En dos textos, clasificados como reservados para efectos de la Ley de Transparencia entre uno y 12 años, el gobierno mide los riesgos de la extinción de LyFC
Como parte de los preparativos del golpe fascista en contra del SME, desde el 31 de agosto y 28 de septiembre de 2009, bajo la rúbrica del Subsecretario de Electricidad, Benjamín Contreras Astiazarán, el gobierno de Felipe Calderón preparó dos documentos: un “Informe de la Desincorporación Mediante Extinción del Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, fechado el 28 de septiembre de 2009 y un “Diagnóstico de Luz y Fuerza del Centro”, del 31 de agosto de 2009.
Ambos textos fueron clasificados como reservados entre uno y doce años, en los términos de los artículos 13, fracción primera y 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Llama la atención particularmente el artículo 13, fracción I, de dicha ley que establece: “Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda: comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.”
Los documentos fueron entregados al diputado panista y presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Javier Ramírez Acuña, el martes 13 de octubre a las 15:25 horas, es decir 63 horas después del decreto de extinción, tal vez porque alguien advirtió a Calderón que además de pisotear las facultades de la Cámara de Diputados, estaba faltando a una elemental cortesía.
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