MÉXICO D.F., 3 de febrero (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) envió al Comité de los Derechos del Niño de la ONU información sobre las afectaciones físicas y emocionales que presentan 60 de niños --31 de ellos murieron—durante el incendio registrado en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 6 de junio de 2009.
Además, el organismo civil hizo llegar al Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, información actualizada acerca de los recientes hechos de hostigamiento judicial en contra de periodistas de la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo. Según el Centro Pro, ese tipo de actitudes constituyen un ataque a la libertad de expresión.
Luis Arriaga Valenzuela, director de Prodh, presentó el pasado 2 de febrero, en el Palacio Wilson de Ginebra, un documento en el que detalla las secuelas físicas y emocionales que presentan los menores sobrevivientes del incendio en la guardería sonorense, cuyo caso, por cierto, tiene en prisión a siete personas.
El informe destaca también que se violaron los derechos humanos de los padres y madres asegurados, quienes pensaban que la guardería contaba con las condiciones mínimas de seguridad, ya que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) satisfacer sus necesidades por estar bajo el esquema de subrogación a particulares.
Además argumenta que, en las mil 480 estancias infantiles que operan bajo el mismo régimen legal, conocido como “vecinal comunitario”, se ha privilegiado el lucro de un servicio que debería satisfacer los derechos de los niños y niñas bajo su custodia.
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Además, el organismo civil hizo llegar al Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, información actualizada acerca de los recientes hechos de hostigamiento judicial en contra de periodistas de la revista Contralínea, que dirige Miguel Badillo. Según el Centro Pro, ese tipo de actitudes constituyen un ataque a la libertad de expresión.
Luis Arriaga Valenzuela, director de Prodh, presentó el pasado 2 de febrero, en el Palacio Wilson de Ginebra, un documento en el que detalla las secuelas físicas y emocionales que presentan los menores sobrevivientes del incendio en la guardería sonorense, cuyo caso, por cierto, tiene en prisión a siete personas.
El informe destaca también que se violaron los derechos humanos de los padres y madres asegurados, quienes pensaban que la guardería contaba con las condiciones mínimas de seguridad, ya que corresponde al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) satisfacer sus necesidades por estar bajo el esquema de subrogación a particulares.
Además argumenta que, en las mil 480 estancias infantiles que operan bajo el mismo régimen legal, conocido como “vecinal comunitario”, se ha privilegiado el lucro de un servicio que debería satisfacer los derechos de los niños y niñas bajo su custodia.
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