A tres días de que concluya el plazo para darse de alta en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), un grupo de consumidores busca amparase ante esta inscripción por considerarla inconstitucional.
“Nos estamos amparando ante la violación de garantías constitucionales, como la del efectivo resguardo de las bases de datos que van andar oscilando entre telefónicas, Secretaría de Gobernación y hasta las Procuradurías sin que nadie resulte responsable”, dice a El Economista
Adriana Labardini, cofundadora de Alconsumidor, la asociación ciudadana que está impulsando los amparos.
Aunque la ONG considera importante los esfuerzos para combatir las extorsiones telefónicas, también argumenta que es necesario procurar la seguridad de los usuarios para que sus datos no reciban un mal uso.
Labardini consideró además que con el Renaut podría crearse un mercado negro de celulares, “también vemos que los niños que ya tienen celular podrían ser secuestrados por gente que desee tener aparatos ya registrados”, advierte.
Además, reconoce este registro no es efectivo porque se han conocido varios casos de que se dan da alta aparatos con datos falsos o duplicados.
Destacó que los delincuentes “ahora podrán utilizar otros medios de comunicación como puede ser de computadora a computadora o por radios de comunicación privada”.
Al Consumidor está recibiendo el apoyo del despacho de abogados Von Wobeser y Sierra, el cual elaboró el texto del amparo. De esta forma, los usuarios que deseen ampararse deben presentar este documento ante un juzgado del DF, que es la zona donde se está llevando a cabo el litigio.
“Esperamos que se les otorgue al amparo, el cual busca evitar la inscripción al Renaut así como la suspensión de las líneas de celulares”, agrega Labardini.
Cobrarán sin dar servicio
De acuerdo con la ley promovida por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, serán canceladas las líneas que no están registradas. Sin embargo, el usuario tendrá que seguir pagando por el servicio aún cuando no lo tenga.
Esto “equivale a una confiscación, ya que se te estaría quitando algo de tu propiedad sin ningún tipo de indemnización, lo cual es inconstitucional”, explica Labardini.
De esta forma, las empresas seguirán obteniendo dinero aún sin dar servicio.
“Es un negocio redondo lo que hace el gobierno, ya que al menos hubiera decretado en la ley que una vez desconectada la línea se cancela el contrato y ya no hay nada que pagar. Sin embargo lo que estaría haciendo es una flagrante expropiación de propiedades particulares en una clara violación al Artículo 27 constitucional”, concluye la defensora de los consumidores.
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