miércoles, 4 de agosto de 2010

Oculta la Corte resolutivo sobre recorte a pensiones

Retira de su página web el engrose de la jurisprudencia 2a/J.85/2010

Versiones de que el texto podría ser modificado por el ministro Valls

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de su página web el engrose que contiene todos los puntos y definiciones relacionadas con la jurisprudencia 2a/J.85/2010, vinculada con la reducción del monto de pensiones en el sistema de jubilación.

De manera inexplicable el máximo tribunal retiró el texto de la jurisprudencia que ha provocado controversia y críticas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. La dirección de comunicación social de la Corte indicó que este miércoles se dará a conocer un pronunciamiento respecto de la resolución por la cual se disminuye de 25 a 10 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal el tope máximo para el pago de pensión a quienes se acojan a la legislación vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Según un comunicado de prensa de la Corte, con fecha 27 de julio, fue el 9 de junio cuando se aprobó la jurisprudencia; sin embargo, en la página web de la institución se menciona que el caso fue resuelto por el ministro Sergio Valls Hernández en 15 días naturales, ya que él recibió el caso el 11 de mayo y para el día 26 del mismo mes supuestamente el pleno de la segunda sala, integrada por cinco ministros, aprobó de manera unánime el dictamen y se estableció lo que se conoce como la jurisprudencia 85/2010.
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El Congreso sí puede revertir el intento de despojo: Castro y Castro

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 3

La jurisprudencia que dictó por contradicción de tesis la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tasa las pensiones con un límite de 10 salarios mínimos, es susceptible de ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo; pero la forma más efectiva de retrotraer ese criterio consiste en que el Poder Legislativo reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El doctor Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expuso a La Jornada la condición jurídica de la decisión adoptada por la SCJN.

"Quiero defender al tribunal que tanto me ha honrado, de malas interpretaciones que llegan hasta la injuria sobre los propósitos y la ética de sus ministros. Todo ello es producto de una simple manera de contemplar las funciones de nuestros más altos jueces, atribuyéndoles una indecorosa venta de votos o de conciencias."
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Preteden afrontar la crisis del IMSS con los recursos destinados a jubilaciones, sostienen abogados laboralistas

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 4

Los trabajadores asegurados cuyos salarios mensuales oscilen entre 11 mil y 40 mil pesos pueden terminar pagando, junto con las empresas para las que laboran, el costo de una posible reducción en el cálculo para el pago de las pensiones, en caso de que así lo decida el consejo consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señalaron abogados expertos en materia de seguridad social consultados por La Jornada.

El laboralista José Carlos García, del despacho de Consejeros y Auditores en Seguridad Social, señaló que la posible modificación en el cálculo de las pensiones a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una salida que pretende obtener recursos para afrontar la crisis financiera del IMSS, pero es "inconveniente, preocupante y francamente indignante".

Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y especialista en derecho del trabajo, sostuvo que en el caso de las pensiones no se puede trastocar un derecho constitucional adquirido por los trabajadores. Agregó que la jurisprudencia de la Corte, que borra derechos en materia de pensiones de un millón 200 mil trabajadores que cotizan al IMSS, "es ilegal porque se sustentó en el artículo 33 de la Ley del Seguro Social" que fue derogado en 1997.
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En 1995, el gobierno aceptó cargar las pensiones al erario; hoy le pesa pagar

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 5

Desde 1995 se sabía que el costo de la transición entre la antigua Ley del Seguro Social y la que entró en vigor el 1º de julio de 1997 tendría un costo para el erario, equivalente a uno por ciento del producto interno bruto (PIB) durante por lo menos 25 años. Este fue uno de los grandes temas del debate sobre la reforma a dicho ordenamiento, señaló Asa Cristina Laurell, investigadora de la seguridad social.

Sin embargo, comentó, "el gobierno federal no hizo caso y decidió cargar dicho costo al erario", y es ahora, en el momento en que "seguramente aumentaron las solicitudes para el retiro de personas que cubren los requisitos de la ley de 1973, cuando al gobierno federal le pesa pagarles lo que les corresponde".
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Si gana jurisprudencia, regresen cotizaciones: IMEF

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 5

De aplicarse la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tema de las pensiones, el gobierno federal se vería obligado a devolver alrededor de 100 mil millones de pesos al millón 200 mil trabajadores que han cotizado más de 10 salarios mínimos, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Gustavo Rodarte, explicó que la medida desatará una oleada de demandas de los afectados para que se les devuelva lo que aportaron luego de exceder los 10 salarios mínimos.

Lo anterior "representaría un descalabro que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene capacidad de sufragar y que la Secretaría de Hacienda tendría que subsanar", indicó.
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La agresión que no se vio

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 13

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) circuló ayer una nota del director de Comunicación Social de esta dependencia, Raúl Reynoso, en la que afirma que "integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), enviados por Martín Esparza, apedrearon el vehículo en el que viajaba el secretario Javier Lozano Alarcón", al salir de las instalaciones del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad.

Enseguida, el funcionario dio varias entrevistas en las que calificó el hecho –descrito por él mismo– como injusto porque ya existe una mesa de diálogo con el SME, en la Secretaría de Gobernación. Más tarde, en su cuenta de la red Twitter advirtió: "Estamos convocados para el jueves. Lo primero que haré es manifestar mi inconformidad con lo ocurrido. Es inaceptable".

Sin embargo, los reporteros que cubrieron la entrega del Premio Nacional del Trabajo 2009 no pudieron constatar la supuesta agresión porque, junto con funcionarios y otros invitados al acto, debieron permanecer dentro del museo en tanto se ordenaba la apertura de puertas, que para ese momento ya eran custodiadas por policías federales.
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Se daría nuevo empleo a integrantes del SME; nada de patrón sustituto: Lozano

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 13

El secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, minimizó las fallas en el suministro de energía eléctrica en la zona central del país y, en cambio, dijo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha operado la zona con "éxito, responsabilidad y profesionalismo".

El funcionario reiteró que no procede la demanda del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) respecto de una contratación colectiva en CFE o el ingreso a esta empresa pública con base en la figura de patrón sustituto.

La próxima sesión de la mesa de diálogo entre el SME y el gobierno está programada para mañana por la tarde. En este encuentro, aseveró el secretario Lozano, hay absoluta coordinación entre los funcionarios federales.
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Descubren megafraude en Fovissste por más de $570 millones; investigan a 117 personas

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 14

La Secretaría de la Función Pública (SFP) puso al descubierto una red de corrupción que otorgó al menos 4 mil 500 créditos hipotecarios presuntamente irregulares a derechohabientes del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), y que implican un fraude superior a los 570 millones de pesos.

El titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, detalló que en dicha red participaron empleados de las sociedades financieras denominadas Sofoles, servidores públicos del Fovissste y los beneficiarios de los créditos.
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Los panistas no saben gobernar, son ineptos y arrogantes: obispo Abelardo Alvarado

El Presidente está solo y su discurso perdió credibilidad, escribe en la página del CCM

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 15

Abelardo Alvarado Alcántara, obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de México, aseguró que muchos de los problemas actuales del país se deben a que "los panistas no saben gobernar" y "su inexperiencia, ineptitud y arrogancia los han llevado a cometer muchos errores".

En una nueva sección de la página de Internet del Centro Católico Multimedial (CCM) denominada La columna del obispo, el jerarca sostiene que no por nada diversos analistas políticos consideran que los 10 años de gobiernos panistas son la "nueva decena trágica", ya que "han sido un fracaso y han desilusionado a todos los que en su momento votaron en su favor con la esperanza de un cambio que no ha llegado".
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Astillero
  • Ejes del mal
  • Diálogos SOS
  • Juegos pinoleros
  • Sepelio controlado
Julio Hernández López

Calderón ya no tiene la fuerza política suficiente para sostener una guerra contra el narcotráfico que ha fracasado, y ahora pretende reacomodar sus tesis bélicas originales mediante diálogos selectivos. Con la idea de distribuir responsabilidades democráticamente entre una sociedad a la que no tomó en cuenta para declarar hostilidades irreflexivas y faltas de estrategia, ni ha escuchado a lo largo de casi cuatro años de horror, el comandante en jefe del combate sesgado al mercadeo de drogas se transforma en escucha y polemista, en anfitrión de ideas ajenas y ejecutor de decisiones muy suyas, en cuidadoso analista de las causas de la desgracia nacional que no atina a adjudicarse a sí mismo sino que ahora pretende repartir mediante aperturas al debate que transcurren modosas mientras la violencia y el descontrol siguen extendiéndose por todo el país
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Dinero
  • Tema para entretenernos: legalizar las drogas
  • BlakBerry presenta su modelo Torch
  • ¿No que no? Rebaja de pensión en el IMSS
Enrique Galván Ochoa

Un referendo que tendrá lugar en California el próximo 2 de noviembre decidirá si se legaliza la producción, el comercio y el consumo de pequeñas cantidades de mariguana –no se incluyen otras drogas, como cocaína o heroína. Si el voto es favorable a los promotores, las personas mayores de 21 años podrán poseer hasta 29 gramos para su uso personal. El consumo no estará permitido en lugares públicos, sólo en el interior de sus domicilios o fumadores que se establezcan para ese fin. También se permitirá cultivarla en casa, pero en un espacio no mayor a 2.5 metros cuadrados. California tiene un déficit presupuestal enorme y los impuestos que generaría la industria alcanzarían la cifra de 1.4 mil millones de dólares anuales. Es interesante examinar lo que sucede en California, porque ayer volvió a plantearse el tema de la legalización de las drogas en México.
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México SA

Mexicana: mentiras públicas, acciones privadas
Oneroso circuito estatización-reprivatización
IMSS debe regresar $100 mil millones

Carlos Fernández-Vega

Manuel Borja Chico, director general de Mexicana de Aviación, aseguraba en su conferencia de prensa del pasado 2 de agosto que "antes de solicitar el concurso mercantil agotaremos otras posibilidades de negociación con nuestros acreedores", pero tan honesto fue su compromiso que mientras eso afirmaba ante los medios de comunicación, los sigilosos abogados de la aerolínea presentaban tal solicitud ante un juzgado de distrito del Distrito Federal, y menos de 24 horas después hacían lo propio en una corte de Nueva York, con lo que el representante de Gastón Azcárraga Andrade y socios descaradamente mintió y, de paso, violó el acuerdo de los accionistas de tal consorcio (tomada en asamblea del 30 de julio), de que seguirían la referida ruta sólo después del 9 de agosto, y agotadas las posibilidades llegar a un acuerdo con la parte sindical.
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Centralidad política de AMLO

Luis Linares Zapata

El acto de masas del domingo 25 de julio en el Zócalo irrumpió en el panorama nacional como un fogonazo político de gran alcance. Sus emanaciones, aun a la distancia, todavía se huelen, giran, se depuran y evolucionan entre los habitantes del país. Sin duda, llegaron hasta las oficinas, los medios y el análisis de los centros de poder mundial, y éstos comenzaron a girar sus anteojos con nuevo cristal. No fue una concentración como otras tantas de similar factura. Fue la intensa calidad de los pronunciamientos la que multiplicó los ecos de esa reunión de alebrestados ciudadanos. La cadena de repercusiones siguió de inmediato y trastocó la, hasta ese día, tendencia al bipartidismo conducido desde arriba. La opción que dejó asentada en muchas de las mentes, deseosas de emprender una aventura de cambio con talla histórica, sacudió, hasta los cimientos, el entramado vigente de la derecha. Fue, ciertamente, la presentación, con todo el rigor de un acontecimiento significativo para el futuro nacional, de un movimiento que aspira a la transformación de este México injusto y apaleado.

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Emplazamiento al Presidente de Estados Unidos

Fidel Castro Ruz

Hace varios días se publicó un artículo que contenía realmente muchos hechos relacionados con el derrame petrolero que tuvo lugar hace 105 días.

El Presidente Obama había autorizado dicha perforación confiando en la capacidad de la tecnología moderna para la producción de petróleo, que él deseaba disponer en abundancia y liberar a Estados Unidos de la dependencia de los suministros exteriores de ese vital producto para la civilización actual. Su excesivo consumo ya había suscitado la protesta enérgica de los ambientalistas.

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Fracaso del Seguro Popular y un nuevo paso en la reforma privatizadora

Asa Cristina Laurell

Recientemente apareció un artículo de Laskin en la revista Journal Health Politics, Policy and Law (35: 3, 2010) que argumenta que el Seguro Popular (SP) está fracasando debido a que las familias afiliadas y de los estados se niegan a pagar lo que les corresponde por ley, mientras la federación está cumpliendo con sus pagos. Señala además que en la realidad muchos afiliados no tienen acceso a los servicios prometidos por el SP.

Ambos problemas han sido señalados reiteradamente en México por la Auditoría Superior de la Federación, en las evaluaciones del programa y por varios articulistas, incluyéndome. Sin embargo, es falsa la afirmación de Laskin de que el gobierno federal cumple. En un cálculo hipotético suma los fondos transferidos a los estados por el SP y los fondos federales regulares de salud para los estados. Es una falacia porque los fondos regulares corresponden a toda la población sin seguridad social y a las actividades de salud pública realizadas por los estados.

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