarias que le permitió adquirir 13 aviones para ponerlos al servicio de su organización en el tráfico de cocaína entre Colombia, Venezuela, Centroamérica, México y Estados Unidos.
Después de que el Departamento del Tesoro acreditó tales operaciones, a mediados de 2007 la PGR integró el expediente PGR/ SIEDO /UEIORP /FAM /119 /2007, aún vigente, en la que se reveló que el cártel de Sinaloa compró los aviones a través de la Casa de Cambio Puebla.
De acuerdo con la indagatoria, esa institución financiera se valió de la triangulación de operaciones en las que participaron más de 70 particulares y empresas. Así, se hicieron transferencias por 12 millones 951 mil 785 dólares a 14 compañías estadunidenses que se dedican a la adquisición y aseguramiento de aeronaves.
Según la averiguación, el artífice de las triangulaciones fue Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Piri, quien también se hacía llamar Pedro Barraza Urtusiástegui o Pedro Alatriste Dávalos, quien estuvo preso en 1998 por lavado de dinero, tras ser capturado al ponerse en marcha la Operación Milenio que puso al descubierto el cártel que manejaban Armando y Luis Valencia. Tras recuperar su libertad, El Piri regresó a sus andanzas y se involucró con las operaciones financieras del cártel de Sinaloa.
Por otra parte, el costo de la droga varía por su calidad y, lo más importante: por su transporte. Si es colocado un cargamento cerca de la frontera, tiene un costo más elevado que si se desembarca en un territorio diferente. Pero según los datos del libro El negocio: la economía de México atrapada por el narcotráfico, del periodista Carlos Loret de Mola (editorial Grijalbo, 2001), un kilo de mariguana, puesto en el mercado mayorista, cuesta mil dólares.
Sin embargo, Loret estima en su investigación “que la cotización puede alcanzar hasta los 2 mil 500 dólares entre los distribuidores mayoristas, es decir, aquellos que compran grandes cantidades para luego venderlas al menudeo en las calles y barrios de la Unión Americana.
“Las condiciones del mercado para los agricultores de hoja de coca son parecidas: en Sudamérica el kilo de coca se compra en las zonas rurales en 2 mil 500 dólares, en tanto que entre distribuidores se comercia hasta en 45 mil.
“¿Y la heroína? Un gramo de esta sustancia, con muy bajo grado de pureza, se consigue en las calles mexicanas a un precio equivalente a 10 dólares, pero con sólo cruzar la frontera puede llegar a 318 dólares.”
Por su parte, Edgardo Buscaglia dice que para saber cuánto ganan las mafias en el mundo hay que tener acceso a sus mapas patrimoniales. “En México debe hacerse esa investigación. Es básica para desmantelar las redes y para acabar con las complicidades que han hecho reinar al crimen organizado”.

PANISTAS EN GORILACION, FALSEAN LA HISTORIA Y CREAN SANTOS

De Proceso semanal:

Tufo panista

El libro Ministros y secretarios de Gobernación: Dos siglos de política interior en México, cuyo tiraje fue de 2 mil ejemplares que comenzaron a circular en diciembre de 2008, adolece de falta de rigor en algunos datos significativos.
Por ejemplo, en la biografía de Creel se señala que fungió como consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral (IFE) hasta el 31 de octubre de 1996, lo cual es cierto, pero enseguida se anota una falsedad: “Durante su desempeño se organizaron los comicios federales de 1997”.
Otra: En la semblanza de Fernando Gutiérrez Barrios se asegura que, después de haber sido secretario de Gobernación con Carlos Salinas, entre 1988 y 1992, “partidos de oposición intentaron, sin lograrlo, enrolarlo en sus filas, tal y como lo hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a inicios de 1997”.
Los historiadores panistas no ofrecen ninguna prueba en ese sentido, quizá porque fue Ignacio Morales Lechuga, y no Gutiérrez Barrios, a quien el PRD coqueteó para impulsarlo como candidato a gobernador de Veracruz y a quien vetó Cuauh¬témoc Cárdenas.
Pero el libro no fue hecho por historiadores improvisados: Fue coordinado por Pablo Serrano Álvarez, doctor en historia y autor, entre otros estudios, de El sinarquismo en el Bajío mexicano (1934-1951), historia de un movimiento social regional y La política pública regional en el gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934-1940.
Los coautores son Elsa Aguilar Casas, Roberto Espinosa de los Monteros y Luis Enrique Moguel Aquino; son también historiadores y, al igual que Serrano Álvarez, funcionarios del INEHRM, cuyo director general es José Manuel Villalpando, quien asumió también la coordinación de los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución a la renuncia de Rafael Tovar y de Teresa.
De hecho, Carlos Abascal Carranza nombró a Serrano Álvarez director general interino del organismo que se llamó Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), cargo que desempeñó de octubre de 2005 a marzo de 2008, cuando Mouriño designó a Villalpando, quien fue secretario general de la Escuela Libre de Derecho, alma mater de Calderón.
Director de Investigación y Documentación del INEHRM, a Serrano Álvarez se le solicitó formalmente una entrevista sobre el libro que coordinó, de abierta propaganda panista, pero alegó que le ha sido impuesta una prohibición para hablar al respecto. La misma respuesta dio Villalpando, quien sostiene que si Benito Juárez viviera “sería panista”.
No es la primera ocasión en la que se cuestiona el trabajo de los historiadores del INEHRM, organismo de la Secretaría de Gobernación: En enero de 2007, cuando Serrano Álvarez era director del instituto, un historiador denunció en el diario La Jornada que por órdenes de Abascal fue censurado el libro Juárez de su puño y letra.
El propio Serrano Álvarez aseguró, en una carta a ese diario, que el libro “jamás fue censurado por el exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal. Se trató de una realidad más banal: la del recorte de presupuesto después de la elección presidencial que afectó a todas las dependencias”.
En la carta descalificó el “recurso temerario y simplificado de una guerra sucia y la revancha entre conservadores y liberales del siglo XIX, que algunos políticos quieren ver en el presente”, y aseguró que la transformación del INEHRM “fue producto de un arduo trabajo y consenso entre profesionales de la historia para que nunca más se vuelva a instaurar una versión oficial de la historia al servicio de un partido político o de un régimen”.
Y subrayó: “Borrarle el tufo autoritario del pasado a este instituto fue un logro para todos los mexicanos.”

Zalamerías para Abascal

Pero el libro que él mismo coordinó va en sentido contrario a sus palabras: Las biografías de los secretarios de Gobernación del PAN tratan de instaurar una “versión oficial al servicio” de ese partido o, al menos, la facción dominante que encabeza Calderón.
Quizá por ello la semblanza de Creel es minúscula. Ocupa apenas seis párrafos sobre su trayectoria como abogado, miembro del Grupo San Ángel, la diputación a partir de 1997 y su derrota en la elección por la jefatura de gobierno del Distrito Federal ante Andrés Manuel López Obrador.
“Ese mismo año Vicente Fox fue electo presidente de la República y llamó a Creel para hacerse cargo de la Secretaría de Gobernación, donde se desempeñó hasta el 1 de junio de 2005, cuando lanzó su campaña como precandidato a la presidencia de la República por el PAN, partido en el que había sido consejero nacional de 2004 a 2007.”
El contraste con Abascal es notable: Las tres cuartillas de su biografía están colmadas de elogios y hasta alusiones a su padre, Salvador Abascal Infante, fundador de la Unión Nacional Sinarquista.
Incluye su paso por la Coparmex, a partir de 1995: “Desde ese año fue comprometido promotor del diálogo entre los sectores obrero y empresarial, siendo el primer dirigente empresarial orador en la Asamblea de Aniversario de la Confederación de Trabajadores de México, así como el primer anfitrión del secretario general de esta central obrera, Fidel Velázquez, en la sede de un organismo empresarial, para la firma de un acuerdo de entendimiento denominado ‘hacia una nueva cultura laboral’”.
Como secretario del Trabajo: “Su de¬sempeño en esa dependencia, entre diciembre de 2000 y junio de 2005, se distinguió por el clima de paz laboral en el país, por el impulso de una nueva relación entre sindicatos, empresas y gobierno, a la luz de la Nueva Cultura Laboral y por la incipiente recuperación del poder de compra de los trabajadores.”
Ya como secretario de Gobernación: “En su administración se concibió la relación del Ejecutivo federal con el Congreso de la Unión como una política de Estado, estableciendo un diálogo institucional permanente y respetuoso con todos los grupos parlamentarios”.
Se enumera una larga lista de leyes aprobadas y, después, se detallan logros que incluyen “la firma de un convenio para transparentar la publicidad pagada por los partidos políticos durante el proceso electoral presidencial de 2006”.
Y sigue: “En los meses siguientes a la elección del 2 de julio y ante la no aceptación de los resultados de la votación por el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, simpatizantes de dicha Alianza bloquearon el Paseo de la Reforma y el Zócalo de la Ciudad de México. El secretario Carlos Abascal, convencido de que el diálogo era la única salida al conflicto, realizó acciones de distensión, las cuales permitieron que el Zócalo y Reforma fueran desocupadas para los festejos del 15 y 16 de septiembre”.
En la extensa semblanza de Abascal se incluyen, inclusive, los temas “filosóficos, laborales, educativos, económicos, históricos, políticos, empresariales y religiosos” de sus conferencias, y su breve militancia en el PAN.
Menos entusiasta es la biografía de Ramírez Acuña, quien ocupó la Secretaría de Gobernación al inicio del gobierno de Calderón, cuya gestión ni se menciona: “En enero de 2008 renunció al cargo y regresó a Guadalajara, donde atiende asuntos particulares”.
No hay ninguna referencia al destape que Ramírez Acuña hizo de Calderón y, menos aún, a la represión y tortura de las fuerzas policiacas a su mando contra manifestantes altermundistas.

Mouriño, casi Dios

En otro contraste entre panistas, la semblanza del “economista y político” Juan Camilo Mouriño, aunque un poco más corta que la de Abascal, es igualmente obsequiosa por su “vertiginosa carrera política” que inició en Campeche y luego como diputado a las órdenes de Calderón.
Con Calderón como secretario de Energía, Mouriño fue asesor y subsecretario. “Su experiencia como diputado y su visión estratégica fueron fundamentales para cumplir con los retos de ese cargo.”
Mouriño fue “clave”, dice la semblanza, para que Calderón ganara la candidatura presidencial del PAN: “Su acción consistió en estimular los consensos y acuerdos en torno a la figura y proyecto del licenciado Calderón.”
También “su capacidad de organización, negociación y liderazgo en la coyuntura política del cambio de gobierno favoreció para que la experiencia de la transición se concretara, hasta la toma de posesión”.
Y más: “A la cabeza de Gobernación, trabajó por generar un clima de civilidad política y reconciliación que fue reconocido por todas las fuerzas políticas; reformas fundamentales como la Energética, fueron resultado del trabajo de Mouriño Terrazo con todas las expresiones políticas organizadas. Es un común denominador el reconocimiento a Mouriño como un hombre de capacidad política, que logró el diálogo con los distintos partidos políticos y el gobierno en general”.

DE PROCESO:El fuero militar,garante de impunidad

El fuero militar,garante de impunidad
JORGE CARRASCO ARAIZAGA


Ante el rápido aumento de las violaciones a los derechos humanos por parte de militares, varias
organizaciones sociales, e incluso países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU,
abogan por la modificación del fuero militar en México. Pretenden combatir la impunidad que se
escuda en los operativos contra el narcotráfico y que las víctimas de abusos castrenses obtengan
justicia en tribunales civiles.

Con más de mil 600 quejas contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos al amparo de los operativos antinarco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está sometida a prueba por familiares de una de las víctimas asesinadas por militares en Sinaloa, que le piden revisar el fuero militar para que los tribunales castrenses dejen de investigar casos que involucran a civiles.
La misma demanda le fue planteada al Estado mexicano apenas en febrero pasado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra. Varios de los países integrantes insistieron en que México debe modificar su legislación para que el Ejército deje de investigar los casos en los que civiles son víctimas de militares, y de esa manera el país respete los instrumentos internacionales que ha firmado.
En el gobierno de Felipe Calderón, los abusos cometidos por militares se han incrementado en número y en gravedad. Tal es la incidencia que de 23 recomendaciones dirigidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Sedena desde el año 2000, 20 han sido emitidas en los últimos dos años.
La CNDH recibió un total de mil 602 quejas en contra de efectivos militares entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Esa cifra excluye las quejas recibidas por las acciones del Ejército en Chilpancingo, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo, después del asesinato de una decena de militares, unos en activo y otros en retiro.
De esas quejas, en por lo menos ocho casos la CNDH ha comprobado que se trata de violaciones graves, como privación arbitraria de la vida, tortura, violaciones, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego, sobre todo en Michoacán, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, donde actualmente el Ejército despliega operaciones especiales contra el narcotráfico.
El mayor número de quejas es motivada por cateos ilegales, tratos crueles y degradantes, ejercicio indebido de funciones, detenciones arbitrarias, robo, retenciones ilegales, amenazas e intimidación. En los casos de violación del derecho a la vida y a la integridad de los civiles, la CNDH ha resuelto dejar los casos en manos de la justicia militar.
Con el argumento de que se trata de actos cometidos durante el servicio, la jurisdicción castrense se coloca por encima de la civil cuando los militares cometen este tipo de abusos sobre la población, contra lo establecido por la ONU y otros organismos internacionales.
Organizaciones humanitarias en México y varios países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ponen en duda la constitucionalidad del Código de Justicia Militar; primero, porque nunca fue aprobado por el Congreso, sino por un decreto presidencial de 1933, y en segundo lugar porque se aplica por encima del artículo 113 de la Constitución, según el cual “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
Esa ilegalidad quedó documentada en un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), a partir de la revisión de los abusos cometidos por militares durante los primeros 20 meses de la gestión de Felipe Calderón.

Acusaciones

En entrevista, Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro Pro, asegura que hay una “indebida extensión del fuero militar”, además de cuestionar la constitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar que utiliza el Ejército para atraer la investigación de cualquier hecho en que esté involucrado algunos de sus elementos.
Señala que de esa manera se garantiza la impunidad, como ha quedado demostrado en varios casos; entre ellos, el asesinato de cuatro personas en Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.
También menciona el del ciclista Félix Daniel Téllez Ortiz, quien sufrió parálisis al ser arrollado por un camión del Ejército en la autopista México-Querétaro el 24 de septiembre de 2006, y quien no ha sido indemnizado.
El informe titulado ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, el informe señala que tan sólo en el primer año y 10 meses del actual gobierno quedaron documentados en la prensa por lo menos 101 casos o situaciones de presuntos abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas.
Precisa que se trata de sólo un porcentaje de los abusos contra civiles. Por abusos define a las violaciones como el derecho a la vida y a no ser privado de la vida de manera arbitraria, el derecho a la integridad física y a no ser sometido a torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad personal y el derecho a la inviolabilidad del domicilio particular sin orden judicial. Los estados con más quejas por abusos militares fueron Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa.
Nuevo León, que en el informe aparece sólo con seis quejas, se convirtió a mediados del mes pasado en centro de manifestaciones contra la presencia del Ejército, que a partir de octubre de 2008 incrementó sus acciones entre la población civil a raíz del asesinato de 11 militares, crimen que el Ejército atribuye a Los Zetas. De acuerdo con el gobierno de Nuevo León, las manifestaciones de “los tapados” fueron pagadas por la delincuencia organizada.
En su informe, el Centro Pro señala que hasta noviembre de 2008 Chihuahua fue el estado de mayor incidencia de violaciones contra derechos humanos atribuidas a militares, con 13 casos “de alto perfil” registrados entre abril y ese mes.
Observa que los abusos aumentaron como consecuencia de la puesta en marcha del Operativo Conjunto Chihuahua, en marzo del año pasado.
El informe del Centro Pro coincide con el reporte dado a conocer en enero de este año por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) sobre los ataques a la prensa en México durante 2008. Chihuahua fue el estado con mayores agresiones a los periodistas, no sólo por parte de la delincuencia organizada, sino también a manos de las fuerzas federales.
Destaca un allanamiento realizado por militares encapuchados al domicilio del periodista Emilio Gutiérrez Soto, de El Diario de Ciudad Juárez. El reportero y su hijo de 15 años fueron encañonados y los militares se retiraron sin encontrar ninguna irregularidad en el lugar. Como consecuencia de la acción militar, Gutiérrez Soto pidió asilo en Estados Unidos (Proceso 1682).
Ante el incremento de la violencia en Chihuahua a pesar del operativo, el Ejército prevé desplazar al estado hasta 5 mil efectivos más, que se integrarán a los 2 mil 500 enviados inicialmente.
Los militares no sólo harán labores de vigilancia; también tomarán el control de varias instituciones de seguridad en Ciudad Juárez, asiento del cártel encabezado por Vicente Carrillo Fuentes.
El martes 3, el presidente municipal de Juárez, José Reyes Ferriz, anunció que el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, nombrará a los nuevos titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección General de Tránsito y los mandos de las seis estaciones de policía del municipio, así como a los del Centro de Readaptación Social y el sistema de emergencias conocido como C4. Todos serán militares.
Para el Centro Pro, “la injerencia militar en la vida civil (obstaculiza) el camino hacia la democratización”, al asumir el Ejército funciones que no le corresponden y arrogarse las investigaciones de los abusos cometidos por el personal de las Fuerzas Armadas contra civiles.
Los abusos más frecuentes contra la población civil, especifica, son los cateos ilegales, la agresión física (incluidas golpizas), el ataque con arma de fuego (frecuentemente en retenes o cerca de los cuarteles militares) y las detenciones arbitrarias.
El caso de los retenes merece un señalamiento especial del Centro Pro, pues indica que en el período del informe hubo 17 casos en los que han sido agredidos civiles, sobre todo con armas de fuego, por “no detenerse” ante la revisión, lo que ha resultado en varias muertes.
Pero los disparos contra civiles no sólo han ocurridos en los retenes. Está el caso del 13 de mayo de 2008, cuando soldados dispararon contra dos jóvenes que iban en un vehículo sobre la carretera Morelia-Mil Cumbres. Uno de los tripulantes del auto murió. El Ejército argumentó que los muchachos desobedecieron la orden de detenerse; más tarde se comprobó que en el lugar no había ningún retén.
“Como ese, ha habido por lo menos otros dos casos en los que inicialmente se informa que el ataque obedeció a que los civiles no se detuvieron en un retén y posteriormente se documenta que tales retenes en realidad no existían”.
El Centro Pro explica el procedimiento habitual de las Fuerzas Armadas. Después de reconocer la agresión “se inicia un proceso con desenlace anunciado”: los hechos son investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar y consignados, cuando eso ocurre, ante un juez castrense.
“Nada se informa a los familiares de las víctimas y poco a la opinión pública. Cuando la cobertura mediática ha disminuido, la Sedena puede llegar a proponer a los afectados convenios extrajudiciales de indemnización que no reparan integralmente el daño”.
Después de meses se emite una recomendación de la CNDH y finalmente los casos son olvidados sin que se tenga noticia sobre su esclarecimiento. El ciclo se cierra cuando un nuevo caso es denunciado, lo que evidencia que no existen medidas para que no se repitan los abusos militares, asegura el Centro Pro.

CNDH: inconstancia y tibieza

En el documento mencionado, el Centro Pro califica la actuación de la CNDH de “inconstante”, pues en ocasiones ha evidenciado el dolo de la Sedena en sus estrategias de difusión para exculparse, y otras veces “pretende explicar los abusos militares”.
Desde su punto de vista “hay tres aspectos preocupantes” en la actuación del organismo que preside José Luis Soberanes. En primer lugar, dice, “es grave que la CNDH omita condenar firmemente, con base en los estándares internacionales de protección a los derechos humanos aplicables, la extensión del fuero militar a los casos en donde elementos castrenses perpetran delitos graves contra civiles”.
De forma reiterada, dice, el ombudsman ha evitado un pronunciamiento contundente; “por el contrario, en sus recomendaciones ha pedido que los hechos violatorios… sean conocidos por el Ministerio Público militar”.
Documenta su aseveración con siete recomendaciones presentadas por la CNDH el 11 de julio de 2008. En todos los casos pidió que el caso pasara al Ministerio Público militar pese a que se trató de casos de tortura, asesinato, agresión con arma de fuego en retenes y allanamiento de morada.
En segundo lugar, el Centro Pro cuestiona que la CNDH pretenda explicar los abusos de los militares por la falta de capacitación de los soldados y oficiales en materia de derechos humanos, con lo cual “minimiza la relevancia de la impunidad”.
En enero de 2008, en medio del incremento de las violaciones a estos derechos, la Sedena anunció la creación de la Dirección General de los Derechos Humanos, que se integró en el reglamento interior de la secretaría apenas en diciembre pasado.
El Centro Pro cuestiona, además, que la CNDH no impulse ninguna iniciativa para que cese ese tipo de agresiones: “Es inconcebible que habiendo documentado, en los últimos dos años, más de ocho casos en donde se han registrado graves violaciones a derechos humanos como torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y privaciones arbitrarias de la vida, (la CNDH) aún no emplee las facultades” jurídicas que tiene.
Esta situación es más grave, apunta, si se considera que la propia comisión ha constatado la aparente falta de respeto del Ejército a su autoridad, como lo dejó ver en su recomendación 36/2008, en la que se queja de la manifiesta falta de voluntad de la Sedena para cooperar.
El Centro Pro menciona seis casos representativos de los ataques militares contra civiles: el primero, la represión en Carácuaro, Nocupétaro y Huetamo, en Michoacán, luego de que una partida militar fue emboscada en Carácuaro el 1 de mayo de 2007. El segundo, relacionado con este hecho, es la agresión sexual sufrida por adolescentes en el bar La Estrellita, en Nocupétaro.
La tercera agresión es la que sufrió la familia Esparza Galaviz. Cinco de sus miembros, incluidos mujeres y niños, murieron baleados el 1 de junio de 2007 cerca de un retén militar en la Joya de los Martínez, en el municipio Sinaloa de Leyva, Sinaloa. Otras tres personas resultaron heridas, entre ellas dos niños. La camioneta en que viajaban no se detuvo a tiempo y fue baleada por los soldados.
En Guerrero, en la comunidad San Luis de la Loma, en el municipio Tecpan de Galeana, el 29 de junio de 2007 la niña Marlene Caballero fue herida también en un retén cuando los militares dispararon al vehículo en que viajaba con un adulto. La Sedena adujo que sus efectivos abrieron fuego porque pensaron que la camioneta los iba a arrollar.
En Huehuetoca, en la comunidad San Miguel de los Jagüeyes, sede del campo militar 37, un camión del Ejército conducido a alta velocidad y en zigzag arrolló al ciclista Félix Daniel Tellez Ortiz, quien quedó parapléjico después de una convalecencia de cuatro meses. Al radicarse el caso en la jurisdicción militar, los peritos del Ejército acusaron a la víctima de haberse atravesado al camión, colocándolo en calidad de responsable.
El resultado es que el daño no ha sido reparado ni se ha sancionado a los responsables. En el accidente también falleció un militar y varios resultaron heridos, pero éstos otorgaron el perdón al presunto responsable.
Otro caso en el que la Sedena coloca a las víctimas como culpables ocurrió en Santiago de los Caballeros, en el municipio sinaloense de Badiraguato, donde los militares ejecutaron a cuatro personas desarmadas (Proceso 1641).
La Sedena llegó al extremo de presentar como indiciados a los sobrevivientes para disimular la responsabilidad de sus elementos en el delito de privación arbitraria de la vida. Dos semanas después del crimen, en el que también murieron dos militares, la Sedena consignó como responsables a un teniente, un cabo y tres soldados, todos de infantería.
La esposa de uno de los sobrevivientes, Reynalda Morales Rodríguez, logró que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, decidiera estudiar la posible atracción de la revisión de un amparo en contra de que los tribunales militares lleven el caso. Morales es patrocinada jurídicamente por el Centro Pro y el centro de Análisis e Investigación Fundar.
La SCJN se enfrentará a la resistencia de los militares. El pasado 19 de febrero, en la celebración del Día del Ejército, el general Galván no sólo defendió el fuero de guerra, sino que pidió al Congreso legislar sobre las actividades de los efectivos castrenses en labores de seguridad pública.
El Centro Pro asegura que la actitud pasiva de las instancias civiles de procuración y administración de justicia, que declinan su jurisdicción a favor de la castrense, así como la “complaciente interpretación del Poder Judicial de la Federación”, han permitido que el Ejército no cambie su actuación.
Además de las organizaciones humanitarias nacionales, de forma reiterada la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial de la ONU sobre Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales, así como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le han pedido al Estado mexicano que los militares dejen de juzgar casos como los anteriores.
El Centro Pro concluye: “Este informe confirma una percepción cada vez más generalizada: en el sexenio de Felipe Calderón los controles civiles sobre el poder militar han desaparecido”.
Lo peor, añade, es que está en tela de duda la efectividad de los operativos, pues además “son solapados por la insuficiente rendición de cuentas propia de la ausencia de control civil sobre el Ejército”.

EL AVIONAZO DE MOURIÑO: PAGARON CREEL Y MEDINA MORA SOBREPRECIO POR EL AVION

El avionazo, asunto politico
RODRIGO VERA


Por ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, fueron acusados penalmente el senador panista Santiago Creel y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. El motivo: el pago de un presunto sobreprecio de más de 2 millones de dólares en la adquisición del avión en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño. Es una más de las innumerables irregularidades que rodean el desplome de la aeronave y que alcanzan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por el atribulado Luis Téllez.
El senador panista Santiago Creel Miranda y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, son acusados penalmente de presunto “enriquecimiento ilícito”, “tráfico de influencias” y “ejercicio abusivo de funciones”, debido a que, en diciembre de 2003, presuntamente pagaron un “sobreprecio” de 2 millones 300 mil dólares al comprar el avión Learjet 45 en el que murió el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Creel y Medina Mora, entonces titulares de la Secretaría de Gobernación (SG) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), respectivamente, adquirieron el Learjet usado, de acuerdo con las denuncias, en 7 millones 500 mil dólares, cuando el mismo modelo supuestamente costaba, nuevo, 5 millones 200 mil dólares.
Además –de manera inexplicable–, la compra no la hicieron directamente a la aerolínea suiza vendedora, TAG Aviation, sino que utilizaron como intermediaria a Servicios Aéreos Estrella (SAE), una empresa privada mexicana con antecedentes de implicación en el narcotráfico.
Por si fuera poco, la adquisición se realizó después de que, en agosto de 2003, la Federal Aviation Administration (FAA) emitió una notificación en la que pedía suspender todos los vuelos de ese tipo de aeronaves, ya que tenían un defecto de fábrica irreparable.
¿Por qué compraron un avión usado con un millonario sobreprecio? ¿Por qué no lo adquirieron directamente con Bombardier, la empresa fabricante? ¿Por qué no acataron la recomendación de la FAA? ¿Hubo corrupción y tráfico de influencias?
Estos interrogantes deben ser respondidos por Creel y Medina Mora, pues contra ambos ya fueron interpuestas dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las que se hicieron los anteriores señalamientos.
La primera denuncia la presentó el 2 de diciembre pasado, en su “carácter de ciudadano”, José Luis Moyá Moyá, señalado como asesor del senador panista Federico Döring y como una fuente más del “fuego amigo” que, dentro del blanquiazul, se está lanzando contra Santiago Creel para bloquear su carrera política.
La segunda denuncia fue hecha por la Unión de Abogados por la Democracia (UAD), a la que se identifica con los intereses de Televisión Azteca, que realiza una campaña mediática de desprestigio contra Creel.
En entrevista con Proceso, Creel dice de la denuncia de Moyá: “No me extrañaría, y no quiero ir más allá, que esto fuera parte de un fuego amigo”. Y respecto de la segunda, afirma: “Esta denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que Televisión Azteca ha instrumentado en contra mía”.
Asegura que el avión costó 6 millones 91 mil dólares, precio muy por debajo del que tenía, nueva, una aeronave igual, y dice estar dispuesto a presentarse a declarar ante el Ministerio Público para demostrar la falsedad de las imputaciones: “La autoridad competente tendrá todos los documentos para avalar esta situación”, sostiene.
De 24 páginas, la denuncia de Moyá señala que Creel, como secretario de Gobernación y superior jerárquico de Medina Mora, seguramente “instruyó” a éste para que adquiriera el Learjet, ya que fue el Cisen el que directamente realizó la compra.
Agrega que el aparato pertenecía a TAG Aviation, la empresa suiza que ya le había dado “cinco años de uso” a la aeronave, finalmente comprada en “7.5 millones de dólares” por Medina Mora, siendo que “el precio de venta de ese avión en ese entonces fue de 5.2 millones de dólares”, por lo que “no sería extraño que se hubiese dado el delito de cohecho en la compra”.
Para apoyar estas aseveraciones, incluye un reporte de la publicación especializada Business jet traveler, donde se marca en “5.2 millones” el precio del “Learjet 45 de Bombardier” recién salido de fábrica.
Destaca que “se causó un daño al erario” por 2 millones 300 mil dólares “al no comprar directamente en el extranjero una aeronave nueva”. Y si era para el gobierno, incluso Hacienda “pudo exentarla de impuestos de importación e IVA y aranceles”. Debió adquirirse “directamente” con el fabricante “una aeronave nueva, con garantía y pilotos entrenados y certificados”.
Fue precisamente este aspecto alusivo al entrenamiento de los pilotos el que llevó al secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, a sostener la tesis de que ellos no estaban suficientemente preparados para operar el Learjet 45, además de que se habían prestado a manejos irregulares para acreditar horas de vuelo que en realidad no habían cumplido.
Las aseveraciones de Téllez, realizadas en los días subsiguientes al desplome del aparato, indignaron a las familias de los pilotos y a la comunidad aeronáutica del país, que hizo notar un punto: el hecho de que la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la SCT, fue la instancia que les expidió las licencias a los pilotos.
En cuanto a Servicios Aéreos Estrella, lo más extraño –indica la denuncia de Moyá– es que se haya recurrido a la intermediación de esa compañía, “una empresa involucrada con el narco”. Y remite a un reportaje publicado en el número 1054 de la revista Proceso en el que se detalla que, en enero de 1997, un avión de SAE transportó a los comensales que asistieron a la boda de Aurora Carrillo Fuentes, hermana del jefe del cártel de Juárez. La fiesta se realizó en Guamuchilito, Sinaloa. En ese tiempo, el Ejército Mexicano y la PGR mantuvieron bajo observación a SAE.
“La empresa Servicios Aéreos Estrella y funcionarios del Cisen –añade la denuncia– son responsables de generar las bases y licitación o adjudicación del mantenimiento y suministro de pilotos desde 2003… ahí se inicia, con este contrato, la irresponsabilidad de funcionarios en poner a un intermediario, ajeno al gobierno federal, que no es responsable de vigilar la seguridad nacional.”
Y pide que, “con documentación bancaria”, Creel y Medina Mora aclaren cuánto se le pagó a SAE por sus servicios de intermediación y cuánto se le dio finalmente a TAG Aviation por la aeronave usada que, además, no debió volar, por instrucciones de la FAA.
La denuncia incluye el reporte de esta autoridad aeronáutica estadunidense, emitido el 14 de agosto de 2003, en el que textualmente se asienta que, de fábrica, los Learjets 45 presentaron una “falla estructural del estabilizador horizontal”, la cual puede ocasionar “pérdida de control de la aeronave”.
Y puntualiza que, “por motivos a investigar”, Creel y Medina Mora permitieron todas estas irregularidades, por lo que ellos y el resto de los “funcionarios involucrados” deben ser citados a comparecer.
La segunda denuncia, interpuesta por la UAD el 15 de enero pasado, a través de su presidente Ángel Pérez de la Fuente, parte del mismo hecho irregular: “Se pagaron 2 millones 300 mil dólares más por esta aeronave usada”.
Expone lo “sospechoso que resulta” que en sólo 19 días se haya realizado el proceso de compra: El 27 de noviembre de 2003 se publicaron las bases de la licitación pública internacional, con folio 04100001-035-03, emitida para que SAE gestionara la compra, la cual se concretó el 16 de diciembre siguiente.
No se tomaron en cuenta, dice la UAD, ni las condiciones del mercado aeronáutico ni las recomendaciones de la FAA ni el fatal accidente de un Learjet 45 que ocurrió en Italia cinco meses antes de esta adquisición.
Por tal motivo, indica que Creel “pudo haber incurrido en ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, así como enriquecimiento ilícito, previstos en los artículos 220, 221 y 224, respectivamente, del Código Penal federal”.
Ambas denuncias aseguran que Creel está siendo protegido por la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), que actualmente realiza una investigación sobre posibles irregularidades en la compra y mantenimiento del avión. En esta dependencia, dicen, a Creel le cubren las espaldas dos funcionarios que son incondicionales suyos: su exsecretario particular Guillermo Huerta Ling, actual comisario del sector seguridad en la SFP, y José Antonio Bolívar Bustillo, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de esa secretaría.
Las refutaciones de Creel
Entrevistado en sus oficinas de Polanco, Santiago Creel niega que la aeronave haya sido adquirida por encima de su valor real: “A mí se me informó que el precio y la calidad fueron buenos”, dice.
–¿No hubo entonces ese sobreprecio de más de 2 millones de dólares?
–No. Por lo que yo he podido platicar con quienes estuvieron a cargo de la operación, ellos me dicen que esto es una mentira, que el precio estuvo ligeramente por debajo del precio en el mercado. Y que comparado con el precio de una aeronave nueva, era sustancialmente más barato.
“Dicen que había un desperfecto técnico en ese modelo de aviones. Pero a mí me dijeron que el avión cumplía perfectamente y que además tenía garantías en los equipos por varios años. Incluso, que estaba mejor equipado que un avión nuevo, puesto que había volado en Europa y allá los requisitos son mayores. Por eso me extraña que ahora surja esta situación.”
Para apoyar sus afirmaciones, Creel entrega el documento Adquisición por el Cisen del avión matricula XC-VMC, en el que se registra que “la aeronave –construida en el año 2000– costó 6 millones 91 mil 270 dólares”, precio por debajo del “avalúo comercial”, que resultó de 6 millones 850 mil dólares.
El documento menciona que “el valor de un avión nuevo –con características similares– era de 10 millones 500 mil dólares”, de acuerdo con el estudio de costo-beneficio.
Con esto, el senador refuta las aseveraciones de los denunciantes en el sentido de que el Learjet tuvo un sobreprecio y resultó más caro que uno nuevo.
Entrega también al reportero el “estudio costo-beneficio” realizado por Gobernación –con el número de oficio UNAOPSPF/309/BM/1023/2003–, donde se evaluaron tres aeronaves como opciones de compra. La más barata resultó ser el Learjet 45 que ofertó SAE.
Y relata que, siendo secretario de Gobernación, fue iniciativa suya cambiar los viejos aviones de la dependencia:
“La Secretaría de Gobernación contaba entonces con aeronaves viejas. La mayoría, producto de las incautaciones hechas por la PGR. No sólo los aviones eran viejos, sino que su costo de operación era alto. Algunos ni siquiera podían entrar a Estados Unidos por el ruido que hacían. Pedí que evaluaran la posibilidad de quitar esos aviones.
“La Secretaría de la Función Pública nos pidió que la operación se llevara a través del Cisen, porque éste tiene los sistemas de seguridad y control mucho más rígidos. Y así se empezó a abrir el proceso de compra, que se llevó a cabo en los términos que marca la Ley de Adquisiciones, mediante una licitación. Se abrieron las bases y se hizo la convocatoria. Todo apegado a la normatividad.”
–¿Usted ya no intervino en el proceso de compra del Learjet 45? ¿No firmó el contrato de compraventa?
–No, por supuesto que no, porque la Función Pública nos recomendó que se hiciera a través del Cisen. Era muy importante que el Cisen también se hiciera cargo de la operación. Inclusive, cuando el avión llegaba a los aeropuertos, la gente del Cisen resguardaba la aeronave, independientemente del resguardo que tiene todo aeropuerto.
–¿Medina Mora firmó el contrato de compraventa?
–No recuerdo a ciencia cierta. Y no quisiera incurrir en un equívoco al decir quién firmó el contrato. Pero la operación se realizó a través del Cisen.
Para Creel, la denuncia de José Luis Moyá es quizá parte del “fuego amigo” que le están lanzando dentro de su partido, con el fin de relegarlo políticamente:
“No me extrañaría –y no quiero ir más allá– que esto fuera parte de un fuego amigo. Estoy indagando más las cosas, pero tiene la lógica y el contexto de esa situación.”
Refiriéndose a Moyá, asegura: “En lo individual, no conozco a esta persona”. No obstante, tiene algunas referencias sobre él, como la que apareció en la columna Ciudad perdida, de Miguel Ángel Velázquez, publicada en La Jornada el 24 de enero de 2002. Ahí se dice que “Moyá es uno de los asesores de Federico Döring, quien halló en su consejero la parte de inquina que le faltaba en contra del gobierno del DF y del PRD en general”.
En la edición de El Universal del 22 de octubre de 2007, Carolina Rocha le dedicó a Moyá un artículo, titulado ¿Apóstol o mercenario de la información?, en el que lo relacionaba con Döring y con otros panistas, como Ángel Pasta y Salvador Abascal, con quien después terminaría mal.
Agrega que nadie como Moyá acapara en el país “los servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)”. Este “Osama Bin Laden informativo… sabe nombre y apellido de cada funcionario sancionado en su desempeño administrativo”. Sus “indagatorias” dieron pie al “escándalo de las tangas de Provida”, lo mismo que a denuncias contra Rosario Robles y Andrés Manuel López Obrador, entre otros personajes.
Resultan claros para Creel los intereses que hay detrás de la denuncia de la UAD, a la que liga con Televisión Azteca, que se vio perjudicada con la reforma electoral impulsada por el senador:
“Esa denuncia surge en el contexto de una campaña de mentiras que ha venido instrumentando Televisión Azteca en contra mía, a partir de la reforma electoral. Esta pseudounión de abogados ha venido plasmando otras denuncias contra mí. Todas sin fundamento. Todas retomadas por la televisora en sus noticiarios para golpearme.”
Concluye el senador:
“Seguiré adelante con las reformas a la telecomunicación, a la radio y a la televisión que estime necesarias para el avance democrático del país

DE PROCESO: MARCIAL Y SUS VICIOS SEXUALES

Y sobre la pederastia, el silencio
RODRIGO VERA

La reciente estrategia del Vaticano en el sentido de hacer público que Marcial Maciel, fundador y líder “moral” de los Legionarios de Cristo, llevaba una doble vida al tener amantes con las que incluso procreó hijos, soslaya un negro antecedente: los casos de pederastia por los que el sacerdote católico fue “castigado” por el Papa Benedicto XVI el 19 de mayo de 2006. Lo grave es que Maciel no sólo sedujo y estafó a varias mujeres ricas, sino que destruyó las vidas de numerosos niños de los que abusó sexualmente. Él, sin embargo, se fue a la tumba sin recibir castigo judicial por estos delitos.
Obedeciendo a una estrategia del Papa Benedicto XVI, destacados discípulos de Marcial Maciel confirmaron que el fundador de los Legionarios de Cristo llevó una doble vida y contravino las reglas sacerdotales al seducir a mujeres acaudaladas, con las cuales llegó a procrear hijos.
Estos emisarios del Vaticano fueron obligados a revelar algunos detalles acerca de los amoríos de Maciel, pero extrañamente evitaron comentar sobre los antecedentes más oscuros del personaje, fallecido hace poco más de un año: los abusos sexuales a los que, según diversas denuncias públicas y penales, sometió a numerosos niños y jóvenes al amparo de su ministerio.
La estrategia papal, que pasa por México, se propone “limpiar” y “reestructurar” a la Legión de Cristo. La medida dio inicio en 2006, cuando Benedicto XVI condenó al ostracismo a Maciel a raíz de los actos de pederastia en los que incurrió, y continuó en 2007, cuando liberó a los miembros de la orden de los llamados “votos privados” que les prohibían criticar los actos de su fundador.
Javier Bravo, vocero de los legionarios en México, comenta que tuvieron que plegarse a los dictados del pontífice:
“Nuestra consigna es actuar con obediencia, siempre obedecer al Papa y servir a la Iglesia. En 2006, por ejemplo, obedecimos de manera inmediata al Papa. Lo mismo hicimos ante otra consideración del pontífice sobre la Legión. Siempre estaremos a sus órdenes y lo seguiremos obedeciendo.”
Revela Javier Bravo que, desde antes de la muerte de Marcial Maciel, en enero del año pasado, el Vaticano ya contaba con una amplia documentación sobre sus affaires amorosos, la cual pensaba hacer pública, y así se lo hizo saber al padre Álvaro Corcuera, sucesor de Maciel al frente de los legionarios.
“Fue hacia el final de la vida del padre Maciel cuando fueron saliendo esos hechos sobre su conducta. Desde entonces, las autoridades eclesiales y el padre Álvaro Corcuera trabajaron con mucho acompañamiento”, dice el vocero.
–¿Se refiere a autoridades eclesiales del Vaticano?
–Sí, efectivamente, me refiero a algunos obispos y cardenales, a superiores que venían pensando sobre esta conducta. Es entonces cuando el padre Álvaro (Corcuera) toma la decisión de comunicar primero los hechos a los legionarios, a la familia, con el fin de ser absolutamente honestos y transparentes respecto a la vida de nuestro fundador. En ese proceso se dio todo esto.
–¿El Vaticano los presionó entonces para que dieran a conocer los hechos?
–Digamos que hubo un acompañamiento entre las autoridades eclesiales y nuestra congregación, que siempre, repito, obedecerá al Papa.
Estrategia mediática
La explosiva revelación fue hecha la semana pasada, a pocos días de la visita a México del cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de la Santa Sede y el segundo hombre más poderoso de la curia romana. En representación del Papa, Bertone vino para asistir al Encuentro Mundial de las Familias (EMF), celebrado en la Ciudad de México a mediados de enero pasado. También participó en un acto público realizado en el Teatro de la República, en la ciudad de Querétaro, donde criticó al Estado laico mexicano.
Sin embargo, Bertone no viajó directamente de Roma a la Ciudad de México, sino que vía Francfort voló directamente al aeropuerto internacional de Cancún, a donde llegó el 12 de enero por la noche. Ahí lo esperaba monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, obispo de la prelatura Cancún-Chetumal y el único obispo en funciones que tienen los Legionarios de Cristo en México. Fue una visita secreta que no figuró en la agenda de actividades del enviado papal. En los círculos eclesiales circuló la versión de que el cardenal italiano traía un mensaje para la Legión.
Días después, Bertone participó en el EMF, lo mismo que Álvaro Corcuera, quien reside en Roma y viajó a la Ciudad de México para participar en él con una ponencia sobre las virtudes teologales en la familia. A ese encuentro asistieron obispos y cardenales de todo el mundo; fue la ocasión ideal para tratar colectivamente el problema.
El exlegionario Patricio Cerda Silva, quien fue director del Colegio Cumbres que los legionarios tienen en Medellín, Colombia, y actualmente radica en España, señala:
“Un asunto de esta naturaleza, tan grave, sólo pudo salir de un mandato del Papa. No hay ninguna otra explicación, ya que los legionarios jamás hubieran revelado estos hechos por iniciativa propia, así se haya dado una división interna. Imposible que hayan denunciado a su fundador sin presión de Roma. ¡Imposible!”.
Supone que fue justamente durante el Encuentro Mundial de las Familias donde se debatió y se armó la estrategia para dar a conocer la noticia en los medios:
“Hay que recordar que el cardenal Bertone llegó primero a la prelatura de los legionarios en Cancún-Chetumal. ¿No le parece extraño que haya llegado primero ahí? Después, Bertone y Álvaro Corcuera estuvieron juntos en ese encuentro. Creo que ahí el cardenal los obligó a sacar a la luz ese escabroso asunto.”
La primicia la dieron dos importantes legionarios de Estados Unidos: el padre Scott Reilly, director territorial de la orden en Atlanta, Georgia; y Jim Fair, el portavoz de la Legión en ese país.
El lunes 2, el blog Exlcblog señalaba que Reilly ya estaba informando que el padre Marcial Maciel había tenido “por lo menos un hijo” y vivido una “doble vida”.
Después, en su edición del miércoles 4, The New York Times publicó que Maciel “tuvo un amorío con una mujer y procreó a una hija, mientras él y su orden se ganaban la aclamación del Papa Juan Pablo II”. Agregó que Corcuera estaba “discretamente visitando sus comunidades y seminarios religiosos en Estados Unidos, e informando que su fundador llevó una doble vida”.
El diario estadunidense publicó la declaración de Jim Fair: “Nos hemos enterado de algunos aspectos sobre la vida de nuestro fundador que nos parecen sorprendentes y difíciles de entender. Podemos confirmar que hay algunos de ellos que no eran apropiados para un sacerdote católico”.
El rotativo incluyó declaraciones del exadministrador general de la orden, el padre Stephen Fichter, quien reveló que Maciel, cada vez que salía de Roma, llevaba 10 mil dólares en efectivo pese que a los legionarios se les inculcaba una “pobreza muy estricta”.
El influyente Paolo Scarafoni, portavoz de la orden en el Vaticano y rector de la Universidad Europea de Roma (que pertenece a los legionarios), confirmó la versión de The New York Times. Dijo: “No podemos negar la existencia de esos hechos, pero no podemos entrar en detalles por respeto a la privacidad de las personas implicadas”.
Quedó la duda de si Maciel tuvo hijos con varias mujeres o si solamente procreó una hija. Consultado al respecto, Javier Bravo responde:
“Por respeto y por prudencia, no puedo decir más. Son hechos difíciles de entender. No hay más comentarios al respecto.”
Aclara, eso sí, que los legionarios no están apartándose de la figura de su fundador al ventilar sus devaneos amorosos: “No podemos deslindarnos de él, absolutamente no, pues el padre Maciel ha contribuido muchísimo a la Iglesia, independientemente de sus fallas. Le debemos gratitud. Sólo estamos comunicando un hecho doloroso que a nosotros nos provocó un shock”.
Manipulación y pecado
Entrevistado en Sevilla, España, vía telefónica, el otrora influyente legionario Patricio Cerda indica que, de acuerdo con sus informantes, la Legión tiene bien localizada a una hija de Maciel en ese país.
“La joven radica en Madrid. Es egresada de la Universidad Francisco de Vitoria, que los legionarios tienen en esa ciudad. Es una joven de unos 32 años de edad. Marcial la procreó siendo un sesentón.”
–¿Qué saben sobre la madre?
“En fin, no hay nada oculto que no se llegue a descubrir. Y esto tarde o temprano saltará a la luz. Ya se sabrá si Maciel tuvo solamente esta hija, o si procreó más hijos con otras mujeres, algo que todavía no nos queda claro.”
Por su parte, Alejandro Espinosa Alcalá, autor del libro El legionario, comenta: “Para nada me sorprende el que hoy se diga que Marcial Maciel anduvo con mujeres y tuvo hijos. ¡Hombre!, yo fui testigo de algunos de sus amoríos. Él mismo se jactaba de sus conquistas. Lo que pasa es que la atención siempre se centró en los abusos sexuales que cometía con niños”.
–¿Es cierto que sólo seducía a mujeres ricas?
–Sí, las manipulaba para sus fines económicos. Eran, a la vez, sus amantes y sus benefactoras. Las tenía embobadas. Algunas incluso querían tener con él un hijo de la carne, por eso no me extrañaría que Maciel pudiera tener algunos hijos regados por varias partes.
El exlegionario Espinosa Alcalá –de quien Maciel abusó aunque era su sobrino– acaba de escribir el libro El ilusionista, aún inédito, donde relata varias anécdotas sobre la relación del jerarca con las mujeres.
En la entrevista, menciona a algunas devotas damas benefactoras que, de los años cuarenta a los setenta, llevaron una relación íntima y fueron “explotadas económicamente” por el sacerdote michoacano: Talita Retes, Pepita Gandarillas, Pachita Pérez, Edmé de Galas, Dolores Barroso, Guillermina Dikins, Josefita Pérez, Consuelo Fernández viuda de Zertuche, Flora Barragán…
Recuerda que Talita Retes fue la primera dama “benefactora” que le conoció a Marcial Maciel, por la década de los cuarenta: era “fea, mucho mayor que Maciel (y) que se quería casar con él”. Dice que era rica, si bien ignora de dónde provenía su fortuna.
Poco después, Maciel intimó con Pepita Gandarillas, una cuarentona que vivía en una residencia porfiriana cerca de La Villa. Marcial llevaba a sus estudiantes a esa casa cuando los llevaba de peregrinación a la Basílica de Guadalupe.
Con Pachita Pérez el sacerdote “nunca se metió sexualmente, pero sí le sacó dinero”. Era una solterona, tía de José Antonio y Fernando Pérez Olvera, quienes luego denunciarían a Maciel por pederastia.
En los años cincuenta el sacerdote tuvo relación con Edmé de Galas, esposa de Santiago Galas, un acaudalado impresor dueño de la empresa Galas de México. “Doña Edmé era sumamente maternal, nos trataba muy bien a los estudiantes de Maciel. Iba a visitarnos a la Quinta Pacelli, donde vivíamos en Tlalpan, y nos llevaba un delicioso arroz con leche”. Su esposo se hizo Caballero de Colón gracias a las influencias de Maciel.
Dolores Barroso, integrante de la familia Barroso, dueña de la hacienda ganadera de Mimiahuapan, fue muy cercana a Maciel en los cuarenta y los cincuenta. “Yo conocí a doña Lola, tenía una casa en Cuernavaca a donde iba a descansar Maciel durante semanas”, dice Espinosa Alcalá.
Guillermina Dikins, esposa de un empresario británico, se vinculó con el fundador de los Legionarios de Cristo de finales de los cincuenta a principios de los sesenta. Tenía a sus hijos estudiando en el Instituto Cumbres, que pertenece a la orden.
A su vez, Josefita Pérez era una venezolana cuya familia tenía pozos petroleros. Poseía una lujosa residencia en Cannes, Francia, que donó a Marcial Maciel. “Recuerdo dos costosos pianos de esa residencia, que Marcial se llevó a Roma, lo mismo que un automóvil antiguo”, afirma el entrevistado.
Y Consuelo Fernández era la viuda de un diplomático español de apellido Zertuche. Vivía en una residencia de la calle de Pánuco, en la colonia Juárez, y también solía ir a la Quinta Pacelli para convivir con los estudiantes de Maciel.
Cuenta Alejandro Espinosa que finalmente la regiomontana Flora Barragán de Garza opacó a las otras:
“Maciel la conoció allá por los años cincuenta. Todas las demás resultaron pobretonas en comparación con doña Flora, por eso las desplazó. Ella además le abrió las puertas de otras familias ricas de Monterrey.”
–¿Doña Flora fue amante de Maciel?
–Lo único que puedo decir es que la llevaba al colegio donde estudiábamos en Roma. Éramos puros hombres, pero ahí le teníamos su cuarto, que en ocasiones compartía con Marcial Maciel. Recuerdo que una vez Maciel le organizó ahí una romántica serenata. Hubo vinos, y viandas que yo mismo les preparé. Ahí los llegaba a ver del brazo, muy juntos, caminando a la luz de la luna.
“Maciel sostuvo una larga relación con doña Flora, que calculo se prolongó hasta los años setenta, hasta que le exprimió todo su dinero. Luego la botó… Ya no le servía para sus fines.”
En una entrevista realizada en Monterrey por los reporteros de Proceso Luciano Campos y Arturo Rodríguez, en enero de 2008, su hija Flora Garza relató:
“Era increíble cómo mi mamá le abría la chequera al padre Maciel. Le tenía una fe ciega, quizás porque era muy guapo, o con mucho carisma, pero siempre le dio lo que quiso. Y a fin de cuentas terminó abandonándola hasta que ella murió, a los 95 años. Murió pensando en él, pidiendo que la saludara, pero él no se dignó. La abandonó después de haberle donado como 50 millones de dólares” (Proceso 1631).
Cuenta Alejandro Espinosa que después de Flora hubo más mujeres acaudaladas en la vida del religioso michoacano: “Supe de algunas italianas y españolas, pero hasta ahí. Yo ya no estaba en la Legión. Me había distanciado de Maciel”.
Estos amoríos, que hasta ahora empiezan a ventilarse en Roma, son una flagrante violación a los votos de castidad sacerdotal. Espinosa Alcalá espera que, por lo menos, el escándalo logre impedir la apertura del proceso de canonización de Marcial Maciel que empujan sus legionarios. Por lo pronto, ya abrieron el proceso de su madre, conocida como “Mamá Maurita” (Proceso 1498).
“Se les complicará la canonización de Maciel. Espero que no intenten arreglar el asunto con dinero, como suelen hacerlo”, comenta.
Por su parte, Patricio Cerda señala que la revelación de que Marcial tuvo hijos es sólo un paso de una estrategia de largo alcance impulsada por Benedicto XVI.
Afirma que el Papa tomó una primera medida en mayo de 2006, cuando sentenció a Maciel a llevar “una vida reservada de oración y de penitencia, renunciando a todo ministerio público”. A partir de entonces, el sacerdote se retiró a Cotija, Michoacán, su pueblo natal.
Un año después, Benedicto XVI les quitó a los legionarios los “votos privados”, que los comprometían a no criticar jamás a los superiores ni a sus actos de gobierno, con lo que se aseguraba la impunidad de Maciel y su círculo más cercano.
“Ahora, sin el obstáculo de esos votos, el Papa está obligando a los legionarios a cuestionar a su fundador”, dice Cerda.
–¿El Papa tomará más medidas a futuro? –se le pregunta.
–Creo que intentará hacer una especie de limpia y reestructuración, aunque veo muy difícil que se pueda emprender un deslinde entre los Legionarios de Cristo y Maciel. Son la misa cosa. A menos que se tenga que refundar la congregación… habrá que esperar… habrá que esperar..

DE PROCESO SEMANAL.

FECAL EL "PRSIDENTE" DEL DESEMPLEO, Y MUY PRONTO EL DEL EMPLEO TEMPORAL si pasan las nuevas reformas legislativas que el PRIAN pretende imponer bajo el pretexto de la crisis. Cambios legislativos que han buscado hace años pero que ahora, en año electoral y de la mano de los financieros que solventaran campañas, podrían terminar por ahorcar a los trabajadores del país:

El gobierno del desempleo
MARCELA TURATI

Felipe Calderón no ha podido ser el “Presidente del Empleo”. Menos ahora, cuando el índice de desocupación se dirige sin freno a 5% de la población económicamente activa. Si bien la pobreza extrema ya se había disparado desde el primer gobierno del PAN, en el de Calderón la pesadilla del desempleo se recrudece en todo el país. Miles de mexicanos son despedidos o quedan sin trabajo por el cierre de empresas. Luego deambulan de uno a otro lado en busca de vacantes que no existen. Y quienes aún conservan su empleo aceptan míseros salarios, tratos indignos y abusivos por parte de sus patrones, sabedores éstos de que la necesidad apremia. Más allá de los índices y las estadísticas, más allá de la inutilidad de las medidas anticíclicas que anunció el gobierno federal hace unas semanas, en este reporte especial Proceso ofrece, descarnado, el rostro del saldo de una administración encabezada por aquel a quien bien puede llamarse el presidente del desempleo.
Con incentivos del gobierno federal, las trasnacionales automotrices asentadas en México, entre ellas Volkswagen, están aplicando “paros técnicos” en los que reducen los salarios a cambio de no hacer despidos masivos de trabajadores. Pero éstos no tienen un apoyo comparable del gobierno ni garantías de las empresas. Unos son cesados de todas formas, y los que se quedan tienen que soportar toda clase
de abusos.
PUEBLA, PUE.- El lunes 2, reunidos en el comedor central de la planta industrial Volkswagen (VW) de la entidad, 479 obreros escucharon el anuncio de que la empresa prescindiría de su trabajo una semana, mientras decide su suerte. Entendieron que la culpa fue del Bettle y del Jetta, los autos que manufacturaban en la nave 21, pues dejaron de ser atractivos para los consumidores, lo que significa que también sobran en la cadena productiva los trabajadores que los ensamblan.
Fue la segunda vez en este año que la planta entró en “paro técnico” o kurzarbeit (desempleo parcial, en alemán). El primero se realizó del lunes 19 al miércoles 21 de enero.
Para el medio millar de trabajadores afectados esto significa cinco días sin trabajo y con medio sueldo, unos 112 pesos al día en promedio. Para la economía local implica una nueva abolladura porque la industria automotriz aporta 12% del empleo industrial de la región Puebla-Tlaxcala y 40% del PIB manufacturero.
“¿Y el lunes, cuando nos presentemos, sí habrá trabajo?”, preguntó un obrero a los representantes de la empresa y del sindicato que anunciaban la medida. “¿Cuándo van a notarse los descuentos?”, cuestionó un técnico. “¿Por qué no nos rotamos para que no nos toque siempre a los mismos?”, sugirió otro. “Despidan a los más nuevos, respeten la antigüedad”, fue la idea de algunos más.
Al salir de la fábrica uno de los trabajadores ofreció a sus compañeros la torta de huevo que su esposa le había preparado para el almuerzo y que, con el paro, le sobraba. A él le pareció justificado el paro: “Preferimos esto a que haya más despidos”.
VW no es la única empresa que ha recurrido a la figura de los “paros técnicos”, promovida en enero por el presidente Felipe Calderón ante empresarios como tabla de salvación de la industria exportadora. También lo han hecho Ford en Cuautitlán y Hermosillo; General Motors en Michoacán, Ramos Arizpe y San Luis Potosí; Nissan de Aguascalientes; y Chrysler en todas las plantas que tiene en el país.
El 30 de enero entró en vigor el Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (Prodiat), que da luz verde a las empresas “más vulnerables a fluctuaciones de la demanda externa” para que reduzcan los costos de operaciones “mediante modificaciones temporales en las condiciones de trabajo”. Esto, se explicó, con tal de que no despidan a los trabajadores cuando la producción se detenga.
Desde antes que se estableciera este acuerdo, los ceses parciales ya habían sido aplicados en las maquiladoras norteñas que fabrican autopartes para empresas estadunidenses, y se extendieron por muchas industrias del país.
Con esta clase de paros, los trabajadores que no fueron despedidos se van a su casa, en algunos casos sin salario ni prestaciones, hasta el nuevo llamado... que tal vez nunca llegue.
“Me dijeron que volviera en marzo para ver si hay algún trabajo, pero mientras ¿con qué se mantiene uno? Hay que ver el trabajo en otro lado”, dijo un hombre en “desempleo temporal”, mientras deambulaba por el Sindicato de VW intentando hablar con algún líder. Él salió de la compañía proveedora logística Seglo y no dijo su nombre a la reportera por miedo a que no lo recontraten.
Otro obrero de Seglo dijo que en su sindicato les prohibieron dar información a los medios de comunicación, pues pueden ser despedidos.
El hilo delgado
Los paros técnicos, promovidos por el gobierno federal en un acto que algunos empresarios consideran patriótico y muchos trabajadores suponen necesario, tienen también sus detractores.
“La campaña internacional y nacional sobre la crisis financiera beneficia más a las empresas porque ha dado pie a que gobiernos y empresarios prescindan del hilo más delgado, que son los trabajadores. Los tienen tan aterrorizados que aceptan condiciones a la baja”, señala Abelardo Cuéllar, integrante de la organización Mundo Laboral.
Cuéllar, un abogado laboralista que asesora a desempleados de varios sectores, señala que los paros técnicos son negociados entre empresas y sindicatos que no son independientes, sin demostrar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje la necesidad de aplicar esa medida.
Y Huberto Juárez, economista de la Universidad Autónoma de Puebla especializado en la industria automotriz, critica: “Cualquier empresarito simplemente dice a sus empleados: ‘No vengan a trabajar mañana y aguanten, si pueden y como puedan’, dejando en el desamparo brutal a los trabajadores. Estos paros son un derecho de facto que las gerencias han obtenido del gobierno, aunque son ilegales. Las empresas suspenden compras, no tienen ingresos, pero tampoco sobreproducción, y no pagan salarios ni liquidación porque tienen a los trabajadores en paro”.
Opina que los fondos de rescate a la industria deben tener sentido social, más que empresarial, como lo planteó el presidente Barack Obama en Estados Unidos.
Según se establece en el Prodiat, habrá un “fondo inicial” de 2 mil millones de pesos para las empresas exportadoras que reporten reducciones en la demanda de sus productos, registren ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje las nuevas condiciones laborales y se comprometan a pagar 60% del salario diario de sus trabajadores.
Los beneficios serán sólo para compañías dedicadas al diseño, desarrollo o producción en las industrias eléctrica, electrónica, de autopartes, automotriz, aeronáutica y metalmecánica, así como las que utilizan tecnologías emergentes, como microtecnología, nanotecnología, biotecnología y mecatrónica.
Pero en ciudades como Puebla la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) está abrumada de denuncias contra fábricas automotrices y textiles en paro, y estas últimas –por ejemplo– no entran en el acuerdo regulador.
Según el delegado estatal de la Profedet, Fernando Castro Azuara, en enero las denuncias laborales aumentaron 50% respecto del año pasado y la mayoría se presentó por despido sin liquidación, igual que por reducciones de las condiciones contractuales fijadas unilateralmente por las empresas.
El funcionario afirma que también hubo un “impresionante” aumento de denuncias contra las Afore, principalmente porque no quieren devolver el dinero de las subcuentas de vivienda, lo cual refleja que muchos trabajadores están optando por pensionarse antes de perder el trabajo o que los patrones los apoyan para que se jubilen a fin de no pagarles indemnización.
“La gran mayoría (de los casos mediados por la Profedet), 80%, está optando por liquidar a la gente porque siente que la situación económica es alarmante y se va por la vía fácil. Nosotros les decimos que no los corran porque se descapitalizarán si echan mano de obra calificada a la calle y después van a tener problemas de producción o de calidad. Pero como la mayoría opta por la liquidación, estamos buscando la mejor liquidación posible.
“Muchos (empresarios) están ofreciendo de liquidación lo que ya ganó el trabajador, que es prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, pero nosotros no lo aceptamos porque eso ya es del trabajador, e insistimos que paguen al 100% los tres meses de salario”, dice el delegado.
A su vez, algunos sindicatos han propuesto otros mecanismos para que no sea necesario despedir al trabajador, como hacer más eficientes los procesos productivos o ahorrar energía y materia prima.
Gilberto Martínez, integrante del comité nacional del Frente Auténtico del Trabajo, asegura que “ya no hay tela de dónde cortar para negociar, no hay garantías. La situación pone a los sindicatos contra la pared. ¿Cómo negocias con una crisis así? Nada más te queda cuidar tu fuente de empleo, y que no se vaya. Algunos líderes populistas están diciendo que quieren irse a la huelga porque no habrá aumento salarial, pero eso es hacerle un favor a la empresa, no a los trabajadores”.
Pero algunas empresas no ceden. En un artículo de opinión que difundió la agencia Cimac y que reprodujeron varios periódicos locales, el abogado laboralista Manuel Fuentes señala que, a veces, cuando el trabajador regresa a trabajar después del “paro técnico”, se entera de que fue despedido por faltas o de que su fuente de trabajo desapareció. Y no hay forma de sancionar a las empresas fraudulentas.
Fuentes considera una “burla” que se destinen 2 mil millones de pesos al apoyo de las industrias más sensibles a la crisis y así “proteger medio millón de empleos”, pues esa cantidad equivale a 4 mil pesos por trabajador afectado y será compartida con los empresarios.
Incertidumbre y abusos
Según obreros poblanos, varias empresas proveedoras de la VW aprovecharon la mala situación laboral.
“En diciembre estuvimos un mes sin trabajo, nos pagaron dos semanas a la mitad y a la tercera ya nos habían reducido el salario. Nos hicieron firmar renuncias voluntarias. Si ganaba 170 pesos diarios, ahora gano 140, otra vez no tengo antigüedad y (me quedo) con el sueldo de los que empiezan”, dice un empleado que lleva una década en la compañía Seglo, proveedora de logística de la trasnacional.
Se queja de que 200 de sus colegas fueron despedidos porque la compañía Servinsa, que paga 95 pesos diarios, ganó el trabajo de secuenciado de partes que Seglo hacía en la nave 28.
“El salario no se puede reducir, es ilegal y anticonstitucional; si se trabaja un día, se paga ese día. (En tiempo de paros) algunos no quieren pagar nada, pero algo justo para que ambos asuman parte del riesgo es que se vayan al 50% del salario. Hay gente que llega a vernos a la oficina porque cuando recogieron su quincena los obligaron a firmar su renuncia a cambio de recibir 4 mil pesos, y la firman porque tienen la premura de llevar algo a la casa, pero eso es ilegal”, advierte al respecto el delegado Castro Azuara.
Sin embargo, siguen ocurriendo los abusos. Varias cocineras que dan servicio a las compañías automotrices dicen que su empresa cambió de razón social y les hizo firmar hojas en blanco. No dan sus nombres, como la mayoría de los entrevistados, que se esconden cuando dan su testimonio o bien proporcionan su teléfono para explicar su situación, pero se arrepienten al recibir la llamada de la reportera.
El abogado Abelardo Cuéllar dice que él asesoró a trabajadores de Uncomex (compañía que elabora partes de clutch y frenos), a quienes les dieron sólo la mitad de la liquidación que les correspondía, así como a maestros amenazados por sus patrones con el despido si no firman nuevos contratos con peores condiciones laborales, pues argumentan que con la crisis automotriz las escuelas privadas tendrán menos alumnos.
Los que todavía tienen empleo están angustiados. “Desde que empezó el año le dije a mi esposa que no gaste de más, no viajes, no aparatos eléctricos, nada de salidas, nada de ropa”, dice un hojalatero que trabaja en la nave 2 de VW y gana 350 pesos a la semana.
“Nosotros ya no consumimos carne, sólo lo básico: blanquillo, aceite y verdura. Ni modo, es la austeridad”, dice a su vez un empleado de intendencia.
El anuncio del kurzarbeit en la nave 21 de la planta Volkswagen de Puebla se hizo el lunes 2. El viernes anterior había sido difícil porque la primera tanda de 800 obreros despedidos (algunos con 10 años de antigüedad) pasó a sus áreas de trabajo a despedirse de sus colegas. El segundo recorte de personal será la próxima semana.
En total, entre la VW y las empresas proveedoras de autopartes han despedido a mil 400 trabajadores de la región en dos meses, y casi 500 están en paro técnico.
Desde el primer paro la incertidumbre cundió por la planta armadora. Por las líneas de producción van y vienen los rumores: “Quieren deshacerse del 10%”, “saldrán mil 500”, “cerrarán otras naves”, “le va a tocar al Bora”, “van a empezar por los nuevos”...
El líder sindical de VW, Víctor Jaime Cervantes, no se atreve a descartar nuevos despidos, sólo da como un hecho que si la empresa lo requiere, los próximos en salir serán los trabajadores que firmaron contrato en noviembre, aunque hayan laborado para VW como eventuales durante años.
Señala que los acuerdos anunciados por los gobiernos federal y estatal para atender la emergencia económica “son medidas acertadas pero insuficientes y tardías, porque la crisis comenzó el año pasado. No creo que alcancen para la cantidad de gente que se va a quedar sin empleo”, dijo el sindicalista al terminar la conferencia de prensa en la que anunció el segundo paro.
Pero muchos trabajadores sostienen que los despidos son increíbles, si se tiene en cuenta que la producción de VW durante 2008 alcanzó cifras récord.
“No entiendo, no se han dejado de producir carros, son menos pero se siguen produciendo, y como sacaron a compañeros nos han recargado el trabajo a los que quedamos, ahora hacemos entre dos las operaciones que hacíamos tres. Yo creo que se agarraron de la situación para ponernos más trabajo”, dice un hombre de 55 años que teme a que lo jubilen anticipadamente.
Su hijo, que tiene dos niños, fue uno de los 800 despedidos y se dedicará a vender jugos.
Al respecto, el investigador Huberto Juárez, uno de los coordinadores del libro El auto global, aclara que “mientras la industria automotriz de Estados Unidos se colapsaba en el último cuatrimestre, nuestra industria automotriz, la llamada terminal, cerró diciembre con buenos resultados, pero todos los pronósticos coinciden en que viene una caída de la demanda que tocará piso, si acaso, en octubre.
“Se juntaron la crisis hipotecaria y la de la industria automotriz, cayó la demanda, y si la gente no tiene ingresos para pagar su casa, menos para comprarse un auto. Así que, aunque México sea más barato para la producción de unidades, no habrá compradores.”

Juárez explica que la crisis alcanzó primero a las maquiladoras de autopartes del norte, principalmente en Juárez, Chihuahua, Piedras Negras, Hermosillo, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, que surten directamente a las fábricas de Estados Unidos. Ahora se prevé que la crisis golpee al sector automotriz mexicano y se extienda a la industria electrónica, para luego afectar a distintas fábricas manufactureras. Hasta que toque fondo.

DE PROCESO: Acoso oficial a periodistas

La Revista proceso de esta semana trata el caso de la Persecucion contra gente de la Revista Contralinea

Acoso oficial a periodistas
GLORIA LETICIA DíAZ
Víctima de acciones judiciales desde que publicó declaraciones de un empresario gasero que dijo haber apoyado con dinero a Felipe Calderón durante su campaña por la Presidencia, la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza vio agravada su situación tras acusar al presidente de la República, a César Nava y a Juan Camilo Mouriño de amenazas, acoso y persecución. El origen de estos últimos hechos, refiere a Proceso, fue la difusión en la revista Contralínea -cuyo director, Miguel Badillo, fue recientemente detenido- de los contratos que Mouriño firmó con Pemex siendo funcionario público.
Gloria Leticia Díaz

El 4 de noviembre de 2008 por la noche, la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza se enteró de la muerte de Juan Camilo Mouriño justamente cuando, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR, era sometida a un examen psicológico en seguimiento a una queja que había presentado contra el secretario de Gobernación.

En entrevista con Proceso, la periodista de la revista Contralínea recuerda que al estar siendo atendida por sus acusaciones de "acoso, amenazas, persecución y represión" en contra de Mouriño, del presidente Felipe Calderón y de César Nava, entre otros funcionarios, la psicóloga encargada de su caso entró a la oficina donde ella permanecía y le soltó: "¡Ya se acabaron sus problemas!".

Ana Lilia, desconcertada, le preguntó a qué se refería, y la psicóloga le comunicó que Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos acababan de morir al desplomarse en la Ciudad de México el avión en que viajaban.

Helada por la noticia, y mientras recordaba que la persecución de que era objeto comenzó al publicar el reportaje en el que revelaba que entre 2001 y 2004 Mouriño firmó contratos con Pemex siendo funcionario público -copia de los cuales ella misma entregó a Andrés Manuel López Obrador-, allí en la Fiscalía Especializada le preguntaron qué sentía.

"No sé qué esperaban que dijera, pero me insistieron tanto que entonces decidí cancelar el procedimiento. Al salir de la PGR, me dirigí a mi domicilio. Advertí mayor vigilancia sobre mi persona, un acoso que comenzó después de que, en febrero de 2008, publicamos en Contralínea información sobre los contratos de Pemex firmados por Mouriño", narra la periodista de 32 años, egresada de la ENEP Aragón, de la UNAM.

Dice que, en cuanto dio a conocer los contratos rubricados por Mouriño, "empecé a recibir llamadas de amenazas de muerte y mi casa comenzó a ser permanentemente vigilada desde autos con vidrios polarizados".

Y cuando López Obrador difundió también esa información, asegura, el gerente de Comunicación Social de Pemex, Carlos Ramírez Fuentes, le adelantó: "les va a costar caro lo que le hicieron a Juan Camilo".

A partir de esa fecha "se agudizó aún más el acoso judicial que en mi contra había iniciado el empresario gasero Jesús Zaragoza López".

Explica que Jesús Zaragoza López, socio mayoritario del consorcio gasero Grupo Zeta -que concentra 72% del mercado nacional-, emprendió una batalla legal en contra de la revista donde labora luego de que ella publicó un par de entrevistas en las que el multimillonario no sólo reconocía su relación con Felipe Calderón desde que éste era secretario de Energía, sino también haberlo apoyado económicamente durante su campaña electoral por la Presidencia de la República.

El gasero Jesús Zaragoza López consideró difamatorias esas publicaciones e inició un juicio por "daño moral".

El influyente empresario ganó en todas las instancias.

Sin embargo, no conforme con este caso, el mayor accionista del Grupo Zeta abrió otras dos acciones judiciales en contra de la empresa editora de la revista Contralínea, de Miguel Badillo -director de la misma- y de Ana Lilia Pérez, a través del juez 13 de lo Civil, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, de Guadalajara, donde "radica el padre de uno de los abogados de Zaragoza, Francisco Cuéllar Ontiveros".

Afirma la periodista que "detrás de la persecución y el acoso, yo creo que está Felipe Calderón, quien tuvo como intermediarios con los gaseros a Juan Camilo Mouriño y a César Nava, pues en las investigaciones que he hecho sobre actos de corrupción en Pemex estos tres nombres siempre salen a relucir. Sospecho que después de que Jesús Zaragoza habló de su relación con Calderón, recibió tal regaño que la emprendió contra nosotros. Él está haciendo el trabajo sucio".

El 12 de septiembre de 2008, Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez y otras dos reporteras denunciaron la violación de sus garantías ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La detención de Badillo

La semana pasada, la reportera de Proceso logró entrevistar a Ana Lilia Pérez luego de que permaneció escondida, lejos de su familia e incomunicada durante tres días, hasta que su abogado, Horacio Gómez Mendieta, consiguió ampararla ante una orden de aprehensión.

Los temores de Ana Lilia de ser detenida se acrecentaron el viernes 16 de enero, fecha en que el director de la revista quincenal, Miguel Badillo, fue arrestado y trasladado por personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, conocido como "El Torito".

En ese sitio, Miguel Badillo permaneció retenido 11 horas, hasta que su abogado consiguió que el juez octavo de Distrito en Materia Civil le otorgara un amparo.
Por la intervención de la PBI, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la revista Contralínea interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

"En mis 30 años como abogado, nunca la PBI ha ejecutado un exhorto judicial. Esas acciones le corresponden a la Policía Judicial", sostiene Gómez Mendieta.

En respuesta a la difusión que tuvo la detención de Badillo en diversos diarios de circulación nacional, el Grupo Zeta mandó publicar -a través de su representante legal, Manuel Fernando Berea Muñoz- un desplegado en el que se acusa a Badillo de hacer del "chantaje una forma de vida", de propalar mentiras y de "servir a intereses inconfesables".

Dicho texto señala que el también director de la revista Fortuna difamó al Grupo Zeta, encabezado por Zaragoza López, y asienta:

"Después de presentarle personalmente a Miguel Badillo y su equipo pruebas de las mentiras publicadas por sus revistas y solicitar aclarar la situación, recibimos a cambio nuevos ataques". A eso se debe, dice, que el consorcio decidiera recurrir a los tribunales.

El caso, prosigue el Grupo Zeta, lo perdió Contralínea, pero Badillo se "niega a publicar las aclaraciones pertinentes que el juez dictaminó, contraviniendo la orden judicial" de reproducir la resolución en las páginas de la revista.
Una "chicana"

Esa orden de arresto fue girada por el juez 49 de lo Civil del Distrito Federal en atención a un exhorto del juez 13 de lo Civil de Jalisco, quien dio entrada a una queja de la empresa Multigas, del Grupo Zeta. Pero ni el abogado Gómez Mendieta ni los inculpados conocen su motivación.

"(El pasado miércoles 21 de enero) cuando fui a revisar el expediente que dio origen a las órdenes de arresto, me enteré de que el 7 de enero el juez 49 lo regresó íntegro a Guadalajara. Así que, en este caso, no tenemos idea de por qué se demanda a mis clientes, de manera que la orden de arresto por desacato era improcedente, porque nunca fueron notificados. Además, la acción del juez es ilegal por territorialidad", aclara.

La orden de arresto por desacato se giró en contra de los periodistas y de una persona de nombre Abraham Rodríguez Ortega. Según el abogado Gómez Mendieta, "no tenemos idea de quién es esta persona, pero pensamos que se trata de una chicana para que se justifique la actuación del juez de Guadalajara".

Para el equipo de Contralínea y su defensa, no es esta la primera actuación "ilegal" del juez 13 de lo Civil de Jalisco, Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, en su contra, pues ya en abril de 2008 dio entrada a una promoción de la empresa Thermogas, también del Grupo Zeta, a "medios preparatorios de juicio ordinario civil en contra de Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V.", la empresa editora de Contralínea.

Por esa intervención judicial, el 5 de agosto de 2008 abogados del Grupo Zeta y personal de PBI, así como del Juzgado 30 de lo Civil que atendió el exhorto del juez Cárdenas Rodríguez, se presentaron en oficinas de la empresa periodística, ubicada en el Distrito Federal, para revisar sus libros contables.
Dicha acción, según la queja que presentaron los periodistas de Contralínea ante la CNDH, se realizó con violencia y con amenazas al personal de la revista.
El abogado defensor explica que el Grupo de Zaragoza López pretendía encontrar en los estados contables de la publicación "supuestos pagos de empresas competidoras del Grupo Zeta que, según ellos, estarían financiando lo que consideran una campaña de desprestigio".

Pero, puntualiza, se proponían "ejecutar una pesquisa que, de acuerdo con el Código de Comercio, artículo 42, es ilegal".

Contralínea buscó en esa ocasión la protección de la justicia federal ante los actos del juez 13 de lo Civil de Jalisco, del juez 30 de lo Civil del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina.

El 14 de noviembre de 2008, el juez cuarto de Distrito de lo Civil otorgó el amparo a Contralínea porque en los informes de los juzgados 13 y 30 el juzgador federal no encontró que antes de la actuación del 5 de agosto se hubiera notificado a Contralínea.

Para el juez federal, los jueces civiles incurrieron en "una violación de la garantía de audiencia del peticionario de amparo (Contralínea), toda vez que nunca fue notificado de manera previa de la tramitación de los medios preparatorios a juicio, cuyo objeto era la revisión y estudio de su documentación contable, situación que incluso fue ordenada en autos y no se cumplió". En el caso de la SSP, la resolución judicial notificó que el juez 30 "giró oficio con el objeto de que interviniera" dicha secretaría en la diligencia del 5 de agosto.

Frente a todo lo anterior, el abogado Horacio Gómez, quien ha defendido a varios periodistas frente a demandas relacionadas con el secreto profesional y de tipo laboral, sostiene que el caso de Contralínea es un "claro ataque a la libertad de expresión y al secreto profesional, pues los demandantes han buscado conocer las fuentes de información de los reporteros".

Comenta que Ana Lilia Pérez enfrenta un juicio sólo por hacer su trabajo, en tanto que la periodista manifiesta que antes del nuevo juicio abierto contra ella, y por el cual estuvo detenido su jefe el pasado 16 de enero, ya veía venir acciones en su contra.

"En días previos al arresto de Miguel Badillo -relata-, advertí mayor vigilancia sobre mi persona. Vehículos con aspecto de patrullas, pintados de rojo, se mantenían en las inmediaciones de mi domicilio y también cerca de la oficina. Fue un hostigamiento muy evidente."

Agrega que el día en que se detuvo a Miguel Badillo, "una persona de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR me insistió que acudiera a las oficinas a rendir una declaración. Eso me pareció muy sospechoso. Tuve la impresión de que querían que saliera de mi oficina para que me detuvieran, y no acudí".

La desconfianza de Ana Lilia Pérez Mendoza se debe a que "nunca me llamaron de la fiscalía para dar seguimiento a mi caso y ni siquiera me han dado copia de la queja que interpuse".

Además, revela, personal de la PGR les ha recomendado que "mejor retiremos la demanda; dicen que nunca va a progresar por el calibre de los demandados, empezando por Felipe Calderón, quien, de acuerdo con lo que nos han dicho, no nos va a perdonar lo que le hicimos a Juan Camilo: haber difundido sus contratos