El PRIAN está tratando de pasar “fast track” la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) en el Senado. Con esta ley se hipotecaría el país y los servicios públicos por décadas. Los ganadores serían como siempre los grandes capitales nacionales y extranjeras y los perdedores el pueblo de México.
La LAPP legaliza contratos semejantes a los que se firman con los bancos para pagar, por ejemplo, una casa o un coche. Con estos contratos se paga mucho más cara la deuda que se contrae porque los intereses son más altos en manos de la IP que con el gobierno. Se legalizan para todo tipo de servicios públicos –agua, hospitales, carreteras, escuelas, etcétera—que se construyen y administran por las grandes empresas privadas por un lapso de 30 a 50 años.
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