Los sueldos y prestaciones de los consejeros del Instituto Federal Electoral rebasan en 16 por ciento el salario del presidente de la República. Además, informes oficiales revelan que cada uno de los nueve consejeros cuenta con un “amplio” equipo de asesores, que significan un gasto de más de 4.6 millones de pesos mensuales. Es una administración “obesa” y “despilfarradora”, amparada por la “autonomía” de la institución, critican expertos. Las nóminas de la cúpula del Instituto desacatarían un decreto presidencial
Árbitro de la democracia mexicana, el Instituto Federal Electoral (IFE) rebasa el tope salarial impuesto por un decreto de la Presidencia de la República. Cada uno de los nueve consejeros electorales obtiene 40 mil pesos mensuales más en sueldos y prestaciones de lo que percibe Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Los montos asignados a los funcionarios que integran el máximo grupo jerárquico del IFE, así como a sus subordinados, son avalados por la misma autoridad electoral. Esta facultad está amparada por la autonomía del Instituto encargado de brindar certeza, legalidad y certidumbre en los procesos electorales.
Sin embargo, estas disposiciones administrativas se oponen a la reforma constitucional del artículo 127 –del 22 de julio de 2009–, que ordena que “ningún” servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
En 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) criticó que, en algunos cargos de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos autónomos, se opera con “opacidad y un exceso de discrecionalidad” la asignación de sueldos y salarios. Esto, ante la carencia de un tabulador universal.
Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), señala que, en el IFE, “hay una falta de austeridad que se refleja de muchas maneras. Es un órgano obeso al que hay que quitarle grasa para que su presupuesto tenga límites de racionalidad”.
Leer mas...AQUI
Los montos asignados a los funcionarios que integran el máximo grupo jerárquico del IFE, así como a sus subordinados, son avalados por la misma autoridad electoral. Esta facultad está amparada por la autonomía del Instituto encargado de brindar certeza, legalidad y certidumbre en los procesos electorales.
Sin embargo, estas disposiciones administrativas se oponen a la reforma constitucional del artículo 127 –del 22 de julio de 2009–, que ordena que “ningún” servidor público puede recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
En 2009, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) criticó que, en algunos cargos de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los organismos autónomos, se opera con “opacidad y un exceso de discrecionalidad” la asignación de sueldos y salarios. Esto, ante la carencia de un tabulador universal.
Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), señala que, en el IFE, “hay una falta de austeridad que se refleja de muchas maneras. Es un órgano obeso al que hay que quitarle grasa para que su presupuesto tenga límites de racionalidad”.