Lo que está en juego es la entrega a los consorcios eléctricos transnacionales del servicio eléctrico para 22 millones de personas
Mauricio Macossay Vallado
El sábado 10 de octubre de 2009 al filo de la medianoche, el gobierno calderonista tomó por asalto, con miles de policías federales y militares, las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro y decretó su extinción, tratando de extinguir al Sindicato Mexicano de Electricistas, una legítima y fuerte organización gremial especialmente combativa, que se opone a la privatización de la industria eléctrica y de la red pública de fibra óptica asociada con el servicio eléctrico. Fue un asalto ilegal y anticonstitucional en toda la línea.
44 mil trabajadores fueron despedidos. 16 mil 300 continúan resistiendo, exigiendo sus derechos laborales y sindicales y defendiendo la constitución, oponiéndose a las intenciones privatizadoras del gobierno.
Lo que está en juego es la entrega a los consorcios eléctricos transnacionales del servicio eléctrico para 22 millones de personas en todo el DF, casi todo el estado de México e Hidalgo y partes de Morelos y Puebla. Un servicio con un valor anual de 55 mil millones de pesos. El argumento calderonista de que Luz y Fuerza del Centro resultaba muy cara e ineficiente es por decir lo menos, exagerado y falso. El SME y analistas lo han demostrado ampliamente, denunciando que el objetivo real es profundizar la privatización.
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44 mil trabajadores fueron despedidos. 16 mil 300 continúan resistiendo, exigiendo sus derechos laborales y sindicales y defendiendo la constitución, oponiéndose a las intenciones privatizadoras del gobierno.
Lo que está en juego es la entrega a los consorcios eléctricos transnacionales del servicio eléctrico para 22 millones de personas en todo el DF, casi todo el estado de México e Hidalgo y partes de Morelos y Puebla. Un servicio con un valor anual de 55 mil millones de pesos. El argumento calderonista de que Luz y Fuerza del Centro resultaba muy cara e ineficiente es por decir lo menos, exagerado y falso. El SME y analistas lo han demostrado ampliamente, denunciando que el objetivo real es profundizar la privatización.
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