domingo, 13 de junio de 2010

Criminales

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, D.F., 11 de junio (apro).- Cuando el agente infiltrado de la DEA, Enrique Kiki Camarena fue asesinado en México, el gobierno de Estados Unidos desató en México una cacería hasta dar con quienes, según la justicia de ese país, fueron los responsables.

Además de una intensa campaña mediática para denigrar a México, el gobierno estadunidense violó todas las reglas para internarse en el territorio nacional, secuestrar a algunos de los alegados asesinos y presentarlos ante una corte federal.

Ahora que agentes de la Patrulla Fronteriza, en hechos distintos, asesinaron de forma artera a dos ciudadanos mexicanos, uno de ellos un menor de 14 años, Felipe Calderón está obligado a requerirle a la administración de Barak Obama la detención con fines de extradición de uno de los criminales, quien asesinó al adolescente dentro del territorio mexicano.

Calderón conoce bien el procedimiento. Solícito como ningún otro presidente, es quien más ciudadanos mexicanos ha entregado a la justicia de Estados Unidos para ser juzgados en ese país.
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