Televisa-Calderón: complicidades para la censura previa

Álvaro Cepeda Neri

Finalmente, la petición de Calderón a los medios de comunicación ?para seguir manipulando la información en algunos de ellos y de una vez por todas implantar la previa censura? prendió como una peste de complicidades de Televisa-Azcárraga y TV-Azteca-Salinas Pliego con cientos que decidieron sumarse al acuerdo para la cobertura informativa de la violencia. Entrados en gastos neofascistas, los que suscribieron la inquisición empresarial contra las libertades constitucionales ?es decir, jurídica y políticamente establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? dieron un paso atrás en la defensa de esa conquista democrática y republicana para, servilmente, seguir aprovechándose de los intereses creados entre el duopolio televisivo, sus radiodifusoras, el Grupo Radio Centro (cuyos propietarios contribuyen con padresnuestros convocados por medio de sus frecuencias) y algunos medios impresos.

Sus 10 mandamientos (con instinto religioso del neofundamentalismo panista, sus vínculos con la agrupación tribal de El Yunque y la cada vez más desdibujada separación de las iglesias y el Estado) son una cruzada contra el ejercicio de las máximas libertades para informar, difundir, publicar y criticar sin ninguna censura previa. Calderón una y otra vez, machacona y públicamente lo exigió, para el desbocado cumplimiento de su razón de Estado militar, en cuyo nombre se enmascaran los postulados autocráticos favorables al príncipe (el Estado soy yo: Calderón) y sus secuaces.

Los que han suscrito ese acuerdo se pusieron la soga al cuello, proclamando la autocensura previa, tratando ingenuamente de tapar el sol con un dedo. Y si sólo ellos y sus ideólogos (los Aguilar Camín, los Carreño Carlón, etcétera) estuvieran involucrados, jamás alzaríamos la voz quienes rechazamos el amordazamiento de la libertad de expresión y libertad de prensa. Pero ese poder mediático y su maridaje con el poder presidencial son una amenaza antidemocrática, anticonstitucional y antirrepublicana, cuando la nación, más que nunca –desde Victoriano Huerta y Díaz Ordaz–, necesita plena información sobre las crisis de inseguridad, económica (desempleo, abandono del campo, encarecimiento de alimentos y medicinas, etcétera) y social por el creciente empobrecimiento y abandono de millones de jóvenes a los que un desgobernador deschavetado y maligno quiere imponer la leva militar.

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